Código Penal Argentino Artículos 68, 69 y 70

El art. 68 trabaja sobre la pena ya impuesta: el indulto extingue su cumplimiento y los efectos penales ligados a esa sanción, pero no borra el hecho histórico ni transforma al condenado en inocente. La condena sigue existiendo como dato jurídico, a diferencia de la amnistía, que opera sobre el delito mismo y pertenece al Congreso.

Por eso la primera distinción defensiva relevante es siempre esta: el indulto no reescribe la sentencia ni deshace el reproche; actúa sobre la etapa de ejecución. Esa diferencia explica por qué el artículo preserva expresamente las indemnizaciones debidas a particulares.

La gran discusión histórica del art. 68 fue si el Poder Ejecutivo podía indultar a un procesado sin sentencia firme. La doctrina penal clásica y mayoritaria respondió que no: para extinguir una pena tiene que existir previamente una pena judicialmente impuesta.

Hubo etapas jurisprudenciales y políticas más permisivas, sobre todo en contextos de crisis institucional, donde se convalidó una lectura amplia de la prerrogativa presidencial. Pero, desde una lectura republicana estricta, el punto sigue siendo delicado porque un indulto prematuro tensiona la división de poderes, el derecho a la verdad y hasta el interés del propio imputado en obtener absolución.

La lectura actual del art. 68 cambió de raíz con la consolidación del derecho internacional de los derechos humanos y el control de convencionalidad. Frente a crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos, el indulto quedó materialmente vedado.

La razón no surge solo del texto del Código Penal, sino del bloque constitucional y convencional: si el Estado tiene el deber de investigar, juzgar y sancionar adecuadamente, el indulto no puede operar como mecanismo de impunidad. En ese punto, la línea que va de Arancibia Clavel y Simón a Mazzeo, en diálogo con Barrios Altos, es hoy el marco decisivo.

El indulto no equivale a amnistía ni hace desaparecer automáticamente toda consecuencia futura. El antecedente condenatorio puede seguir proyectando efectos registrales, y la discusión sobre reincidencia depende de si hubo o no cumplimiento material, aunque sea parcial, de la pena privativa de libertad.

Donde no hay duda es en la cláusula final del artículo: el Presidente puede perdonar una pena estatal, pero no puede disponer del patrimonio de la víctima. La pretensión resarcitoria conserva plena autonomía y seguirá rigiéndose por las reglas civiles y por el régimen de reparación del propio Código Penal.

El art. 69 no es una puerta general para “perdonar” cualquier delito. Su ámbito es estricto: solo juega respecto de los delitos enumerados en el art. 73, es decir, el reducido catálogo de acciones privadas donde la ley admite que la víctima controle la apertura y la continuidad del conflicto penal.

La lógica de política criminal es clara: en bienes jurídicos de máxima intimidad —como honor, secreto o ciertas relaciones familiares— el legislador tolera un mayor margen de disponibilidad porque el escándalo judicial o la persecución de oficio pueden agravar el daño.

Cuando el perdón se otorga durante el proceso, antes de la sentencia firme, su efecto práctico es extinguir la acción penal. Cuando llega después de la condena, ya no se discute la pretensión persecutoria: lo que se extingue es la pena impuesta.

Ese doble plano importa mucho en litigio porque cambia el objeto del debate. En una etapa previa puede discutirse si el imputado tiene interés en proseguir el juicio para limpiar su nombre; en ejecución, en cambio, la manifestación pacificadora de la víctima pesa sobre una culpabilidad ya declarada.

Antes de la sentencia, parte de la doctrina exige al menos una aceptación tácita o expresa del imputado. La razón es atendible: quien se sabe inocente puede preferir una absolución que lo reivindique antes que un perdón que deje un halo ambiguo sobre su conducta.

Después de la condena firme, ese argumento pierde fuerza. En ese escenario, el artículo opera como un mecanismo de extinción de la pena dentro del universo estrecho de la acción privada, donde la voluntad de la parte ofendida vuelve innecesaria una continuación punitiva estatal.

La segunda frase del art. 69 impide un perdón selectivo: si la víctima perdona a uno de los partícipes, el beneficio se extiende a los demás. Esa regla evita favoritismos arbitrarios y preserva la igualdad entre quienes intervinieron en el mismo hecho.

Pero el instituto no puede extrapolarse sin más a contextos de violencia de género, violencia intrafamiliar o delitos de acción pública donde el Estado tiene deberes reforzados de persecución. Allí el perdón o retractación de la víctima no desplazan automáticamente el interés público ni las obligaciones derivadas de Belém do Pará y CEDAW.

La expresión elegida por el legislador histórico es técnicamente desafortunada. La indemnización y la pena no son la misma cosa: responden a finalidades distintas, obedecen a lógicas diferentes y no se transmiten igual.

La doctrina contemporánea corrigió esa mala redacción mediante una lectura estricta: el art. 70 no vuelve hereditaria la pena, sino que asegura la persistencia del crédito civil nacido del delito. Dicho de forma simple, lo que sobrevive no es el castigo estatal, sino la deuda resarcitoria frente a la víctima.

Si el condenado muere, la pena muere con él. Eso vale para la multa penal y para cualquier otra consecuencia puramente sancionatoria: el Estado no puede trasladar la deuda punitiva a los herederos.

El principio de personalidad e intrascendencia de la pena impide que los familiares carguen con un castigo ajeno. Por eso el art. 70 debe leerse siempre de manera coordinada con esa garantía básica y nunca como una autorización para cobrar multas post mortem.

Lo que el artículo permite ejecutar sobre los bienes del condenado fallecido es la reparación civil de los daños del delito: restitución, indemnización material o moral, y demás rubros resarcitorios admitidos por el ordenamiento.

La clave está en la fórmula “bienes propios del condenado”. El crédito se proyecta sobre el acervo hereditario, pero dentro de los límites patrimoniales y sucesorios del derecho común. No hay herejía penal ni confiscación: hay persecución patrimonial de una deuda civil.

En expedientes por criminalidad económica, corrupción o patrimonios mezclados, la discusión suele pasar por distinguir qué activo está afectado por decomiso y cuál integra el patrimonio ejecutable para resarcir a la víctima. No es lo mismo un bien decomisable por origen ilícito que un bien perseguible por responsabilidad civil.

La defensa de la sucesión y de terceros de buena fe sigue siendo central: la ejecución del art. 70 no habilita atajos. Exige respetar debido proceso, límites sucesorios y una delimitación seria entre pena, decomiso e indemnización.