Artículo 34 — Ley 23.737Competencia federal, desfederalización y conflictos jurisdiccionales

El texto original de 1989 atribuía todos los delitos de la Ley 23.737 a la justicia federal. La Ley 26.052 modificó ese diseño en 2005 y permitió que cada provincia —y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— optara por asumir un grupo limitado de casos.

Por eso no alcanza con saber que el hecho ocurrió en una provincia adherida. Primero hay que identificar qué conducta se investiga y comprobar si está efectivamente dentro del catálogo transferible.

La enumeración es taxativa: determinadas modalidades minoristas de los incisos c) y e) del art. 5 cuando la droga está fraccionada en dosis destinadas directamente al consumidor; los dos supuestos atenuados finales del mismo artículo; el art. 14; el art. 29; y los arts. 204, 204 bis, 204 ter y 204 quater del Código Penal.

No existe una cláusula que permita extender la transferencia por semejanza a otras figuras. La competencia local depende de que el caso concreto encaje en uno de esos supuestos.

El art. 7 —organización o financiación— y el art. 29 bis —confabulación— no aparecen en el listado del art. 34. Por eso una pesquisa que comienza como venta minorista local puede revelar posteriormente una dimensión organizativa o preparatoria que requiera intervención federal.

La regla evita identificar automáticamente “drogas fraccionadas” con “caso provincial”: debe investigarse si se está ante el último eslabón o ante una pieza de una estructura más amplia.

El art. 3 de la Ley 26.052 —sustituido por la Ley 27.502— dispone que conocerá la justicia federal cuando la causa tenga conexidad subjetiva u objetiva con otra sustanciada en ese fuero. Y si se plantea una contienda, la investigación queda a cargo de la justicia federal hasta que se resuelva.

A ello se suma el art. 4 de la Ley 26.052: en caso de duda sobre la competencia, prevalece la justicia federal. Esas reglas funcionan como resguardo contra una fragmentación prematura de investigaciones conectadas.

La página oficial del Ministerio de Justicia identifica actualmente trece jurisdicciones que adoptaron la desfederalización: Buenos Aires, Córdoba, Salta, Formosa, Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Tucumán, Jujuy, Santa Fe, Neuquén y Corrientes.

La fecha de adhesión no siempre coincide con la implementación material. Por eso, para un caso concreto, debe controlarse no sólo que exista una ley de adhesión sino también desde cuándo opera efectivamente la competencia en esa jurisdicción.

Buenos Aires adhirió al régimen mediante la Ley 13.392 y el Ministerio Público bonaerense continúa describiendo su competencia como limitada al último eslabón de comercialización, suministros y tenencias comprendidos por la desfederalización.

Estado legislativo al 23/08/2026: existe el proyecto E-315/2026-2027 del Senado bonaerense, ingresado el 06/07/2026, que propone derogar la Ley 13.392. El expediente tiene asignadas las comisiones de Legislación General y Asuntos Constitucionales y Acuerdos; la ficha legislativa lo registra actualmente en estudio en Legislación General. Ese proyecto no modifica hoy la competencia vigente.

Mientras no exista una ley derogatoria vigente, la Ley 13.392 continúa siendo el punto normativo provincial aplicable.

La Ciudad aceptó mediante la Ley 5.935 la transferencia de competencias prevista por la Ley nacional 26.702. El Ministerio Público Fiscal porteño organizó posteriormente la intervención especializada en los delitos de la Ley 23.737 transferidos a la justicia local, incluida la comercialización minorista, tenencias y otros supuestos enumerados por el art. 34.

Tampoco en CABA la transferencia equivale a que todo hecho relacionado con drogas sea local: las hipótesis federales, conexas o aduaneras conservan sus propias reglas de competencia.

Un expediente puede comenzar con una denuncia por venta de dosis al consumidor y, luego de tareas de investigación, exhibir proveedores interjurisdiccionales, organización, financiación, contrabando u otras conexiones. Resolver el fuero antes de delimitar mínimamente el hecho puede cortar la investigación precisamente donde empieza la estructura superior.

Por eso la jurisprudencia de competencia exige evitar declinatorias prematuras y describir con suficiente precisión los hechos y encuadres jurídicos posibles antes de decidir quién debe investigar.

“Ley 23.737” no significa automáticamente “CPPN”. Si el hecho transferido tramita en Provincia de Buenos Aires, el procedimiento se rige por el sistema bonaerense; en CABA, por el sistema local; y en causas federales debe atenderse al régimen procesal federal efectivamente vigente en la jurisdicción correspondiente.

La secuencia correcta es hecho y calificación → competencia → fuero → código procesal aplicable. El desarrollo general de ese problema pertenece al owner del sitio sobre competencia, fuero y código aplicable.

La Ley 27.502 incorporó mesas de intercambio con jueces federales, MPF nacional, fiscales y/o jueces locales y PROCUNAR. La finalidad institucional es que el reparto material de competencias no se convierta en compartimentos estancos.

PROCUNAR identifica históricamente la atomización de investigaciones y el posible entorpecimiento de pesquisas federales como uno de los principales riesgos de la desfederalización. La coordinación, entonces, no es accesoria: forma parte del diseño legal contemporáneo.

Para que una modalidad de los incisos c) o e) del art. 5 ingrese en la excepción del art. 34.1 no alcanza con rotular el hecho como “venta de drogas”. La norma exige que se trate de estupefacientes fraccionados en dosis destinadas directamente al consumidor: el supuesto paradigmático es el último eslabón del comercio al menudeo.

El estado material de la sustancia es relevante, pero la competencia no debería decidirse con una regla automática basada sólo en gramos, cantidad de envoltorios o presencia de una balanza. La investigación debe reconstruir qué función cumple la persona dentro de la cadena, si vende al consumidor final, si abastece a otros vendedores, si existen proveedores identificados, desplazamientos interjurisdiccionales, depósitos, distribución u otros datos que revelen un nivel superior.

La práctica de conflictos de competencia muestra los dos sentidos. En C., Nahuel Martín (PGN, 27/06/2024), una pequeña cantidad y las constancias reunidas no mostraban todavía una dimensión que justificara el fuero federal, por lo que se propició la competencia local, sin perjuicio de la investigación posterior. En G., Leonel Eloi y otros (PGN, 01/04/2025), en cambio, coexistían material no fraccionado, elementos de corte y fraccionamiento y, sobre todo, datos de una estructura de abastecimiento: la Procuración entendió que no se trataba del último eslabón y sostuvo la competencia federal.

Regla práctica: fraccionamiento, cantidad y elementos de corte son indicios; el punto jurídico decisivo es si el hecho concreto encaja realmente en el microtráfico transferido o revela una cadena de tráfico que excede al consumidor final. Si la investigación todavía no permite saberlo, las reglas de la Ley 26.052 sobre investigación suficiente, conexidad y duda impiden una declinatoria apresurada.