Artículo 25 — Ley 11.179 Locura sobreviniente durante la condena

La regla más importante del artículo es inequívoca: el tiempo de la locura se computa para el cumplimiento de la pena. El Estado no puede congelar el reloj de la condena sólo porque el penado haya sido trasladado a un dispositivo psiquiátrico, a un sector especial o a una internación involuntaria compatible con su cuadro clínico.

Esta solución tiene una base material muy fuerte: el sujeto sigue privado de libertad por decisión estatal. Cambia el título inmediato de alojamiento y la lógica terapéutica, pero subsiste una restricción ambulatoria impuesta por el sistema penal. Negar el cómputo implicaría transformar la internación en un castigo paralelo y potencialmente indefinido.

• ANo hay suspensión del cómputo. La pena sigue corriendo durante la internación.
• BNo hay “tiempo muerto”. El Estado no puede aprovechar la crisis de salud mental para extender de hecho la duración total del encierro.
• CLa regla es garantista. Limita el poder punitivo y evita una duplicación encubierta de coerción.

El final del artículo 25 agrega una cláusula decisiva: “sin que ello obste a lo dispuesto en el apartado 2° del inciso 1º del artículo 34”. Esa remisión muestra que el Código no imaginó simplemente una suspensión benigna de la ejecución, sino una articulación entre pena y medida de seguridad/internación.

En términos clásicos, el régimen es vicarial: la internación terapéutica reemplaza transitoriamente al modo ordinario de ejecución de la pena, pero el tiempo sigue computándose para la condena. El penado sale del circuito penitenciario ordinario y entra en un circuito de internación terapéutica, sin que eso habilite a naturalizar encierros psiquiátricos penales sin plazo ni revisión.

La terminología del Código es histórica y hoy resulta impropia. El artículo habla de “loco” y “locura”, pero su lectura actual debe hacerse a la luz de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el principio pro persona.

El cambio más fuerte es éste: la internación involuntaria ya no puede sostenerse sobre juicios abstractos de “peligrosidad”. El estándar vigente es el de riesgo cierto e inminente, evaluado por equipos interdisciplinarios y bajo control judicial, con preferencia por medidas menos restrictivas y por la atención comunitaria por fuera del manicomio o del pabellón penitenciario.

En otras palabras: el art. 25 subsiste, pero sólo puede aplicarse constitucionalmente si se lo depura con ese nuevo paradigma. La salud mental no autoriza automatismos ni depósitos humanos bajo rótulos psiquiátricos. En ejecución, además, esa lectura debe cruzarse con el art. 186 de la ley 24.660 y con el Decreto 603/2013, que reglamenta la Ley 26.657 y refuerza la lógica de control judicial, interdisciplinariedad y dispositivos menos restrictivos.

El problema verdaderamente delicado aparece cuando la condena llega a su vencimiento y el cuadro de salud mental persiste. Allí la respuesta garantista es nítida: agotada la pena, se agota el título penal de privación de libertad.

Si en ese momento todavía existe una situación clínica que justifique internación involuntaria, el fundamento ya no es la condena penal sino la legislación de salud mental y capacidad. Por eso, la salida correcta es el traspaso al fuero civil o de familia, con las reglas, controles y garantías propias de ese ámbito.

Pero existe también la hipótesis inversa, muy frecuente en la práctica: si la persona se estabiliza o recibe alta médica antes del vencimiento de la pena, el artículo 25 no la “deja afuera” definitivamente del sistema penitenciario. En principio, corresponde el retorno al régimen de ejecución ordinario para cumplir el resto de la condena, siempre con reevaluación clínica seria, adecuación del alojamiento y control judicial sobre las condiciones concretas del regreso.

En la práctica, el litigio serio sobre el artículo 25 gira sobre varios ejes que suelen aparecer juntos: (a) si el cuadro mental está verdaderamente acreditado; (b) si la internación es necesaria o hay alternativas menos restrictivas; (c) cómo se computa el tiempo; (d) cuándo debe cesar la competencia penal; y (e) qué pasa con la progresividad y los beneficios liberatorios mientras el penado está alojado en un dispositivo de salud mental.

La defensa no puede limitarse a discutir diagnósticos en abstracto. Tiene que controlar pericias, exigir intervención interdisciplinaria, reclamar audiencias contradictorias, cuestionar alojamientos penitenciarios inadecuados, vigilar la sobremedicación o los traslados arbitrarios y preparar, llegado el caso, tanto el regreso al régimen ordinario por alta médica como el paso a la jurisdicción civil cuando la pena se extingue.

En el ámbito federal, este conflicto no se da en el vacío: suele canalizarse a través de dispositivos específicos como el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino (PRISMA), creado para personas privadas de libertad con padecimientos mentales, y otros anexos o sectores psiquiátricos bajo órbita penitenciaria. Justamente por eso conviene dar intervención temprana al Órgano de Revisión de la Ley 26.657 y a la defensa especializada cuando el tratamiento empieza a funcionar de hecho como un encierro sin horizonte o como un dispositivo de mera contención custodial. Allí aparece un problema práctico serio: la “doble internación”, cuando el traslado terapéutico no saca a la persona del circuito penitenciario sino que opera como un mero cambio de pabellón sin las garantías materiales de la ley de salud mental.

Además, si el padecimiento aparece durante el proceso y no durante la condena, entran a jugar las reglas procesales específicas. Hoy el CPPF aborda la presunta inimputabilidad en el momento del hecho (art. 67) y el padecimiento mental sobreviniente durante el proceso (art. 68), con una lógica distinta a la del artículo 25 del Código Penal.