Artículo 8 — Ley 11.179 Establecimientos especiales para menores de edad y mujeres

En materia juvenil, el art. 8 no puede leerse hoy de modo aislado. Durante décadas, su aplicación estuvo mediada por la ley 22.278 y su modificatoria 22.803, que organizaron el viejo régimen penal de la minoridad. Ese régimen sigue siendo relevante para hechos anteriores y para los problemas de derecho transitorio que dejó abiertos el cambio legislativo de 2026.

Desde la promulgación de la ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil el 9 de marzo de 2026, el punto de referencia principal pasó a ser un sistema especializado para adolescentes de catorce a menos de dieciocho años. Si el encierro resulta indispensable, la ley exige instituciones o dependencias especialmente acondicionadas, personal idóneo y separación respecto de personas adultas, con una lógica de última ratio y de mínima duración compatible con el caso.

Además, el art. 8 debe integrarse con el art. 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ordena tratar a todo niño privado de libertad con humanidad y separarlo de los adultos salvo que ello sea contrario a su interés superior, y con los estándares de las Reglas de Beijing y las Reglas de La Habana, que refuerzan la especialización institucional, la excepcionalidad del encierro y la orientación socioeducativa del régimen juvenil.

Respecto de las mujeres, el art. 8 fue concretado por la ley 24.660 de ejecución penal, que exige organización separada para mujeres y prevé reglas específicas para embarazo, puerperio, salud y vínculo materno-filial. Por eso, la especialidad no se agota en la separación física: también exige condiciones compatibles con la dignidad, la atención sanitaria y las necesidades diferenciales del encierro femenino.

Entre esas reglas se destacan las dependencias especiales para internas embarazadas y puérperas y el régimen del art. 195 de la ley 24.660, que permite que la interna retenga consigo a sus hijos menores de cuatro años. Pero ese dato no agota el problema práctico: el art. 10 del Código Penal y el art. 32 de la ley 24.660 abren, además, la vía de la detención domiciliaria para la mujer embarazada y para la madre de un niño menor de cinco años o de una persona con discapacidad a su cargo.

Esa tensión entre el límite de cuatro años del alojamiento intramuros y el de cinco años de la domiciliaria importa de verdad en litigio: muestra que el “establecimiento especial” del art. 8 no reemplaza por sí solo la obligación judicial de evaluar soluciones menos lesivas cuando el embarazo, la maternidad o el interés superior del niño tornan desproporcionado el encierro.

En esta materia también funcionan como estándar interpretativo las Reglas de Bangkok, que exigen atender las necesidades específicas de las mujeres privadas de libertad y favorecer alternativas no privativas de libertad cuando resulten compatibles con la protección de la sociedad y con los fines del proceso.

La redacción del art. 8 es binaria y antigua: habla de “menores de edad y mujeres”. Hoy eso genera un problema adicional cuando el alojamiento penitenciario involucra a personas trans o de géneros diversos.

La ley 26.743 había empujado una lectura centrada en la identidad de género y en el trato conforme a la identidad autopercibida. Pero el decreto 61/2025, reglamentario del art. 176 de la ley 24.660, dispuso que la administración penitenciaria asigne el lugar de alojamiento, reubicación o traslado dentro de la misma jurisdicción según el sexo registrado al momento del hecho por el cual se ordenó la detención. Además, prohibió el alojamiento en establecimientos para mujeres de determinadas personas con rectificación registral posterior al hecho en los supuestos previstos por el propio decreto y ordenó denegar pedidos de reubicación fundados en rectificaciones posteriores cuando se las haga valer para obtener el traslado.

Ese viraje regulatorio generó un debate de alta intensidad constitucional y convencional. No puede darse por resuelto sólo por la literalidad del art. 8: exige integrar el Código Penal, la ley 26.743, la ley 24.660 y los estándares de dignidad, igualdad y no discriminación. Además, el decreto fue fuertemente cuestionado por organismos especializados de prevención de la tortura y derechos humanos, lo que confirma que se trata de una materia todavía abierta.

El art. 8 sigue vigente y conserva utilidad práctica. Su brevedad no lo vuelve irrelevante: funciona como piso mínimo de especialidad dentro del sistema de ejecución de la pena.

En un caso concreto puede ser decisivo para cuestionar alojamientos incompatibles con la edad, con la maternidad, con la identidad de género o con las necesidades sanitarias del encierro; para exigir trato diferenciado efectivo; para sostener la improcedencia de contactos con población adulta en materia juvenil; o para reforzar pedidos de hábeas corpus, morigeración, traslado o revisión del lugar de detención.