Código Penal ArgentinoArtículos 189 bis y 189 ter

El artículo 189 bis protege la seguridad pública como bien supraindividual. La lógica del capítulo no está centrada en una víctima concreta sino en el riesgo que proyectan armas, explosivos y materiales altamente peligrosos sobre la comunidad en general.

Justamente por eso gran parte del debate dogmático gira sobre los delitos de peligro abstracto: la ley presume el riesgo y castiga la mera tenencia, portación o acopio sin exigir que el Ministerio Público pruebe un peligro concreto para una persona determinada. Allí aparece la crítica clásica por proporcionalidad, sobre todo cuando se comparan estas escalas con delitos donde el peligro concreto ya está materializado.

Dentro del propio inciso 1 conviene separar dos figuras muy distintas. Los dos primeros párrafos describen un tipo doloso con finalidad específica: adquirir, fabricar, suministrar, sustraer o tener esos materiales, o dar instrucciones para prepararlos, con el fin de contribuir a delitos contra la seguridad común o causar daños en máquinas o en la elaboración de productos. El tercer párrafo, en cambio, castiga la simple tenencia sin autorización o sin justificación doméstica o industrial, con una escala menor y sin exigir esa finalidad ulterior. Esa diferencia subjetiva suele definir la defensa: si la acusación pretende la escala de cinco a quince años, debe probar el propósito específico y no basta con el mero hallazgo del material.

El inciso 2 concentra varias escalas con consecuencias procesales muy distintas: la tenencia de arma de uso civil sin autorización se reprime con seis meses a dos años —prescripción de dos años y probation procedente en la mayoría de los casos—; la tenencia de arma de guerra, con dos a seis años —prescripción de seis años y mayores dificultades para soluciones tempranas—; la portación de arma de uso civil, con uno a cuatro años —prescripción de cuatro años—; y la portación de arma de guerra, con tres años y seis meses a ocho años y seis meses —prescripción cercana a los ocho años y excarcelación mucho más difícil—. A eso se agrega la agravante del último párrafo, de cuatro a diez años, cuando el portador registra ciertos antecedentes o se encuentra gozando de excarcelación o exención de prisión anterior. Por eso, desde la primera actuación defensiva, la clasificación del arma y la distinción entre tenencia y portación son el dato que más mueve la estrategia.

La distinción central del inciso 2 es entre tenencia y portación. En términos dogmáticos y forenses, la tenencia supone custodia o disponibilidad del arma sin llevarla consigo en condiciones de uso inmediato; la portación exige traslado corporal del arma en espacio público o de acceso público con disponibilidad inmediata para su empleo.

También es decisivo distinguir si el arma es de uso civil o de guerra. Esa clasificación no la define la intuición del tribunal, sino el régimen técnico que surge del Decreto 395/75 y de la reglamentación aplicada por el organismo de control —antes RENAR, hoy ANMaC—. En la práctica, la prueba relevante suele combinar pericia balística e informe administrativo sobre el modelo, calibre, mecanismo y categoría registral del arma. Cuando se trata de armas artesanales, modificadas o de origen incierto, esa calificación puede volverse especialmente discutible.

Por eso las pericias importan tanto. Cuando el caso discute si había o no disponibilidad inmediata real, la defensa suele jugar fuerte sobre aptitud del arma, estado de la munición, forma de secuestro, cadena de custodia y alcance exacto de la pericia balística.

El inciso 2 combina figuras base, atenuantes y una agravación especialmente discutida. La primera reducción está pensada para el tenedor autorizado que no cuenta con habilitación de portación: exige que el imputado tenga vigente una credencial de tenencia para esa arma específica, pero que la lleve consigo fuera del ámbito permitido. La segunda reducción es más amplia y más discrecional: procede cuando, por las circunstancias del hecho y las condiciones personales del autor, resulte evidente la falta de intención de utilizar el arma con fines ilícitos.

En la práctica, esa segunda válvula suele discutirse en supuestos como traslado al polígono o al taller, olvido del arma descargada en el vehículo o contexto profesional que hace verificable un uso legítimo previo. En ambos casos la ley autoriza reducir en un tercio el mínimo y el máximo de la escala, pero además impone inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena. No es una atenuación automática: debe ser pedida, probada y narrada de modo persuasivo por la defensa.

Ese último tramo suele leerse críticamente porque desplaza el centro del reproche desde el hecho actual hacia rasgos biográficos o procesales del autor. En litigio concreto, allí aparecen objeciones por proporcionalidad, presunción de inocencia y derecho penal de acto. El argumento defensivo más fuerte es que la agravante por antecedentes o por una excarcelación anterior vuelve a castigar un dato ya consumido o incluso un estado procesal que todavía no destruye la inocencia. La jurisprudencia ha sido oscilante: una línea la convalida como opción legislativa de política criminal; otra la mira con desconfianza por su cercanía con el derecho penal de autor y por el riesgo de ne bis in idem material.

Los incisos 3, 4 y 5 empujan el análisis hacia el mercado ilegal de armas. Ya no se trata sólo del portador individual, sino del almacenamiento, la fabricación clandestina, la provisión a terceros no habilitados y la destrucción de la trazabilidad registral del arma mediante supresión o adulteración de guarismos.

El acopio no depende de un número mágico de armas o municiones. La jurisprudencia suele trabajar con un criterio cualitativo y contextual: cantidad incompatible con el uso personal, diversidad de calibres, modo de almacenamiento, ausencia de documentación y signos de circulación hacia terceros. Varias armas sin habilitación, o una sola arma acompañada por gran cantidad de municiones de distintos calibres, pueden mover el caso desde la mera tenencia hacia el acopio, con un salto de escala que cambia por completo la situación procesal.

El inciso 5, a su vez, contiene dos conductas distintas. Por un lado, sanciona al fabricante habilitado que omite grabar el número o asigna a dos o más armas una numeración idéntica, quebrando el deber de trazabilidad desde el origen. Por otro, reprime la conducta más frecuente en el litigio real: adulterar o suprimir el número o grabado de un arma ya fabricada. Esta segunda modalidad vuelve al arma casi inrastreable y facilita su circulación en el mercado ilícito, lo que explica la severidad de la escala y de la inhabilitación asociada.

En causas complejas estas figuras suelen cruzarse con encubrimiento, organización criminal, secuestros o robos calificados. La clave práctica pasa por reconstruir de dónde vino el arma, quién la entregó, quién la tuvo y qué función cumplía dentro del circuito ilícito.

En la práctica editorial y en búsquedas de usuarios, el tramo “189 bis a 189 ter” sigue apareciendo porque durante años se trabajó sobre esa secuencia y porque todavía existen páginas, manuales y comentarios históricos que la mencionan. Pero en el texto oficial vigente el 189 ter ya no funciona como tipo penal autónomo operativo.

Para hechos actuales, la discusión técnica del capítulo se concentra en el artículo 189 bis y en la normativa complementaria sobre clasificación de armas, control administrativo y materiales fiscalizados. El artículo 189 ter sólo vuelve a escena cuando se estudia evolución legislativa, sucesión de leyes penales o versiones anteriores del Código.