Arts. 21–24 — Régimen Penal Tributario Medidas urgentes, competencia, querella fiscal y adhesión local

La norma parte de la existencia de motivos para presumir que en un lugar hay elementos probablemente vinculados con alguno de los delitos del RPT. A partir de allí, el organismo recaudador puede acudir al juez penal competente para pedir las medidas urgentes o autorizaciones necesarias para obtener y resguardar esos elementos.

El artículo no enumera un catálogo cerrado de diligencias ni rebaja las exigencias propias de cada injerencia. Si la medida concreta afecta domicilio, comunicaciones, dispositivos o información protegida, deben controlarse además los presupuestos constitucionales y procesales que correspondan. La resolución judicial y su ejecución deben analizarse según el objeto, alcance y fundamento efectivamente autorizados.

Cuando la diligencia es encomendada, el organismo recaudador actúa como auxiliar de la justicia y junto con el organismo de seguridad competente. Esa fórmula no convierte las facultades administrativas de fiscalización en un título general de coerción penal.

En una medida sobre evidencia digital conviene separar lo que manda literalmente el RPT de las exigencias probatorias y procesales de la diligencia concreta. La identificación de dispositivos o cuentas, el alcance temporal y material de la búsqueda, la preservación forense, las copias de trabajo, los hashes, la cadena de custodia y la segregación de información ajena o eventualmente amparada por secreto profesional son controles relevantes para autenticidad, integridad, proporcionalidad y contradicción.

No son requisitos textuales que el art. 21 enumere uno por uno. Su necesidad y forma dependen de la orden judicial, del código procesal aplicable, de la naturaleza de la evidencia y de las garantías comprometidas.

El último párrafo del art. 21 dispone que los planteos judiciales respecto de las medidas de urgencia o autorizaciones no suspenden el curso de los procedimientos administrativos que pudieren corresponder para determinar obligaciones tributarias o recursos de la seguridad social.

La regla es de continuidad procedimental: permite que la discusión judicial sobre la medida y la determinación administrativa avancen por carriles diferentes. No resuelve, por sí sola, la validez probatoria de un elemento cuestionado ni autoriza a trasladar automáticamente una eventual nulidad de un ámbito al otro.

Para tributos nacionales, el art. 22 asigna la aplicación del RPT en CABA a la justicia nacional en lo penal económico y, en las restantes jurisdicciones del país, a la justicia federal. Para tributos locales, remite a los respectivos jueces provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ese reparto material no elimina cuestiones ulteriores. Maniobras desplegadas en varios lugares, sistemas operados desde otra jurisdicción, pluralidad de hechos o delitos conexos pueden abrir discusiones territoriales o de conexidad que deben resolverse con las reglas procesales aplicables.

“D. N., S.A.” muestra precisamente esa diferencia: la regla material del art. 22 apuntaba al fuero penal económico para el supuesto RPT en CABA, pero la contienda concreta estaba trabada entre otros dos juzgados y la Cámara debió resolver primero esa configuración procesal.

El verbo legal es “podrá”: el organismo recaudador está facultado para asumir la función de querellante particular, pero el art. 23 no lo obliga a hacerlo en toda causa. La intervención se ejerce a través de funcionarios designados y sus facultades concretas dependen del régimen procesal aplicable.

En el orden nacional, el Decreto 953/2024 disolvió AFIP, creó ARCA y transfirió recursos, derechos, obligaciones, responsabilidades, competencias y funciones, estableciendo a ARCA como continuadora jurídica. Por eso, las referencias históricas a AFIP en jurisprudencia y normas deben leerse hoy con esa sucesión institucional.

La querella fiscal no sustituye al Ministerio Público Fiscal ni fusiona ambos roles. La jurisprudencia histórica admite, en contextos concretos, legitimación del Fisco incluso frente a un delito común estrechamente instrumental a la afectación tributaria; esa conclusión no equivale a una habilitación ilimitada para cualquier delito conexo.

La norma dice “Invítese” y el objeto de la invitación es el régimen procesal previsto en el Título V. No es una declaración de adhesión automática de todas las provincias y CABA, ni una adhesión sustantiva a todo el Régimen Penal Tributario.

En una causa relativa a tributos locales debe verificarse la legislación de adhesión, el código procesal, la organización judicial y las reglas vigentes de la jurisdicción concreta. Dos provincias pueden aplicar las mismas figuras sustantivas y, sin embargo, tramitar investigación, querella, medidas y recursos bajo arquitecturas procesales diferentes.