¿Me pueden expulsar si mi condena fue de 3 años?

El conflicto: residencia permanente, condena de 3 años y expulsión por 8 años

La Dirección Nacional de Migraciones (DNM), por la disposición SDX 135151/17 y su confirmatoria, canceló la residencia permanente de un ciudadano peruano, ordenó su expulsión y le prohibió reingresar al país por ocho años. La causal invocada fue el art. 62 inc. b de la Ley 25.871, en su redacción original, que habilitaba la cancelación cuando el residente hubiera sido condenado por delito doloso que mereciera pena privativa de libertad mayor de cinco años.

El acto administrativo se apoyó en una condena de 3 años de prisión en suspenso por robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, impuesta por el Tribunal Oral en lo Criminal n° 20 de la Capital Federal. El migrante promovió el recurso judicial directo del art. 84 de la ley migratoria y sostuvo que, aun dejando de lado que la pena era en suspenso, el monto concreto de la condena no superaba el umbral legal de cinco años.

Qué habían dicho la jueza y la Cámara

La jueza de primera instancia rechazó el planteo y entendió que la DNM se había limitado a verificar un supuesto objetivo dentro de un margen de revisión judicial acotado. Luego, la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la expulsión.

La Cámara razonó que la expresión legal “delito doloso que merezca pena privativa de libertad mayor de cinco años” remitía al máximo de la escala penal en abstracto, no a la condena concreta del caso. Como el robo agravado del art. 167 inc. 2 del Código Penal prevé una escala de 3 a 10 años, concluyó que la causal del art. 62 inc. b se encontraba configurada, pese a que la pena efectivamente impuesta había sido de solo 3 años.

Qué resolvió la Corte Suprema: la pena es la impuesta, no la escala abstracta

La Corte declaró formalmente procedente el recurso extraordinario en lo atinente a la interpretación del art. 62 inc. b. Identificó como cuestión federal central determinar si esa norma se refiere al máximo de la escala penal o a la condena concreta impuesta judicialmente.

• Primera regla interpretativa: la Corte recordó que la fuente inicial para conocer la voluntad del legislador es la letra de la ley.
• Texto legal decisivo: el art. 62 inc. b alude expresamente a una “condena judicial en la República”. Por eso, la causal no depende del máximo abstracto previsto para el delito en el Código Penal.
• Consecuencia concreta: si la condena impuesta no supera los 5 años, no se configura el supuesto legal de cancelación de la residencia permanente previsto por la norma.
• Resultado del caso: la Corte hizo lugar a la queja, declaró procedente el recurso extraordinario y revocó la sentencia apelada, con costas por su orden dada la novedad de la cuestión.

Es importante leer bien el alcance del fallo: como la Corte resolvió el caso por esta vía interpretativa, consideró innecesario pronunciarse sobre los demás agravios del recurrente, entre ellos el plazo de dos años del art. 62 inc. b, la reunificación familiar, el principio pro homine, la razonabilidad de la medida estatal y las objeciones basadas en culpabilidad o peligrosidad.

Cómo usar este precedente en tu defensa

Mendoza Alvarado es un precedente fuerte cuando Migraciones o los tribunales intentan sostener una expulsión de un residente permanente mirando la escala abstracta del delito y no la sentencia concreta. Obliga a discutir técnicamente qué condena fue efectivamente impuesta y si el umbral legal realmente se alcanzó.

También deja una advertencia práctica importante: el propio fallo aclara que interpreta la redacción original del art. 62 inc. b, previa a las modificaciones del DNU 366/25. Por eso, en expedientes actuales hay que revisar con precisión el régimen temporal aplicable, sin perder los agravios subsidiarios de arraigo, familia, plazo, defensa y proporcionalidad.