Artículo 30 — Ley 23.737Pericia, conservación de muestras, destrucción y decomiso

El art. 30 no crea una conducta delictiva autónoma. Opera sobre sustancias, elementos y bienes ya vinculados a una causa por la Ley 23.737. Su contenido combina reglas probatorias, reglas de seguridad y disposición de los estupefacientes y reglas patrimoniales sobre instrumentos y beneficios.

Por eso debe leerse junto con el tipo penal investigado —por ejemplo, el art. 5 o el art. 14— y con el código procesal aplicable a la jurisdicción de la causa.

La secuencia normativa es inequívoca: antes de destruir, debe practicarse una pericia destinada a establecer naturaleza, calidad y cantidad. Esos tres extremos no son equivalentes. Identificar qué sustancia existe, documentar sus características relevantes y cuantificar el material forman parte del soporte técnico sobre el que luego pueden construirse materialidad y calificación.

La regulación técnica vigente agrega detalle metodológico. La Resolución 716/2026 actualizó el protocolo federal de análisis con contenidos mínimos del informe, criterios de muestreo y requisitos analíticos para estupefacientes, psicotrópicos y nuevas sustancias psicoactivas.

La ley ordena conservar las muestras necesarias para la sustanciación de la causa o para eventuales nuevas pericias. Esa previsión es el puente entre la destrucción temprana de grandes cantidades y la posibilidad de control posterior del resultado pericial.

Una discusión seria no debería reducirse a “la droga fue destruida”. Eso puede ser exactamente lo que ordena la ley. Las preguntas relevantes son otras: qué se peritó, cómo se seleccionaron las muestras, cómo se identificaron, qué trazabilidad tuvieron y qué material quedó disponible para un examen posterior.

Si la muestra reservada es inexistente, insuficiente, no representativa o llega degradada de modo que una nueva pericia ya no puede reproducir razonablemente el examen, el problema deja de ser una mera irregularidad documental y puede afectar el contradictorio probatorio. Tampoco aquí existe una nulidad automática por etiqueta: deben analizarse el perjuicio concreto, la posibilidad de reconstruir o reproducir el examen y las reglas procesales aplicables.

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Después de la pericia y la separación de muestras, el texto legal ordena que la destrucción se realice en acto público dentro de los cinco días, con presencia del juez o secretario y dos testigos, invitación a las autoridades competentes y un acta incorporada al expediente.

La Resolución 1275/2017 complementa ese circuito para las fuerzas federales con un protocolo de trazabilidad y destrucción destinado a documentar preservación, traslado, custodia y disposición. El sistema busca impedir pérdida, sustracción o adulteración del material desde el secuestro hasta su destrucción.

La existencia de esas formalidades no autoriza, sin embargo, a afirmar que cualquier irregularidad produce por sí sola una nulidad automática. El art. 30 no contiene esa sanción general. La consecuencia procesal depende del defecto concreto, del perjuicio, de la posibilidad de control y de las reglas del código procesal aplicable.

El art. 30 no establece por sí mismo que el defensor deba ser citado al acto público de destrucción: enumera al juez o secretario, dos testigos y la invitación a autoridades competentes. No corresponde convertir esa omisión en un derecho de presencia que el texto especial no formula.

El control defensivo más importante aparece antes de destruir, en la pericia y en la suficiencia de las muestras reservadas. En las causas que todavía tramitan bajo el CPPN, los arts. 258 y 259 disponen la notificación a los defensores antes de las operaciones periciales —salvo los supuestos excepcionales que el propio código contempla— y permiten proponer perito de parte. Si la pericia ya se realizó por urgencia o extrema simplicidad, el código preserva la posibilidad de examinar sus resultados mediante otro perito y pedir su reproducción si fuera posible.

La defensa puede solicitar que se le comunique la fecha de destrucción, dejar planteadas objeciones sobre muestreo, identidad o cantidad de reserva y pedir medidas de control; pero la procedencia concreta depende del código procesal y de la jurisdicción. No debe confundirse la publicidad del acto con una regla universal de citación personal de las partes.

La Resolución 716/2026 sustituyó el Anexo II de la Resolución 1275/2017 y entró en vigencia el 27/07/2026, fecha de su publicación en el Boletín Oficial. La actualización declara como objetivos mejorar la trazabilidad del razonamiento pericial, uniformar criterios entre laboratorios y adecuar el análisis a sustancias sintéticas y nuevas sustancias psicoactivas.

Para una causa contemporánea importa la fecha de la pericia: no corresponde evaluar un informe de años anteriores como si hubiese sido producido bajo una directriz técnica dictada después, ni ignorar el protocolo vigente cuando la pericia es posterior a esa fecha.

El tercer párrafo habilita, a solicitud del Registro Nacional de Precursores Químicos del art. 44, la entrega de una muestra destinada a determinar naturaleza y cantidades de precursores y sustancias químicas presentes.

Esta vía no reemplaza la pericia judicial previa ni las muestras reservadas para el proceso. Es una previsión específica vinculada al control de precursores.

El último párrafo dispone el comiso de bienes e instrumentos empleados para cometer el delito y la incautación del beneficio económico obtenido. La regla no significa que todo bien secuestrado en una investigación quede automáticamente perdido.

La excepción protege a la persona ajena al hecho cuando elementos objetivos acreditan que no podía conocer el empleo ilícito. La jurisprudencia de Casación exige identificar la relación entre el bien y la actividad delictiva, en diálogo con el régimen general del art. 23 del Código Penal. La titularidad registral, por sí sola, tampoco resuelve el problema: deben probarse el uso, el origen o el nexo relevantes y respetarse las posibilidades de contradicción de los terceros afectados.

Desde 2025, el art. 39 y el régimen aprobado por el Decreto 575/2025 regulan además la administración y el destino de bienes cautelados y recuperados en causas nacionales y federales.

La regla general del art. 23 CP parte de una condena. El propio Código admite decomiso definitivo sin condena para determinados delitos y bajo presupuestos específicos; esa excepción no puede trasladarse automáticamente a cualquier causa por Ley 23.737. Puede adquirir relevancia, por ejemplo, cuando en la misma investigación existen delitos del Título XIII del Código Penal —como lavado de activos— y se cumplen sus requisitos.

El art. 39 vigente de la Ley 23.737, según el Decreto 575/2025, dispone que, salvo que se hubiese resuelto antes, la sentencia condenatoria decidirá definitivamente sobre los bienes recuperados y el beneficio económico del art. 30. Por eso, ante sobreseimiento, absolución, prescripción, fuga o fallecimiento, no existe una respuesta única: debe identificarse cuál es la base legal concreta que se invoca para mantener, devolver o decomisar el bien.

La extinción de dominio, en cambio, es una acción civil patrimonial autónoma e independiente regulada por el Decreto 62/2019. El hecho de que el Decreto 575/2025 organice conjuntamente la administración de bienes provenientes de procesos penales y de extinción de dominio no fusiona ambas vías judiciales.

El Decreto 575/2025 fue dictado como decreto de necesidad y urgencia con fundamento en el art. 99 inc. 3 de la Constitución y modificó, entre otras normas, el art. 39 de la Ley 23.737. Esa naturaleza debe distinguirse de una reforma aprobada por ley formal del Congreso.

También debe evitarse otra simplificación: el régimen argentino no establece que un DNU caduque por falta de “ratificación” dentro de un plazo. Conforme al art. 24 de la Ley 26.122, el rechazo expreso por ambas Cámaras implica su derogación, quedando a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia. La situación normativa debe verificarse nuevamente si el Congreso adopta una decisión expresa sobre este decreto.

Para evaluar correctamente la prueba material conviene reconstruir, sin saltos: secuestro → identificación y embalaje → custodia/traslado → muestreo → pericia → control de partes → reserva de muestras → destrucción y acta. Un problema en una etapa no permite presumir automáticamente que todo el resto sea inválido, pero tampoco debe ocultarse detrás de la existencia de un informe final.

El punto jurídico es determinar si la evidencia que llega al proceso conserva suficiente identidad, trazabilidad y posibilidad de contradicción para sostener las conclusiones que se pretenden extraer de ella.