Código Penal ArgentinoArtículos 275, 276 y 276 bis

El art. 275 no castiga la mentira por sí misma en términos morales. Lo que protege es la administración de justicia frente a declaraciones capaces de contaminar la reconstrucción de los hechos y orientar una decisión jurisdiccional sobre una base probatoria espuria.

Por eso no cualquier inexactitud configura falso testimonio. La falsedad debe recaer sobre extremos relevantes e idóneos para incidir en la investigación o en la decisión del juez, ya sea porque se afirma algo falso, se niega algo verdadero o se calla deliberadamente una parte sustancial de la verdad.

La escala del art. 275 tiene dos planos. El tipo básico prevé prisión de un mes a cuatro años e inhabilitación absoluta por el doble del tiempo de la condena; el tipo agravado, cuando la falsedad se comete en causa criminal y en perjuicio del inculpado, eleva la pena a reclusión o prisión de uno a diez años, siempre con esa inhabilitación accesoria. En términos estratégicos, la diferencia no es menor: el tipo básico prescribe conforme al máximo de cuatro años, mientras que el agravado extiende el horizonte a diez años. La suspensión del juicio a prueba, cuando se discute, debe analizarse caso por caso por la escala concreta, la inhabilitación involucrada y el criterio del tribunal.

El tipo es especial: sólo pueden cometerlo testigos, peritos o intérpretes cuando la manifestación mendaz se presta ante una autoridad competente. La jurisprudencia ha extendido esta idea a procesos penales y no penales, siempre que el acto tenga función probatoria real dentro del trámite.

Uno de los debates clásicos es si la víctima o el querellante pueden ser autores de falso testimonio. Una postura exige una ajenidad estricta y desplaza ciertos supuestos hacia otras figuras; la otra entiende que, si declaran bajo juramento y bajo deber procesal de veracidad, quedan alcanzados por el art. 275. En la práctica, la discusión sigue abierta y obliga a mirar con cuidado el rol procesal concreto del declarante.

La agravante del segundo párrafo responde a un riesgo institucional mayor: cuando la falsedad se produce en una causa penal y en perjuicio del inculpado, se eleva drásticamente la escala porque la mentira puede incidir sobre libertad, honor y patrimonio en un escenario de máxima coerción estatal.

Subjetivamente, el delito exige dolo directo: el declarante debe saber que miente, niega o calla la verdad y querer hacerlo. No alcanza la simple confusión, la percepción defectuosa, la memoria erosionada por el tiempo o las imprecisiones no deliberadas. La diferencia entre falsedad punible y testimonio defectuoso sigue siendo, aquí, decisiva.

La expresión en perjuicio del inculpado no se activa por cualquier mentira en una causa penal. La falsedad debe tener una dirección objetiva capaz de empeorar la situación procesal o sustantiva del imputado. Un testimonio falso que favorece al acusado puede seguir siendo punible bajo el tipo básico, pero no justifica por sí solo la agravante del segundo párrafo. El delito se consuma cuando concluye la declaración mendaz ante la autoridad competente, aunque la falsedad se descubra después o aunque finalmente no haya incidido en la sentencia; por eso ese momento es relevante para computar la prescripción.

El art. 276 contempla el supuesto en que la falsedad del testigo, perito o intérprete ha sido obtenida o reforzada mediante cohecho. La idea es sencilla: la administración de justicia no sólo puede verse dañada por la mendacidad espontánea, sino también por la manipulación externa de la fuente de prueba.

La conducta del deponente falso se agrava con una multa del duplo de la cantidad ofrecida o recibida, mientras que el sobornante recibe la pena del falso testimonio simple. La norma construye, así, una respuesta conjunta frente a la corrupción del circuito probatorio.

El art. 276 no crea una escala de prisión autónoma para el testigo, perito o intérprete: toma la pena del art. 275 —tipo básico o agravado, según el caso— y añade la multa del duplo. Para quien soborna, la pena es la del falso testimonio simple. La distinción con el cohecho activo del art. 258 es práctica: si la dádiva se dirige a un testigo, perito o intérprete para falsear prueba, rige la especialidad del art. 276; si se dirige a un juez, fiscal u otro funcionario para torcer un acto funcional, la discusión se desplaza hacia el bloque de cohecho.

La lógica del tipo exige un vínculo finalista entre la ventaja ofrecida o recibida y la falsedad de la declaración. No alcanza con una ayuda de contexto o con gastos de traslado pagados a un testigo veraz; lo punible es la dádiva o promesa orientada específicamente a distorsionar la verdad.

La prueba suele ser compleja porque rara vez existe un acuerdo explícito. En la práctica, los casos dependen de indicios fuertes: flujos de dinero, comunicaciones, contradicciones ostensibles y corroboraciones periféricas que permitan reconstruir la dirección dolosa del ofrecimiento o de la recepción.

El art. 276 bis no se aplica a cualquier imputado que declara falsamente en ejercicio de su defensa. Recae sobre un sujeto especialmente calificado: quien se acogió al beneficio del art. 41 ter y, aprovechando esa posición negociada, suministra maliciosamente información falsa o datos inexactos.

El núcleo del injusto está en la traición al presupuesto mismo del régimen de colaboración. El Estado reduce penas y flexibiliza su estrategia persecutoria porque supone que el aporte será útil, verificable y orientado a desarticular criminalidad compleja. Cuando el colaborador usa esa vía para engañar, desplaza la investigación, perjudica terceros o blinda a responsables más relevantes, la lesión institucional se agrava.

La escala es severa: prisión de cuatro a diez años y pérdida del beneficio concedido. La consecuencia no es sólo una nueva pena por la falsedad; también cae la reducción obtenida bajo el art. 41 ter, de modo que el imputado puede quedar expuesto nuevamente a la escala plena de los delitos originales. El art. 276 bis fue incorporado por la Ley 27.304, sancionada el 19 de octubre de 2016 y publicada el 2 de noviembre de 2016, como contracara del régimen de imputado colaborador: el beneficio premial exige un deber reforzado de veracidad y una sanción específica para su uso fraudulento.

La palabra maliciosamente no es decorativa. Cumple una función de recorte decisiva: la figura exige dolo directo. Un error de recuerdo, una reconstrucción incompleta, una confusión o un dato que luego no se corrobora no bastan por sí solos si no se prueba que el colaborador quiso engañar.

Esto vuelve central la corroboración externa. El sistema no puede derivar automáticamente del fracaso de una línea investigativa la comisión del delito del 276 bis. La sanción penal exige mostrar que la falsedad o la inexactitud fue deliberada y estratégicamente funcional al beneficio pretendido.

Los indicios relevantes suelen ser más exigentes que en una contradicción testimonial común: una discrepancia ostensible entre lo declarado y lo que el colaborador sabía, la conexión entre la falsedad y el beneficio buscado, la persistencia en la versión frente a repreguntas o pedidos de aclaración, y la existencia de comunicaciones o registros que muestren una estrategia de engaño. En sentido inverso, que una línea de investigación no prospere no prueba por sí solo malicia: puede haber información incompleta, errónea o aportada de buena fe.

La figura nació junto con la ley del arrepentido y arrastra un debate constitucional intenso. Una posición crítica sostiene que la amenaza de hasta diez años de prisión y la pérdida del beneficio convierten al acuerdo en un espacio de presión incompatible con el derecho de defensa y la prohibición de autoincriminación. La posición opuesta responde que el imputado no está obligado a colaborar y que, si decide ingresar voluntariamente al régimen premial, debe soportar el deber reforzado de veracidad.

En la práctica judicial, el punto decisivo no es sólo la teoría general del derecho a mentir, sino la calidad de la corroboración del acuerdo, el registro del acto, la defensa técnica efectiva y el control judicial posterior para impedir que la utilidad pragmática del instituto termine degradando la fiabilidad del proceso.