Phishing, Smishing y Pharming en el Proceso Penal Argentino

Resumen del Artículo

El crecimiento exponencial de los fraudes bancarios digitales ha puesto en jaque la dogmática penal clásica[cite: 440]. Términos como phishing, smishing y pharming suelen usarse erróneamente como sinónimos en las denuncias, generando imputaciones imprecisas y procesos probatorios frágiles[cite: 441, 443].

Este trabajo analiza por qué estas no son simples etiquetas técnicas, sino modalidades que definen si estamos ante una Estafa (Art. 172 CP) o una Defraudación Informática (Art. 173 inc. 16 CP) [cite: 444], y examina la problemática defensa de los titulares de cuentas destinatarias ("mulas").

1. La Batalla de la Tipicidad: ¿Estafa o Defraudación Informática?

No todo ciberfraude es igual. En el Phishing y el Smishing, el núcleo del delito es la ingeniería social: la víctima es inducida a error y entrega voluntariamente sus credenciales[cite: 449, 451]. Aquí, el encuadre correcto es la Estafa (Art. 172 CP), pues el error humano es el motor del despojo[cite: 472, 473].

En cambio, el Pharming implica una manipulación técnica de la infraestructura (DNS, malware) donde la voluntad de la víctima es irrelevante[cite: 460]. Al no haber error humano directo, la calificación legal debe desplazarse hacia la Defraudación Informática (Art. 173 inc. 16 CP) . Confundir estas figuras lleva a estrategias de defensa y acusación erróneas[cite: 478].

2. Prueba Digital y el Problema de la Identidad

En la práctica forense, los expedientes se llenan de capturas de pantalla que carecen de garantía de integridad y trazabilidad [cite: 484]. Una captura no prueba el origen del mensaje ni la identidad del remitente[cite: 485].

Más grave aún es la imputación basada únicamente en direcciones IP[cite: 491]. Debido al uso de CGNAT por los proveedores de internet en Argentina, una sola IP pública puede ser compartida por cientos de usuarios simultáneos[cite: 492, 493]. Sin el puerto de origen (source port), la IP no individualiza a una persona[cite: 494]. Tratar a la IP como una "identidad penal" es un error técnico que vulnera la presunción de inocencia[cite: 495, 496].

3. Conclusión

Tipificar correctamente, distinguir roles (especialmente en el caso de sujetos instrumentalizados o "mulas" ) y exigir prueba técnica de calidad no son obstáculos procesales, sino exigencias del Estado de Derecho[cite: 562]. Validar evidencia digital sin control convierte al proceso penal en una reacción improvisada frente a la complejidad tecnológica[cite: 563].

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