Art. 9 — Ley 27.401Exención: autodenuncia, controles previos y devolución del beneficio

1. El art. 9 exige simultaneidad: no hay tres vías alternativas

La estructura legal es acumulativa. Para que opere la exención deben concurrir, al mismo tiempo, denuncia espontánea nacida de una actividad propia de detección e investigación interna, un sistema previo de control y supervisión adecuado en los términos de los arts. 22 y 23 cuya violación haya exigido un esfuerzo de los intervinientes, y devolución del beneficio indebido obtenido.

La falta de cualquiera de esos presupuestos impide afirmar que el art. 9 se encuentra configurado. Eso no vuelve irrelevantes los demás datos: la autodenuncia, la conducta posterior, los controles internos o la reparación pueden proyectarse sobre otros institutos, especialmente la graduación del art. 8 o la negociación de un Acuerdo de Colaboración Eficaz.

Por eso conviene separar tres preguntas: si existe responsabilidad atribuible a la persona jurídica, si concurren todos los requisitos de la exención y, si no concurren, qué efectos residuales pueden tener la cooperación, los controles y la reparación.

2. La consecuencia textual comprende pena y “responsabilidad administrativa”

El encabezado legal se titula “Exención de pena”, pero el cuerpo del art. 9 dispone expresamente que la persona jurídica quedará eximida de pena y responsabilidad administrativa. Esa segunda consecuencia no debe desaparecer del análisis.

Al mismo tiempo, la ley no define en este artículo el perímetro completo de esa “responsabilidad administrativa” ni resuelve expresamente su interacción con todos los regímenes administrativos, regulatorios, disciplinarios o contractuales que puedan operar de manera autónoma. Con las fuentes disponibles al corte, no es seguro convertir la fórmula en una inmunidad general frente a cualquier autoridad administrativa o frente a consecuencias contractuales ajenas a la Ley 27.401.

La formulación prudente es, entonces, doble: la exención legal incluye literalmente la responsabilidad administrativa; el alcance concreto frente a un régimen administrativo externo requiere revisar la norma sectorial, la identidad del hecho sancionado, la autoridad competente y la eventual concurrencia de responsabilidades.

3. La autodenuncia debe nacer de detección e investigación interna propia

El inciso a) exige más que una presentación voluntaria. La denuncia debe ser consecuencia de una actividad propia de detección e investigación interna. En un caso concreto importa reconstruir cómo apareció la alerta, quién la recibió, qué medidas de preservación y análisis se adoptaron, qué información se obtuvo y cuándo la organización decidió reportar.

La ley no fija un plazo de horas o días ni define exhaustivamente cuándo se pierde la “espontaneidad”. La OCDE volvió a señalar en 2026 que sigue abierta la cuestión de si el delito reportado debe ser desconocido para las autoridades y que no existe jurisprudencia que haya interpretado el art. 9.

Por eso, el dato de que exista una investigación estatal previa, una denuncia de tercero, un requerimiento o conocimiento parcial de la autoridad no admite una respuesta automática en abstracto. La cronología y el grado de conocimiento estatal son hechos centrales que deben probarse.

4. “Espontánea” no equivale a una fórmula ritual: la cronología probatoria es decisiva

La evaluación de espontaneidad exige documentar, como mínimo, fecha y fuente de la alerta interna, apertura de la investigación, preservación de evidencia, entrevistas o revisiones realizadas, nivel de conocimiento de la dirección, decisiones adoptadas y momento exacto de la presentación ante la autoridad.

La OCDE recomendó que el régimen aclare que la exención se vincule con la autodenuncia de un delito cometido por la propia persona jurídica y con una investigación interna apropiada que reporte la irregularidad relevante. Esa es una recomendación internacional, no un requisito agregado al texto vigente por vía interpretativa.

En ausencia de un holding judicial, no corresponde afirmar que la espontaneidad se pierde necesariamente por un hecho único —por ejemplo, la mera existencia de rumores, una actuación administrativa preliminar o información fragmentaria en poder del Estado— sin examinar el caso.

5. El sistema de control debe ser previo al hecho y adecuado a la organización concreta

El inciso b) remite expresamente a los arts. 22 y 23. No basta con exhibir un código de ética, una certificación o una carpeta de políticas confeccionada después del hecho. El sistema debe existir con anterioridad al hecho del proceso y ser adecuado a los riesgos propios de la actividad, la dimensión y la capacidad económica de la organización.

Los Lineamientos de Integridad de la Oficina Anticorrupción son una guía técnica relevante para analizar diseño y funcionamiento, pero no sustituyen a la ley ni crean una presunción automática de adecuación. La propia OA advierte que los mecanismos allí descriptos no deben aplicarse mecánicamente y que la presencia de los elementos mínimos no garantiza, por sí sola, que el programa sea adecuado.

La prueba puede abarcar evaluación de riesgos, controles sobre interacciones con el sector público y terceros, segregación de funciones, circuitos de aprobación, capacitación, canales de denuncia, respuesta a alertas, investigaciones internas, monitoreo y ajustes efectivamente realizados. Lo central es demostrar cómo funcionaba el sistema en la organización real.

6. “Cuya violación hubiera exigido un esfuerzo”: el foco está en barreras reales y en cómo fueron sorteadas

La ley exige algo adicional a la existencia de un programa adecuado: que su vulneración hubiera requerido un esfuerzo de los intervinientes. El texto no define una escala de esfuerzo ni un test cuantificado.

En términos probatorios, la pregunta es si para cometer el hecho fue necesario eludir autorizaciones, ocultar información, falsear respaldos, manipular registros, utilizar terceros, fraccionar operaciones, sortear controles de acceso o aprovechar excepciones de modo deliberado. También importa el reverso: si el hecho pudo ejecutarse sin encontrar ninguna barrera relevante, eso debilita la pretensión de mostrar un sistema eficaz, aunque existan políticas formalmente correctas.

Certificaciones privadas, registros o autoevaluaciones pueden ser evidencia contextual, pero la Ley 27.401 no les atribuye por sí solas efecto liberatorio. La adecuación y la dificultad real para vulnerar controles deben relacionarse con el hecho investigado.

7. La investigación interna debe producir trazabilidad, no sólo una conclusión corporativa

Si la exención depende de una actividad propia de detección e investigación, cobra especial valor poder reconstruir qué se investigó y con qué evidencia. Son relevantes la preservación de correos y documentos, logs, registros de aprobación, información contable, contratos, comunicaciones con terceros y una cronología verificable de las decisiones internas.

Esto no significa que el art. 9 regule de manera completa el secreto profesional, el tratamiento de dispositivos, los derechos de empleados o la forma de cada entrevista. Esas cuestiones dependen del régimen procesal, laboral, constitucional y de protección de datos aplicable. El art. 23 sólo aporta una directriz general: las investigaciones internas deben respetar los derechos de los investigados.

La utilidad del registro interno es doble: sustentar la espontaneidad y permitir evaluar si el programa funcionaba realmente antes del hecho, sin convertir el expediente de compliance en una reconstrucción confeccionada a posteriori.

8. La intervención de alta dirección no tiene una excepción expresa en el texto vigente

El art. 9 no contiene una cláusula que excluya la exención por el solo hecho de que hayan intervenido directores o altos ejecutivos. La OCDE cuestionó esta posibilidad y recomendó modificar el régimen para impedir que la defensa opere, en materia de soborno transnacional, cuando altos responsables hayan cometido, dirigido o autorizado el hecho.

Al corte del 26/08/2026 esa recomendación no se incorporó al texto del art. 9. Por lo tanto, no corresponde publicar la propuesta de la OCDE como si fuera una limitación legal vigente; sí es relevante para mostrar que el alcance del instituto continúa controvertido y bajo evaluación internacional.

9. La devolución recae sobre el beneficio indebido obtenido, no sobre cualquier magnitud económica del caso

El inciso c) utiliza una fórmula distinta de la multa del art. 7.1. Para la exención exige devolver el beneficio indebido obtenido; no menciona aquí el beneficio que “se hubiese podido obtener”. Tampoco identifica automáticamente ese beneficio con el monto del soborno, el valor total de un contrato, la facturación asociada o la utilidad contable.

En casos complejos puede ser necesaria una reconstrucción contable y financiera que separe precio, costos, margen, ventajas indirectas, continuidad de contratos u otras consecuencias económicas. La OCDE informa que las autoridades argentinas sostuvieron que, si el beneficio no puede restituirse materialmente porque fue consumido o transferido, debería abonarse un equivalente. Esa posición institucional no aparece expresamente en la letra del art. 9 y todavía no existe práctica judicial que defina su aplicación.

La documentación de la devolución debe permitir identificar qué se considera beneficio, cómo se cuantificó, cuándo se restituyó y a quién, evitando que una estimación útil para una multa se traslade sin más al requisito del inciso c).

10. Art. 9, art. 8 y colaboración eficaz responden a lógicas distintas

La exención del art. 9 no debe confundirse con la graduación de sanciones ni con la cooperación negociada. El art. 8 permite considerar, entre otros factores, el incumplimiento de reglas internas, la omisión de vigilancia, la denuncia espontánea, la conducta posterior y la reparación. Los arts. 16–21 regulan un Acuerdo de Colaboración Eficaz con negociación, obligaciones, control judicial y verificación propios.

También los arts. 22–23 cumplen una función diferente: definen y desarrollan el Programa de Integridad que puede integrar el presupuesto del art. 9.b, pero el programa no constituye por sí solo una exención. El mismo sistema puede ser relevante en diferentes momentos y con consecuencias distintas.

La secuencia analítica más segura es: primero determinar si existe un hecho del catálogo atribuible a la persona jurídica; luego examinar separadamente si se reúnen todos los requisitos del art. 9; y, si la exención no procede, valorar qué incidencia tienen la organización, la cooperación y la reparación en los restantes institutos de la ley.