Art. 76 bis. — El imputado de un delito de
acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo
máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión
del juicio a prueba.
En casos de concurso de delitos, el imputado también podrá
solicitar la suspensión del juicio a prueba si el máximo de la
pena de reclusión o prisión aplicable no excediese de tres
años.
Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse
cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible,
sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la
responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre
la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La
parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y
en este último caso, si la realización del juicio se
suspendiere, tendrá habilitada la acción civil
correspondiente.
Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso
el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese
consentimiento del fiscal, el Tribunal podrá suspender la
realización del juicio.
Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso
estuviera reprimido con pena de multa aplicable en forma
conjunta o alternativa con la de prisión, será condición,
además, que se pague el mínimo de la multa correspondiente.
El imputado deberá abandonar en favor del estado, los bienes
que presumiblemente resultarían decomisados en caso que
recayera condena.
No procederá la suspensión del juicio cuando un funcionario
público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado
en el delito.
Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto
de los delitos reprimidos con pena de inhabilitación.
Tampoco procederá la suspensión del juicio a prueba respecto
de los ilícitos reprimidos por las Leyes 22.415 y 24.769 y sus
respectivas modificaciones.
