Código Penal Argentino Artículos 172 a 175 bis
Estafa, defraudaciones especiales, fraude al Estado y usura
Este bloque reúne el corazón del régimen de estafa y otras defraudaciones del Código Penal. El art. 172 fija la figura básica de la estafa; el art. 173 despliega un catálogo de defraudaciones especiales que abarca, entre otras, la retención indebida, la administración fraudulenta, el desbaratamiento de derechos acordados y los fraudes con tarjetas y manipulación informática; el art. 174 agrava supuestos particularmente sensibles, como el fraude al asegurador o a la administración pública; el art. 175 contempla hipótesis atenuadas de apropiación y abuso; y el art. 175 bis tipifica la usura. En la práctica, las discusiones más finas suelen pasar por la cadena ardid → error → disposición patrimonial → perjuicio, la frontera entre incumplimiento civil y delito, la imputación en maniobras de administración fraudulenta y la adaptación de estas figuras a fraudes bancarios y digitales.
Artículo 172 — Código Penal
Texto según la versión oficial publicada por InfoLeg. En este bloque conviene separar con cuidado la estafa del mero incumplimiento civil, y las defraudaciones tradicionales de los fraudes digitales y bancarios.
Art. 172. - Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño.
Ardid, error, disposición y perjuicio
La estafa no castiga cualquier incumplimiento ni toda mentira socialmente reprochable. El tipo exige una cadena bien definida: ardid o engaño, generación de error en la víctima, una disposición patrimonial motivada por ese error y un perjuicio económico correlativo.
Si el perjuicio ya existía antes del engaño, si la víctima no realizó acto de disposición alguno o si el conflicto se explica mejor como un mero incumplimiento contractual, la discusión tiende a salir del terreno penal y volver al plano civil o comercial.
La vieja discusión sobre si hace falta una verdadera mise en scène o si alcanza una mentira eficaz sigue siendo útil para litigar. En la práctica actual pesa mucho la idoneidad contextual del engaño: no se mira solo la maniobra en abstracto, sino también la situación concreta de la víctima, la asimetría informativa y el modo en que el autor explotó esa vulnerabilidad.
Por eso algunos engaños rudimentarios pueden ser típicos si estaban dirigidos a una víctima especialmente expuesta, mientras que otros conflictos entre empresarios experimentados pueden quedar fuera del derecho penal aun cuando exista un relato falso.
La llamada estafa procesal aparece cuando el ardid no engaña a la víctima patrimonial en forma directa, sino al órgano jurisdiccional, que dicta una resolución perjudicial para un tercero. La clave está en no confundir esta figura con la simple litigación temeraria o con un pleito civil perdido.
En general, el problema penal se vuelve serio cuando la maniobra incorpora un elemento fraudulento externo apto para quebrar el contradictorio: documentos falsos, peritajes adulterados, testigos armados o maniobras equivalentes. Sin ese plus, la discusión suele seguir siendo procesal o civil, no penal.
Artículo 173 — Código Penal
Texto oficial del catálogo de defraudaciones especiales. En este artículo conviene distinguir los supuestos de engaño inicial de aquellos donde la tenencia o la administración eran lícitas al comienzo y el delito aparece después, por abuso de confianza, desvío o retención.
Art. 173.- Sin perjuicio de la disposición general del artículo precedente, se considerarán casos especiales de defraudación y sufrirán la pena que él establece:
Catálogo de fraudes especiales y abuso de confianza
El artículo 173 funciona como un gran inventario de defraudaciones especiales. Algunas conservan la lógica del engaño inicial; otras, en cambio, parten de una tenencia o administración originariamente lícita y se vuelven delictivas cuando el autor se aparta del título y actúa como si fuera dueño o administrador absoluto.
En la práctica, el litigio suele girar en torno a esa frontera: cuándo hay verdadero fraude penal y cuándo solo hay un conflicto contractual, societario o patrimonial que debe resolverse por otras vías.
Los incisos 2, 7 y 11 suelen concentrar la litigación más densa. En la retención indebida, el eje está en la obligación previa de restituir y en signos claros de apropiación o negativa relevante, no en la mera mora civil. En la administración fraudulenta, la discusión pasa por los deberes del administrador, el perjuicio concreto y la existencia de un obrar infiel o abusivo dentro de una relación fiduciaria.
El desbaratamiento de derechos acordados agrega otra capa: el autor frustra dolosamente un derecho previamente concedido a otro sobre un bien. Esta figura aparece mucho en ventas superpuestas, garantías, boletos, prendas y negocios donde el problema no es una simple falta de cumplimiento, sino el vaciamiento deliberado del derecho ya prometido.
Los incisos 15 y 16 son la puerta de entrada de los fraudes bancarios y digitales. El inciso 15 apunta al uso fraudulento de tarjetas o de sus datos; el inciso 16, a la manipulación informática que altera el funcionamiento del sistema o la transmisión de datos.
En casos reales, las discusiones suelen ser finas: no todo phishing o engaño telefónico encaja de la misma manera, y la imputación requiere reconstruir con cuidado si hubo explotación de credenciales, alteración operativa del sistema, uso no autorizado de datos o una secuencia más compleja que combine varias figuras.
Artículo 174 — Código Penal
El artículo agrava supuestos donde el fraude compromete bienes especialmente sensibles: el asegurador, menores o incapaces, la seguridad de personas o bienes, la administración pública y el desenvolvimiento normal de establecimientos o explotaciones.
Art. 174. - Sufrirá prisión de dos a seis años:
En los casos de los tres incisos precedentes, el culpable, si fuere funcionario o empleado público, sufrirá además inhabilitación especial perpetua.
Agravación por contexto, víctima o interés público comprometido
El artículo 174 no crea un universo separado de delitos patrimoniales: intensifica el reproche cuando la defraudación recae sobre ámbitos que el legislador considera especialmente sensibles. Por eso aparecen el fraude al asegurador, el abuso sobre personas particularmente vulnerables, el fraude a la administración pública y los supuestos que comprometen seguridad o funcionamiento económico.
La lectura correcta exige no perder de vista que la agravación responde a un plus de desvalor: o bien por la calidad de la víctima, o por el riesgo institucional, o por el impacto colectivo del fraude.
Dos núcleos concentran gran parte del interés práctico. El primero es el fraude de seguro, donde la clave está en la destrucción dolosa del bien con la finalidad de obtener una ventaja indebida. El segundo es el fraude en perjuicio de la administración pública, que suele cruzarse con contratación estatal, facturación, rendiciones, subsidios, proveedores y administración infiel de recursos públicos.
En este último terreno, además, la calidad de funcionario o empleado público puede activar la inhabilitación especial perpetua, lo que vuelve decisivo reconstruir con precisión el rol institucional del imputado y el vínculo con el perjuicio estatal.
El inciso 6 se ubica en una zona particularmente delicada porque roza conflictos societarios, industriales y empresariales donde también pueden jugar daños, sabotajes, administración fraudulenta o incluso disputas laborales. Por eso el análisis típico debe ser fino: no toda crisis productiva o caída de valor es delito.
Lo relevante es la presencia de un obrar malicioso y defraudatorio que afecte el desenvolvimiento del establecimiento o disminuya fraudulentamente el valor de bienes de capital, materias primas o productos.
Artículo 175 — Código Penal
Este artículo reúne supuestos de menor escala penal, típicamente vinculados al aprovechamiento de una situación previa: hallazgo, apropiación por error o caso fortuito, abuso sobre la prenda y exigencia abusiva de cheques o giros en ciertas condiciones.
Art. 175. - Será reprimido con multa de mil pesos a quince mil pesos:
Aprovechamiento indebido de hallazgo, error o posición crediticia
Los incisos 1 y 2 giran sobre una idea común: el autor no obtiene la cosa mediante un ardid propio, sino que se aprovecha de una situación que ya venía dada. El conflicto penal aparece cuando transforma ese hallazgo o esa recepción accidental en una verdadera apropiación ilegítima.
La distinción con el ámbito civil o con meros incumplimientos sigue siendo relevante, pero acá el acento está menos en el engaño y más en la decisión posterior de retener o comportarse como dueño de algo que se sabe ajeno.
Los incisos 3 y 4 muestran cómo el Código penaliza ciertos abusos en relaciones crediticias o de garantía. El foco está en evitar que el acreedor o tenedor convierta su posición jurídica en una ventaja ilegítima, saltando las formalidades o explotando al deudor de un modo que el sistema considera especialmente reprochable.
Son supuestos de pena menor, pero no irrelevantes. En escenarios de financiamiento informal, garantías abusivas y circulación de cheques como pseudo garantía, este artículo puede funcionar como puerta de entrada a conflictos patrimoniales más amplios.
Artículo 175 bis — Código Penal
La figura de usura no castiga cualquier interés alto: exige explotación de necesidad, ligereza o inexperiencia y ventajas pecuniarias claramente desproporcionadas. También penaliza la adquisición o transmisión de créditos usurarios y agrava la habitualidad profesional.
Art. 175 bis. - El que, aprovechando la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de una persona le hiciere dar o prometer, en cualquier forma, para sí o para otro, intereses u otras ventajas pecuniarias evidentemente desproporcionadas con su prestación, u otorgar recaudos o garantías de carácter extorsivo, será reprimido con prisión de uno a tres años y con multa de pesos tres mil a pesos treinta mil.
La misma pena será aplicable al que a sabiendas adquiriere, transfiriere o hiciere valer un crédito usurario.
La pena de prisión será de tres a seis años, y la multa de pesos quince mil a pesos ciento cincuenta mil, si el autor fuere prestamista o comisionista usurario profesional o habitual.
Usura, vulnerabilidad de la víctima y habitualidad
La usura no se reduce a un interés elevado. El tipo penal exige aprovechar una situación de necesidad, ligereza o inexperiencia de la víctima para imponerle ventajas pecuniarias ostensiblemente desproporcionadas o garantías de carácter extorsivo.
Por eso la discusión no es solo matemática. Importa la tasa, claro, pero también el contexto: quién negoció, en qué condiciones, con qué margen real de decisión y con qué grado de explotación de la vulnerabilidad ajena.
El segundo párrafo extiende la punición a quien a sabiendas adquiere, transfiere o hace valer un crédito usurario. El tercero agrava fuertemente la respuesta penal cuando el autor es prestamista o comisionista usurario profesional o habitual.
En la práctica, este tramo del artículo cobra relevancia en esquemas de financiación informal, cobros extorsivos y entramados donde el crédito ruinoso circula o se hace valer como si fuera una obligación comercial legítima.
Casos y líneas de lectura útiles para estafa y defraudaciones
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Dudas habituales sobre estafa, defraudaciones y usura
¿Toda mentira es estafa?
No. La estafa exige una secuencia completa: ardid o engaño, error, disposición patrimonial y perjuicio. Muchas mentiras quedan fuera del derecho penal o se resuelven por otras vías.
¿Cuál es la diferencia entre una estafa y un simple incumplimiento civil?
Si el problema central es que la obligación se incumplió después de un negocio válido, sin engaño típico previo ni abuso penalmente relevante, la discusión suele ser civil o comercial, no penal.
¿Qué vuelve especialmente importante al art. 173 inc. 7?
La administración fraudulenta es una figura central en derecho penal económico: castiga al administrador o gestor que, violando sus deberes, perjudica el patrimonio confiado para obtener un lucro indebido o causar daño.
¿El phishing siempre entra en el art. 173 inc. 16?
No automáticamente. El encuadre depende de cómo fue la maniobra, qué rol tuvieron las credenciales, si hubo uso no autorizado de datos o manipulación informática y cómo se produjo la disposición patrimonial.
¿La estafa procesal existe por perder un juicio con prueba débil?
No. En general hace falta un elemento fraudulento externo apto para engañar al tribunal y quebrar el contradictorio, como documentos o pruebas adulteradas.
¿Qué castiga el art. 175 bis sobre usura?
Castiga el aprovechamiento de necesidad, ligereza o inexperiencia para imponer intereses o ventajas evidentemente desproporcionadas, y también la circulación consciente de créditos usurarios.
En este bloque conviene litigar con especial cuidado la línea entre fraude penal e incumplimiento civil o comercial. En estafa, administración fraudulenta, fraude al Estado o fraudes digitales, la diferencia fina suele estar en la estructura del ardid, el perjuicio, la calidad del sujeto activo y la trazabilidad probatoria de cada operación.
Recursos penales útiles — estafa, fraude digital y defraudaciones
Esta ficha conviene cruzarla con jurisprudencia y páginas de servicio sobre fraude digital, estafas bancarias, querella penal y reclamos civiles cuando el conflicto excede el núcleo puramente penal.
Si el caso ya involucra phishing, home banking, cuentas puente, secuestro de celulares o trazabilidad digital, cruzá esta ficha con la defensa penal en estafas y ciberdelitos.
