Arts. 18–20 — Régimen Penal Tributario Denuncia, filtros de no denuncia y doble vía fiscal-penal

La ley toma como hito que se haya dictado la determinación de oficio o resuelto en sede administrativa la impugnación previsional y agrega expresamente que la denuncia procede aun cuando esos actos estén recurridos. Exigir firmeza administrativa como condición general para denunciar contradice el texto.

Cuando por la naturaleza del caso no corresponde determinar administrativamente una deuda, el segundo párrafo prevé otra secuencia: formación de la convicción administrativa sobre la presunta comisión del ilícito y denuncia inmediata. En ambos escenarios debe mediar decisión fundada del servicio jurídico competente.

En defensa conviene separar tres planos que pueden encontrarse en etapas distintas: existencia y cuantificación de la deuda, suficiencia de la evidencia penal y regularidad de la decisión administrativa de denunciar.

Si la denuncia fue formulada por un tercero, el juez remite los antecedentes para que el organismo recaudador inicie inmediatamente verificación y determinación. El art. 18 fija ciento veinte (120) días hábiles administrativos para emitir el acto del primer párrafo y permite expresamente prorrogar ese plazo a requerimiento fundado del organismo.

La norma no dice que el mero vencimiento extinga la acción penal ni crea una caducidad fatal. El control útil es documental: fecha de remisión judicial, comienzo de la fiscalización, eventual pedido de prórroga, fundamento, fecha de emisión del acto y consecuencias que cada parte pretenda extraer en el expediente concreto.

El primer supuesto exige que surja de manera manifiesta que no se verificó la conducta punible. La ley contempla expresamente que el perjuicio fiscal pueda obedecer a diferencias de criterio sobre interpretación normativa o a aspectos técnico-contables de liquidación.

Exclusivamente para esa evaluación puede ponderarse la relación entre la obligación presuntamente evadida y la obligación tributaria total del mismo período. La proporción es un dato contextual: no sustituye el análisis del ardid ni convierte por sí sola una diferencia grande o pequeña en delito o atipicidad.

La prueba contemporánea al criterio —papeles de trabajo, informes tributarios, consultas y comunicaciones— suele ser más útil que una justificación construida después del conflicto.

El inciso b comprende expresamente obligaciones tributarias o previsionales. Su presupuesto es acumulativo: que el ajuste resulte exclusivamente de presunciones de las leyes de procedimiento y que no existan otros elementos de prueba conducentes a comprobar el supuesto ilícito.

Por eso la palabra operativa es “exclusivo”. Si aparecen registros bancarios, documentación, comunicaciones, facturación, pericias u otros elementos independientes, hay que determinar si son realmente conducentes y qué hecho penal permiten inferir; no basta con rotular el ajuste como “presunto”.

La regla legal 2026 es autosuficiente. La línea de Mazza sirve como antecedente sancionatorio sobre el límite de trasladar presunciones determinativas al terreno del ilícito doloso, pero no reemplaza el texto actual del art. 19.b.

El inciso c exige una exteriorización fundada y debidamente justificada del criterio interpretativo o técnico-contable utilizado, mediante presentación formal ante el organismo recaudador, anterior o simultánea a la declaración jurada. Además, el criterio no puede ser un medio orientado a tergiversar la base imponible.

Una explicación preparada después de notificada la fiscalización no satisface esa secuencia temporal. Tampoco debe confundirse esta regla de no denuncia con pago, regularización o extinción de una causa ya iniciada.

Alcance previsional: el inciso c habla de “obligación tributaria”, mientras que el inciso b nombra de modo expreso las obligaciones “tributarias o previsionales”. Doctrina profesional publicada en 2026 lee esa diferencia como exclusión de recursos de la seguridad social. La ficha la conserva como cuestión textual y doctrinal: al corte de esta revisión no se localizó jurisprudencia suficiente que permita presentarla como solución judicial consolidada.

El inciso d atiende a una fecha objetiva: la declaración jurada original o rectificativa debe presentarse antes de que exista notificación de inicio de fiscalización respecto del tributo y período fiscal a los que se refiere.

El texto no agrega como requisito el pago de la obligación. La deuda puede seguir siendo determinada y ejecutada por la vía fiscal conforme al art. 20. Por eso este supuesto no debe confundirse con los mecanismos del art. 16.

También aquí aparece el problema de alcance previsional: el legislador usó “tributo y período fiscal” y no reprodujo la referencia expresa a obligaciones previsionales del inciso b. La tesis restrictiva tiene apoyo literal y doctrinal, pero no debe presentarse como una cuestión jurisprudencialmente cerrada.

El último párrafo del art. 19 exige expresamente, para los supuestos de los incisos a) y b), decisión fundada, dictamen del servicio jurídico, funcionario con competencia asignada y procedimiento de contralor reglamentario. La norma no reproduce esa misma fórmula para c) y d).

La Disposición AFIP 192/2018 continúa publicada oficialmente como procedimiento interno. Su Título II fue sustituido en 2021 por la Disposición 53/2021 y nuevamente en 2023 por la Disposición 85/2023; el texto vigente prevé informe circunstanciado, informes técnico/fiscal y circuito jurídico-jerárquico para la no formulación de denuncia.

Ese procedimiento administrativo es anterior a la incorporación de los nuevos incisos c) y d) por Ley 27.799. Por eso debe leerse subordinado a la ley vigente y a las instrucciones administrativas posteriores que resulten aplicables: que el art. 19 sólo imponga expresamente aquellos recaudos a a) y b) no autoriza a inventar una exigencia legal equivalente para c) y d), ni tampoco a afirmar sin fuente que éstos carezcan de toda tramitación interna.

La denuncia penal no suspende ni impide determinación, ejecución ni los recursos administrativos, contencioso-administrativos o judiciales relativos a la deuda. La existencia de una causa penal, por sí sola, no congela el crédito fiscal.

La secuencia sancionatoria es distinta. El segundo párrafo ordena abstenerse de aplicar sanciones hasta que se dicte sentencia definitiva en sede penal; el tercero dispone que, una vez firme la sentencia penal y comunicada al organismo, la administración aplique las sanciones correspondientes sin alterar las declaraciones de hechos judiciales.

El art. 17 —referencia normativa, sin ficha propia en esta etapa— mantiene que las penas del RPT se imponen sin perjuicio de las sanciones administrativas. El art. 20 organiza el tránsito entre ambas vías; no convierte deuda, infracción administrativa y delito en una sola cuestión.

El art. 20 impide que, al aplicar luego las sanciones administrativas, la autoridad altere las declaraciones de hechos contenidas en la sentencia penal firme. No dice que toda cuestión jurídica tributaria quede absorbida por el proceso penal.

Ansonnaud aporta una regla general de cosa juzgada: para fijar sus límites se atiende primordialmente a la parte dispositiva, pero puede ser imprescindible acudir a fundamentos y motivaciones porque la sentencia constituye una unidad lógico-jurídica. En ese caso la Corte revocó una decisión que había desconocido el alcance de una sentencia firme previa.

Límite de uso: Ansonnaud no es una interpretación directa del art. 20 del RPT. Se lo utiliza como precedente transversal para evitar que dos sedes estatales asignen conclusiones incompatibles a hechos ya fijados con autoridad de cosa juzgada.

• Origen: fiscalización propia o denuncia de tercero.
• Art. 18: acto determinativo o resolución previsional, recurso pendiente y decisión del servicio jurídico.
• 120 días: fecha inicial, eventual prórroga fundada y fecha del acto.
• Art. 19.a: controversia interpretativa/técnico-contable y documentación contemporánea.
• Art. 19.b: separar presunciones de toda evidencia independiente y comprobar su conducencia.
• Art. 19.c: presentación formal, fundamento y fecha frente a la DDJJ.
• Art. 19.d: fecha de DDJJ o rectificativa frente a la notificación de fiscalización.
• Art. 20: llevar por separado deuda, recursos, causa penal y sanciones.
• Sentencia firme: individualizar con precisión qué declaraciones de hechos quedaron fijadas.