Código Penal ArgentinoArtículos 76, 76 bis, 76 ter y 76 quater
Suspensión del juicio a prueba (Probation): procedencia, período de prueba, reglas de conducta, reparación del daño, revocación y extinción de la acción penal
Este grupo de artículos abarca el régimen de la suspensión del juicio a prueba en la Parte General del Código Penal argentino: en qué casos procede, qué rol tienen el fiscal y la reparación del daño, qué reglas de conducta pueden imponerse, cuándo corresponde su revocación y cómo opera la extinción de la acción penal.
Artículo 76 — Código Penal
Art. 76. — La suspensión del juicio a prueba se regirá de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes.
Ante la falta de regulación total o parcial, se aplicarán las disposiciones de este Título.
Naturaleza dual: instituto sustantivo con regulación procesal
El art. 76 expresa una tensión estructural del derecho penal argentino: la probation es un instituto de fondo —regula la extinción de la acción penal (art. 59 inc. 6°) y los requisitos de acceso— pero su trámite es procesal. La ley 24.316 codificó los requisitos sustantivos en el CP y difirió el procedimiento a cada jurisdicción.
La reforma de la ley 27.147 (2015), que modificó el art. 59 e introdujo el inc. 6° sobre la probation como causa de extinción de la acción, reforzó el carácter federal y sustantivo del instituto. A partir de allí, una línea relevante entiende que toda jurisdicción debe procurar articular su trámite de modo compatible con los estándares mínimos del CP, aunque el alcance exacto de esa exigencia sigue siendo materia de debate doctrinal y jurisprudencial.
Artículo 76 bis — Código Penal
Art. 76 bis. — El imputado de un delito de acción pública reprimido con pena de reclusión o prisión cuyo máximo no exceda de tres años, podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba.
En los casos de concurso de delitos, el imputado también podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba si el máximo de la pena de reclusión o prisión aplicable no excediese de tres años.
Al presentar la solicitud, el imputado deberá ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible, sin que ello implique confesión ni reconocimiento de la responsabilidad civil correspondiente. El juez decidirá sobre la razonabilidad del ofrecimiento en resolución fundada. La parte damnificada podrá aceptar o no la reparación ofrecida, y en este último caso, si la realización del juicio se suspendiere, tendrá habilitada la acción civil correspondiente.
Si las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable, y hubiese consentimiento del fiscal, el tribunal podrá suspender la realización del juicio.
Si el delito o alguno de los delitos que integran el concurso estuviera reprimido con pena de inhabilitación aplicable en forma conjunta o alternativa con la de prisión, será necesario que el imputado, al presentar la solicitud de suspensión del juicio a prueba, se comprometa a abstenerse de ejercer la actividad o conducta que hubiere dado origen a la inhabilitación.
La suspensión del juicio a prueba podrá ser concedida por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de expiración del plazo por el que hubiera sido otorgada la primera.
No procederá la suspensión del juicio a prueba cuando un funcionario público, en el ejercicio de sus funciones, hubiese participado en el delito.
Tampoco procederá cuando se trate de los delitos reprimidos por los artículos 119, 120 y 130 del Código Penal, si hubiese un agraviado particular, salvo que éste preste su consentimiento expreso.
El párr. 4° fue el eje de la disputa sobre si constituye un segundo supuesto autónomo de procedencia o una simple pauta adicional. La CSJN lo resolvió en "Acosta" (2008): es un supuesto autónomo y más amplio.
Requisitos, condiciones y exclusiones
El primer supuesto está estructurado sobre presupuestos objetivos: si se satisfacen las condiciones de pena máxima y no media ninguna exclusión legal o convencional, la oposición fiscal no constituye por sí sola un veto incuestionable y debe ser tratada como una objeción jurídicamente controlable y respondida fundadamente por el tribunal. En ese marco, no resulta compatible una denegación apoyada exclusivamente en valoraciones genéricas sobre la gravedad del hecho o en antecedentes que no configuren una exclusión legal concreta. Lo que sí puede obstar son las exclusiones del propio art. 76 bis y los límites convencionales fijados por la CSJN.
Respecto del consentimiento fiscal en el primer supuesto: "Acosta" debilitó sensiblemente la idea de una oposición automáticamente vinculante y desplazó el análisis hacia los presupuestos objetivos del instituto. Sin embargo, la jurisprudencia posterior no es del todo uniforme en cuánto control de la oposición conserva el tribunal: algunas salas le reconocen al juez capacidad para avanzar si el dictamen no se funda en los presupuestos legales del instituto; otras exigen un control de logicidad o fundamentación; otras distinguen según el contenido de la oposición. Lo que sí está claro es que el dictamen fiscal debe ser motivado, analizado y respondido, no simplemente acatado ni ignorado.
El párr. 4° prevé un segundo supuesto para delitos con pena superior a 3 años: si (a) las circunstancias del caso permitieran dejar en suspenso la condena (art. 26 CP) y (b) el fiscal presta su consentimiento, el tribunal puede suspender el juicio.
- ① Viabilidad de la condena condicional: el juez debe evaluar anticipadamente si, en caso de condena, podría aplicarse el art. 26 CP. Eso supone que la pena concreta previsible no supere los 3 años y que el imputado no sea reincidente.
- ② Consentimiento fiscal — elemento estructural con debate sobre su alcance: a diferencia del primer supuesto, la oposición fiscal tiene un peso estructural en el segundo supuesto: en la interpretación dominante, sin consentimiento fiscal no procede la suspensión. Sin embargo, la jurisprudencia no es uniforme sobre la fuerza vinculante exacta de ese dictamen: algunas salas le reconocen valor prácticamente decisivo; otras exigen control judicial de logicidad, legalidad o fundamentación del dictamen contrario; otras distinguen según los motivos invocados por el fiscal. Lo que sí está consolidado es que la oposición debe ser motivada y que no puede fundarse en razones ajenas a los presupuestos legales del instituto.
Al solicitar la probation, el imputado debe ofrecer hacerse cargo de la reparación del daño en la medida de lo posible. Sin ese ofrecimiento la petición es formalmente inadmisible.
- ① No implica confesión: la ley es explícita. El ofrecimiento no puede usarse como prueba de responsabilidad penal ni como reconocimiento de responsabilidad civil. Vive exclusivamente en el contexto de la solicitud.
- ② Razonabilidad — juicio no reducido a la pobreza del imputado: el juez evalúa si el ofrecimiento es razonable considerando la entidad del daño y la capacidad económica del imputado. No exige el 100% del daño; basta con ofrecer lo que genuinamente puede. Pero la razonabilidad no se agota en la sola capacidad del imputado: si en el proceso existen garantes, codemandados civiles o aseguradoras con cobertura, esa capacidad patrimonial adicional también puede ser ponderada en el juicio de razonabilidad del ofrecimiento.
- ③ Aceptación de la víctima — refuerza la razonabilidad: si la víctima acepta la reparación ofrecida, el margen de revisión judicial sobre la razonabilidad se estrecha sensiblemente. Si la rechaza y el tribunal de todos modos concede la probation considerando razonable el ofrecimiento, el imputado igualmente deberá cumplir lo ofrecido durante el período de prueba para alcanzar la extinción de la acción penal: la obligación de reparar "en la medida ofrecida" no desaparece por el rechazo de la víctima. Ésta conserva, además, habilitada la acción civil ordinaria.
- ④ El estándar de "lo posible" e indigencia: La jurisprudencia ha establecido que la imposibilidad material de solventar el daño (indigencia) no impide de plano la concesión del beneficio (CNCCC, Sala II, "Martínez", 2013). Se exige una vocación superadora del conflicto y un esfuerzo proporcional a la capacidad económica del imputado, no una reparación integral civil. Tampoco cierra la puerta la falta de ofrecimiento en el momento inicial si la imposibilidad económica está acreditada: el juez puede diferir la determinación del monto al trámite de la audiencia del art. 293 CPPN.
El quinto párrafo del art. 76 bis contempla expresamente los supuestos en los que el delito está reprimido con pena de inhabilitación conjunta o alternativa con la de prisión. En esos casos, el imputado debe comprometerse, al presentar la solicitud, a abstenerse de ejercer la actividad o conducta que hubiere dado origen a la inhabilitación.
Impacto práctico inmediato: un médico imputado de lesiones culposas en ejercicio de la medicina debe comprometerse a no ejercer durante el período; un conductor imputado de lesiones culposas en tránsito (arts. 84 bis / 94 bis CP) debe comprometerse a no conducir. Es una inhabilitación provisional de facto durante el período de prueba, sin condena.
- ① Funcionario público en ejercicio de funciones (párr. 7°): cuando un funcionario público participó en el delito en ejercicio de sus funciones, la probation es improcedente sin excepción. La exclusión exige nexo funcional: no basta ser funcionario —el delito debe haberse cometido en el ejercicio del cargo. Un funcionario que comete lesiones en riña particular puede acceder a la probation; quien comete peculado o abuso de autoridad, no (CNCasación, Sala I, "Boudou", 2019).
- ② Delitos sexuales con víctima particular (párr. 8°): para los arts. 119 (abuso sexual), 120 (abuso sexual con sometimiento) y 130 (rapto), si hay víctima identificada, la probation solo procede si la víctima presta consentimiento expreso. Sin ese consentimiento el acceso está vedado.
Artículo 76 ter — Código Penal
Art. 76 ter. — El tiempo de la suspensión del juicio será fijado por el Tribunal entre uno y tres años, según la gravedad del delito. El Tribunal establecerá las reglas de conducta que deberá cumplir el imputado, conforme las previsiones del artículo 27 bis.
Durante ese tiempo se suspenderá la prescripción de la acción penal.
La suspensión del juicio será dejada sin efecto si con posterioridad se conocieran circunstancias que modifiquen el máximo de la pena aplicable o la estimación acerca de la condicionalidad de la ejecución de la posible condena.
Si durante el tiempo fijado por el Tribunal el imputado no comete un delito, repara los daños en la medida ofrecida y cumple con las reglas de conducta establecidas, el Tribunal pronunciará la extinción de la acción penal. En caso contrario, llevará a cabo el juicio y si el imputado fuese absuelto se le devolverán los bienes abandonados en favor del Estado y la multa pagada, pero no podrá pretender el reintegro de las reparaciones cumplidas.
Cuando la realización del juicio fuese determinada por la comisión de un nuevo delito, la pena que se imponga no podrá ser dejada en suspenso.
La suspensión de un juicio a prueba podrá ser concedida por segunda vez si el nuevo delito ha sido cometido después de haber transcurrido ocho años a partir de la fecha de expiración del plazo por el que hubiera sido otorgada la primera.
No se admitirá una nueva suspensión de juicio respecto de quien hubiese incumplido las reglas impuestas en una suspensión anterior.
El párr. 2° ("se suspenderá la prescripción") tiene efectos importantes para la defensa: si la probation se revoca, el contador prescriptivo reanuda desde donde estaba al momento de la concesión. El imputado no "gana" tiempo de prescripción durante el período de prueba.
Mecánica del período de prueba
El tribunal fija un plazo de prueba de 1 a 3 años según la gravedad del delito. Dentro de ese plazo impone las reglas de conducta del art. 27 bis CP:
- aFijar residencia y someterse al cuidado de un patronato
- bAbstenerse de concurrir a determinados lugares o relacionarse con determinadas personas
- cAbstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas
- dAsistir a la escolaridad primaria si no la tuviera cumplida
- eRealizar trabajos no remunerados en favor del Estado o instituciones de bien público, fuera de los horarios habituales de trabajo
- fSometerse a tratamiento médico o psicológico, previo informe que acredite su necesidad y eficacia
- gAdoptar oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios de subsistencia
- hRealizar trabajos de utilidad pública
La extinción de la acción penal al término del período exige el cumplimiento acumulativo de tres condiciones:
| Condición | Consecuencia del incumplimiento |
|---|---|
| No cometer un nuevo delito durante el período | Revocación + juicio; pena no puede quedar en suspenso |
| Reparar el daño en la medida ofrecida | Ampliación del plazo o revocación |
| Cumplir las reglas de conducta impuestas | Ampliación del plazo, revocación, o veda de nueva probation |
Artículo 76 quater — Código Penal
Art. 76 quater. — La suspensión del juicio a prueba hará inaplicables al caso las reglas de prejudicialidad de los artículos 1101 y 1102 del Código Civil, y no obstará a la aplicación de las sanciones contravencionales, disciplinarias o administrativas que pudieran corresponder.
Independencia de las vías civil, contravencional y administrativa
La prejudicialidad penal (hoy arts. 1775/1776 CCyC) establece como regla general que la sentencia penal puede tener efectos sobre la acción civil, de modo que en ciertos supuestos la resolución civil queda condicionada a lo resuelto en sede penal.
El art. 76 quater despeja, en favor de la víctima, los efectos que en esos supuestos podría proyectar la prejudicialidad penal sobre la decisión civil cuando hay probation: la víctima puede demandar civilmente el resarcimiento sin esperar a que el proceso penal concluya. El juez civil puede resolver con independencia del estado del proceso penal suspendido.
La suspensión del proceso penal no obsta a la aplicación de sanciones contravencionales, disciplinarias o administrativas:
- ① Contravenciones: si el mismo hecho configura una contravención además del delito, la autoridad contravencional puede sancionar independientemente.
- ② Disciplinario: los colegios profesionales y organismos con poder disciplinario pueden iniciar o continuar sus sumarios sin esperar la resolución penal. Un médico con probation por lesiones culposas puede ser sancionado por el Colegio Médico; un policía con probation puede ser sumariado por su fuerza.
- ③ Administrativo: habilitaciones, licencias y autorizaciones administrativas pueden revocarse o suspenderse por los organismos competentes con independencia del proceso penal suspendido.
Cuando la acción se extingue al vencer el período de prueba, no hay condena. En consecuencia, el beneficiado no es reincidente, no figura como "condenado" en el registro de antecedentes penales (ley 22.117) y no sufre las inhabilitaciones accesorias propias de las penas privativas de libertad.
Sin embargo, existen mecanismos de registración o verificación judicial, distintos del registro de condenas, que permiten hacer cumplir las restricciones del art. 76 ter relativas a la segunda probation (solo posible si el nuevo delito fue cometido después de ocho años desde la expiración del plazo de la primera) y a la inadmisibilidad por incumplimiento previo de reglas. En la práctica forense esos mecanismos operan a nivel de cada tribunal o jurisdicción, y su formato varía: lo relevante es que el juez que evalúa una nueva solicitud pueda verificar esos antecedentes. En ningún caso equivalen a antecedente penal ni figuran en el registro de reincidencia.
Fallos relevantes — Arts. 76 a 76 quater
El fallo fundacional de la probation amplia. La Corte estableció que el párr. 4° del art. 76 bis es un supuesto autónomo y más amplio que el párr. 1°: procede cuando la pena máxima supera los 3 años si en el caso concreto podría aplicarse condena en suspenso. Fijó además que la oposición fiscal en el primer supuesto no vincula al juez. Precedente obligatorio en la materia.
CSJN, Fallos 331:858, 23/04/2008 — La Ley 2008-C, 184Extensión a delitos tributarios. La Corte confirmó la procedencia de la probation en causas por evasión tributaria —pena superior a 3 años— cuando era viable la condena condicional en el caso concreto, extendiendo el estándar de "Acosta" a delitos económicos sin víctima determinada.
CSJN, Fallos 331:1271, 23/04/2008Violencia de género y límite convencional. La Corte denegó la probation señalando que la Convención de Belém do Pará obliga al Estado a sancionar los actos de violencia contra la mujer. La suspensión sin condena incumple ese deber. Precedente dominante en causas de violencia doméstica con víctima determinada.
CSJN, Fallos 336:392, 23/04/2013 — La Ley 2013-C, 192Exclusión del funcionario público: alcance del párr. 7°. La Cámara precisó que la exclusión requiere nexo funcional entre el delito y el ejercicio del cargo público. La calidad de funcionario por sí sola no excluye la probation para delitos ajenos al ejercicio de las funciones.
CNCasación Penal, Sala I, c. "Boudou", 2019Razonabilidad y proporcionalidad de las reglas de conducta. La Corte señaló que las reglas de conducta impuestas en la probation deben ser razonables y proporcionadas al delito imputado. Una regla que implica afectación irreversible a derechos fundamentales —obligar a prestar declaración sobre terceros— excede el marco del art. 27 bis y resulta inaplicable.
CSJN, Fallos 326:3758, 30/09/2003Reparación del daño: estándar de "lo posible" y cumplimiento razonable. El art. 76 ter exige que la reparación se cumpla "en la medida ofrecida". Si el imputado ofreció un pago en cuotas y cumplió regularmente, no puede revocarse la suspensión porque el pago total no quedó completado al vencer el período: lo relevante es el cumplimiento razonable de lo ofrecido, no la satisfacción íntegra del daño.
CNCasación Penal, Sala III, c. "Padula, Marcos", 2010Gradualidad antes de revocar. El tribunal debe primero evaluar la posibilidad de ampliar el plazo o modificar las reglas antes de revocar la suspensión. La revocación directa sin advertencia previa o sin valorar alternativas menos gravosas viola el principio de proporcionalidad.
TSJ Córdoba, c. "Lencinas, Pablo", 2014Compromiso de abstención como condición suficiente para delitos con inhabilitación. El compromiso de abstenerse del ejercicio de la actividad inhabilitada (párr. 5° del art. 76 bis) satisface el requisito legal: no configura un obstáculo a la probation sino una condición adicional que el imputado puede asumir para acceder al instituto.
CNCasación Penal, c. "Ortellado Fernández", 2017Nulidad de la probation por omisión de la audiencia de la víctima. El tribunal anuló la probation concedida porque el juez de grado homologó el acuerdo fiscal-defensa sin notificar ni dar intervención a la víctima. Bajo la Ley de Derechos de las Víctimas (27.372), esa convocatoria previa es un requisito estructural de validez del instituto: su omisión no se subsana por la existencia de acuerdo entre fiscal y defensa, ni opera la preclusión sobre actos inválidamente cumplidos. Clave para la defensa de querellantes en causas donde se omitió esa intervención.
CFCP, Sala II, c. "Silva, Juan Carlos y otro s/ recurso de casación", reg. 446/2023, 10/05/2023Rechazo de la autoinhabilitación exigida por la Fiscalía; suficiencia del curso de reeducación vial. La Cámara confirmó la probation de un imputado por delito de tránsito, rechazando la apelación fiscal que exigía autoinhabilitación. El tribunal determinó que esa exigencia carecía de base legal y equivalía a una aplicación de pena anticipada. Se convalidó en cambio la regla impuesta por la jueza: realización de un curso de reeducación vial. Precedente de defensa cuando el imputado depende de su licencia para trabajar.
CNCrim. y Correc., Sala V, c. 68.524/11 "P., H. G.", 11/09/2012Artículos vinculados
Consultas habituales sobre la probation
¿Qué es la probation o suspensión del juicio a prueba en Argentina?
La probation es el instituto que permite suspender el avance hacia el juicio oral sin condena. El imputado ofrece reparar el daño y cumplir reglas de conducta durante un período de prueba (art. 76 bis CP). Si las condiciones se cumplen, la acción penal se extingue (art. 76 ter in fine y art. 59 inc. 6° CP) sin condena ni antecedente penal. El Código Penal la denomina "suspensión del juicio a prueba"; en el lenguaje forense y procesal también se la llama "probation" o "suspensión del proceso a prueba".
¿Para qué delitos procede la probation en Argentina?
La probation procede en dos supuestos principales. (1) Cuando la pena máxima del delito no excede 3 años de prisión o reclusión (párrs. 1° y 2° del art. 76 bis). (2) Cuando, pese a superar ese límite, el juez estimase viable la condena condicional y el fiscal consiente (párr. 4°). Está vedada para funcionarios públicos en ejercicio de funciones y para delitos sexuales (arts. 119, 120 y 130 CP) con víctima que no consiente. En causas de violencia de género, la línea dominante posterior a "Góngora" (CSJN, 2013) restringe fuertemente el instituto por la incidencia de la Convención de Belém do Pará.
¿La oposición del fiscal impide la probation?
Depende del supuesto: en el primer caso la oposición fiscal no es vinculante; en el segundo sí tiene peso estructural. En el primer supuesto (párr. 1°), Acosta (CSJN, Fallos 331:858, 2008) debilitó la idea de una oposición automáticamente vinculante: la concesión no queda sujeta a un veto fiscal discrecional. La jurisprudencia no es uniforme sobre cuánto control conserva el tribunal; la oposición debe ser motivada y respondida fundadamente. En el segundo supuesto (párr. 4°), el consentimiento fiscal ocupa un lugar estructural y, en la interpretación dominante, su ausencia impide la suspensión, aunque persiste el control judicial de logicidad, legalidad y fundamentación del dictamen.
¿Cuánto dura el período de prueba y qué reglas se imponen?
El período de prueba dura entre uno y tres años, fijado por el tribunal según la gravedad del delito (art. 76 ter, párr. 1°). Se imponen reglas de conducta del catálogo del art. 27 bis CP: residencia fija, prohibición de frecuentar ciertos lugares o personas, abstención de alcohol o drogas, trabajo de utilidad pública, tratamiento médico o psicológico, entre otras. Durante ese plazo se suspende la prescripción de la acción penal.
¿Qué pasa si se incumplen las condiciones de la probation?
Ante el incumplimiento, el tribunal debe aplicar gradualidad antes de revocar. Frente al incumplimiento de reglas de conducta, debe primero evaluar ampliar el plazo o modificar las condiciones. Si el imputado comete un nuevo delito durante el período, la suspensión se revoca y el proceso reanuda. Además, si es condenado en ese juicio, la pena no podrá dejarse en suspenso (art. 76 ter, párr. 5°).
¿La probation genera antecedentes penales?
No. La probation cumplida no genera condena ni antecedente penal. Al extinguirse la acción, el beneficiado no figura como condenado en el registro de reincidencia (ley 22.117). Existen mecanismos de registración o verificación judicial, distintos del registro de condenas, para controlar las restricciones del art. 76 ter relativas a la segunda probation (requiere 8 años desde la expiración del plazo de la primera) y al impedimento por incumplimiento previo de reglas, pero esos mecanismos no equivalen a antecedente penal.
¿Puede la víctima oponerse a la probation?
La víctima tiene derecho a ser escuchada y su oposición es relevante, pero no es vinculante en todos los casos. En el primer supuesto (párr. 1°), la negativa a aceptar la reparación no impide la suspensión: conserva habilitada la acción civil. En delitos sexuales (arts. 119, 120 y 130 CP) con víctima determinada, la probation solo procede si la víctima consiente expresamente. En causas de violencia de género, la línea dominante posterior a Góngora (CSJN, 2013) restringe fuertemente el instituto por la incidencia de la Convención de Belém do Pará y el deber estatal de investigar, juzgar y sancionar con debida diligencia.
¿Se puede pedir la probation en cualquier momento del proceso?
No. La probation debe solicitarse antes del inicio del debate oral. Una vez comenzado el juicio oral desaparece la posibilidad: el art. 76 bis habla de "suspensión del juicio", lo que implica que el juicio aún no se haya iniciado. El momento exacto varía según la legislación procesal aplicable: algunos códigos la admiten desde la primera audiencia formal; otros la limitan a la etapa de investigación.
¿La probation puede afectar mi trabajo o mi matrícula profesional?
La probation no genera condena, pero no bloquea sanciones disciplinarias ni administrativas. El art. 76 quater es explícito: la suspensión del proceso penal no obsta a que colegios profesionales o entes reguladores inicien sus propios sumarios. Para empleos en el sector público o cargos que exijan antecedentes limpios, conviene verificar qué registros consulta cada organismo.
¿Tener antecedentes penales impide pedir la probation?
Depende del tipo de antecedente. Tener condenas anteriores por faltas, contravenciones o delitos culposos en general no impide la probation. Lo que la impide es haber sido condenado por delito doloso a pena privativa de la libertad (ya que en ese caso no podría recibir condena condicional). También la impide una probation anterior si no han transcurrido 8 años desde la expiración del plazo de la primera, conforme al art. 76 ter.
¿Qué pasa si no se convocó a la víctima antes de conceder la probation?
La omisión puede fundar la nulidad de la resolución. Bajo la Ley de Derechos de las Víctimas (27.372), la notificación y audiencia previa de la víctima es un requisito estructural de validez del instituto, no un trámite opcional. La CFCP (Sala II, "Silva", 2023) anuló una probation homologada sin intervención de la parte damnificada, aunque fiscal y defensa habían acordado. Para el querellante: si no fue convocado, esa omisión es una causal de impugnación válida incluso cuando el acuerdo está cerrado entre las otras partes.
Este material tiene finalidad informativa y académica. No constituye asesoramiento jurídico particular. Ante un caso concreto, consulte un abogado.
Recursos penales útiles — probation
La probation es transversal a casi todos los tipos penales de menor escala. Estos recursos amplían el análisis para los escenarios donde más se solicita: tránsito, mala praxis, inhabilitación y extinción de la acción.
Si hay urgencia real (detención, allanamiento, medidas), entrá directo a Urgencias 24 hs.
