Código Penal Argentino Artículos 71 a 73

La cláusula inicial del art. 71 reconoce que el proceso penal argentino ya no funciona sobre el dogma de perseguirlo todo a cualquier costo. La disponibilidad de la acción pública permite administrar estratégicamente la conflictividad, enlazando el artículo con las causales de extinción del art. 59 y con la lógica acusatoria del CPPF.

Ahí aparece una tensión de fondo que conviene nombrar: el principio de legalidad procesal, que históricamente empujó al Ministerio Público a perseguir todo hecho conocido, frente al principio de oportunidad reglada, que admite priorización, selección y salidas alternativas bajo reglas legales. El art. 71 ya no responde a un modelo de oficiosidad ciega, pero tampoco habilita una disponibilidad enteramente discrecional.

Pero esa disponibilidad no es una licencia para archivar por intuición. Está condicionada por la ley procesal, por el control judicial de legalidad y por límites fuertes de política criminal: violencia de género, corrupción pública, criminalidad organizada o supuestos donde el interés estatal impone sostener la persecución. En otras palabras: el fiscal deja de ser un autómata acusador, pero no se convierte en un dueño irrestricto del expediente.

El régimen de acción no es una cuestión ornamental. Define quién puede iniciar el proceso, quién lo puede sostener y qué margen existe para cerrar el conflicto por acuerdos, renuncia, conciliación o conversión. Para la defensa, esto ordena la estrategia desde el primer día; para la querella, marca si el caso depende de un impulso inicial, de una querella autónoma o de la actuación oficial del MPF.

Por eso los arts. 71 a 73 tienen un valor práctico enorme: muchas discusiones procesales que parecen “de forma” en realidad son discusiones de poder sobre el control del caso.

La reforma de 2018 cambió por completo el tratamiento del abuso sexual infantil. El viejo esquema, que hacía depender la persecución de la iniciativa del entorno adulto, generaba un riesgo estructural de silencio, encubrimiento o bloqueo familiar. La ley 27.455 desplazó ese obstáculo y ordenó proceder de oficio cuando la víctima es menor de 18 años o ha sido declarada incapaz.

El cambio responde a una lógica de protección reforzada: el interés superior del niño y la tutela de la indemnidad sexual pasan por encima del viejo argumento del “estrépito del proceso”. En la práctica, eso habilita la actuación estatal aun cuando el círculo familiar no impulse la denuncia o incluso la resista.

En las lesiones leves, el legislador parte de la idea de que muchos conflictos pueden quedar en el terreno interpersonal. Pero agrega una válvula decisiva: cuando median razones de seguridad o interés público, el Estado procede de oficio. Ahí entran supuestos donde el hecho trasciende la esfera puramente privada y afecta a la comunidad o a una política pública de protección reforzada.

La discusión aparece con mucha fuerza en hechos de tránsito de gravedad potencial, violencia institucional y, sobre todo, en contextos de violencia de género. La práctica judicial argentina ha tendido a leer estos contextos como materia de interés público; al mismo tiempo, esa línea convive con debates serios sobre autonomía de la víctima y riesgos de revictimización estatal. La clave estratégica es no tratar el inciso b) como una fórmula vacía: su uso cambia por completo el control del caso.

Además, en muchos expedientes las lesiones leves no llegan solas: se presentan junto con amenazas, coacciones, daños u otras figuras de acción pública. Ahí la discusión ya no pasa solo por si la víctima instó o no el caso, sino por cómo se articula el tramo dependiente de instancia privada con un bloque imputativo que el Estado puede perseguir de oficio.

El inciso c) evita un contrasentido evidente: que la decisión de instar la acción quede en manos de quien precisamente aparece como agresor, encubridor o representante jurídicamente desalineado con el menor. Si no hay representación adecuada o existen intereses gravemente contrapuestos, la ley habilita la actuación oficiosa siempre que ello resulte más conveniente para el interés superior del niño.

En términos prácticos, esto permite que el MPF y los organismos de protección de derechos actúen sin quedar bloqueados por la pasividad o la hostilidad del entorno adulto. No cubre solo al representante abiertamente agresor: también sirve cuando quien debería instar la acción aparece desentendido, paralizado o jurídicamente desalineado con el interés superior del niño. Es una cláusula de subrogación tuitiva con enorme valor en lesiones y en impedimento de contacto.

La acción privada sobre el honor no puede analizarse hoy con lentes de 1921. La jurisprudencia interamericana y argentina exige una lectura sumamente restrictiva del castigo penal cuando las expresiones se vinculan con asuntos de interés público, crítica institucional o debate democrático.

Por eso, aunque el art. 73 siga incluyendo calumnias e injurias, la litigación seria tiene que cruzar siempre el tipo penal con libertad de expresión, real malicia cuando corresponda y estándares de tolerancia reforzada para funcionarios o figuras de relevancia pública.

Ese giro quedó cristalizado tras Kimel y la reforma de la ley 26.551: el régimen fue reescrito para dejar fuera del delito las expresiones referidas a asuntos de interés público y las no asertivas, lo que obliga a leer hoy la acción privada del honor con un filtro constitucional mucho más estricto que el del diseño originario del Código.

El segundo párrafo del art. 73 incorpora una de las innovaciones más importantes del sistema acusatorio: si la ley procesal lo permite, la acción pública puede convertirse en privada o la víctima puede continuar el caso por su cuenta cuando el MPF decide no sostener la persecución.

Esta herramienta cambia el equilibrio del sistema. Evita que la víctima quede atada por completo a la decisión del fiscal y, al mismo tiempo, permite descargar al Estado de litigios que ya no considera prioritarios. En términos prácticos, reabre el problema clásico del “conflicto expropiado” y devuelve a la víctima un espacio real de protagonismo procesal.

Conviene marcar un límite con toda claridad: el art. 73 regula acciones privadas, no conflictos de violencia de género ni otros delitos de acción pública. Por eso el perdón, retractación o desistimiento de la víctima no desplazan por sí solos la persecución cuando el caso cae fuera del catálogo del propio artículo.

La razón no está en una excepción implícita dentro del art. 73, sino en algo más simple: en esos supuestos rige la lógica de la acción pública, con deberes estatales reforzados de investigación y protección. Mezclar ambos planos genera malos encuadres y expectativas erróneas desde el inicio del caso.