Recurso jerárquico art. 75: plazo, vista y excepción de los actos del Director Nacional

1. Qué actos admiten jerárquico y cuáles agotan la vía

Antes del Decreto 366/25, la Ley 25.871 ofrecía tres recursos administrativos contra un acto de expulsión: el recurso de reconsideración, el recurso de alzada y el recurso jerárquico. El régimen daba margen para articular defensas en distintas instancias dentro de la misma administración.

El art. 79 excluye la alzada contra actos definitivos de la DNM y la reconsideración contra actos de órganos inferiores. Para éstos procede el jerárquico cuando encuadran en el art. 74; el acto del Director Nacional agota directamente la vía conforme al art. 75.

Cuando procede, el jerárquico debe reunir los agravios y la prueba pertinentes dentro del plazo. El vencimiento puede cerrar esa vía ordinaria; la revisión excepcional del art. 90 no sustituye un recurso presentado en término ni garantiza su resultado.

2. Qué hace el recurso jerárquico — y qué no hace

El efecto suspensivo del art. 82: automático, no discrecional

El art. 82 de la Ley 25.871 establece que la interposición del recurso jerárquico suspende de pleno derecho la ejecución de la medida. No es una cautelar que hay que pedirle al juez. No depende de la voluntad del Director Nacional ni del criterio de ningún funcionario. Opera por imperativo legal desde el momento en que el recurso es presentado en término.

Para este punto, ver la presentación y la autoridad competente y su alcance en el expediente.

Lo que el efecto suspensivo no hace: no resuelve el fondo, no revoca el acto y no garantiza que el recurso sea admitido. Su función es comprar el tiempo necesario para que la defensa se desarrolle con el acto sin ejecutarse. La solidez de los argumentos determina si el Director Nacional revoca o confirma.

El plazo: 15 días hábiles administrativos desde la notificación

El plazo del art. 75 es de 15 días hábiles administrativos contados desde la notificación de la Disposición SDX. Son días hábiles del fuero administrativo, no días hábiles judiciales ni corridos.

Vista del expediente: suspensión del plazo y valor estratégico

La vista permite examinar la causal, la prueba y las notificaciones antes de recurrir. Su pedido debe ser fehaciente y conservarse con la constancia que permita calcular la suspensión.

El acceso al expediente ayuda a identificar el acto completo y los agravios; no subsana por sí solo una notificación defectuosa ni demuestra automáticamente una nulidad.

La solicitud fehaciente de vista suspende por única vez el plazo hasta cinco días hábiles después de notificarse el acto que la concede. El expediente debe estar disponible en veinticuatro horas hábiles desde la solicitud. Hay que conservar las constancias y calcular los días restantes.

3. Cómo se presenta: forma, lugar y elevación

Forma y contenido mínimo

El recurso jerárquico se interpone por escrito ante la autoridad emisora. Debe identificar al recurrente y al acto, constituir el domicilio que corresponda, expresar agravios y formular una petición concreta. El art. 75 no impone por sí solo constituir domicilio en la Ciudad de Buenos Aires.

La presentación debe identificar al recurrente, el acto y la pretensión y aportar fundamentos y prueba pertinentes. No se garantiza aquí la admisibilidad ni la suspensión de una presentación sin argumentos: deben verificarse el recurso procedente, el plazo y las normas supletorias del art. 83.

Ante quién se presenta y cómo se eleva

El jerárquico contra actos recurribles de órganos inferiores, incluso delegados, se presenta por escrito ante el emisor en quince días hábiles administrativos. Se eleva en cinco días al Director Nacional. Los actos del propio Director agotan directamente la vía administrativa y habilitan el recurso judicial.

Este punto es importante porque una presentación dirigida directamente al Director Nacional puede generar problemas de encuadre. El recurrente debe presentar ante quien dictó el acto y dejar que esa autoridad eleve.

4. Los argumentos del recurso jerárquico

Los fundamentos disponibles dependen del caso concreto. Ninguno de los que siguen es automático: cada uno requiere verificar que los hechos del expediente lo sostengan.

A. Irretroactividad del DNU 366/25 (art. 18 CN / art. 9 CADH)

Para determinar el régimen aplicable hay que reconstruir residencia, hechos, condena y cumplimiento, actos migratorios, notificaciones y recursos. La fecha de la condena aislada no decide la cuestión. Mendoza Alvarado y Velázquez Cano interpretaron la ley histórica; no declararon inválido ni inaplicable en general el DNU 366/2025.

El art. 122 es una disposición transitoria sobre casos pendientes al entrar en vigor la Ley 25.871. No establece expresamente la aplicación inmediata de toda reforma futura; su utilización frente al DNU 366/2025 requiere fundamentación temporal adicional. La historia del expediente se analiza por separado.

B. Motivación defectuosa del acto (art. 7 inc. e, Ley 19.549)

Para este punto, ver los defectos del procedimiento y su alcance en el expediente.

El arraigo debe mirarse en clave probatoria: ¿está ya acreditado en el expediente administrativo, o hay que construirlo documentalmente antes de presentar el recurso? La vista del expediente es, aquí también, la herramienta para saberlo.

Los vínculos deben probarse: convivencia, interés afectivo y económico y, cuando corresponda, riesgo concreto de desamparo. C.G., A. y Anaya son precedentes históricos sobre los hijos. La dispensa actual exige considerar las restricciones de los arts. 29, 62 y 63; no opera automáticamente por filiación.

C. Inconstitucionalidad formal del DNU (art. 99 inc. 3 CN)

El art. 99 inc. 3 CN prohíbe DNU en materia penal, tributaria, electoral y de partidos políticos. Calificar las consecuencias migratorias como materia penal o sancionatoria es una tesis que requiere fundamento para el artículo y el caso; no determina automáticamente la invalidez del DNU.

D. Vicios de procedimiento — nulidades

Revisar notificación, representación, acceso al expediente y motivación. Para sostener una nulidad hay que identificar el defecto y su perjuicio concreto. Uchupomo anuló actuaciones judiciales por representación no acreditada, sin declarar inválida de fondo la expulsión.

La vista permite verificar los defectos con el expediente completo; deben preservarse también notificaciones, presentaciones y otras constancias relevantes.

5. Qué pasa si el Director Nacional rechaza el recurso

Si el recurso jerárquico es rechazado, queda habilitada la vía judicial. El plazo para recurrir judicialmente es de 15 días hábiles judiciales desde la notificación del rechazo.

El art. 76 fija quince días hábiles judiciales desde el acto que agota la vía administrativa. El art. 77 indica las Cámaras y exige patrocinio, escrito fundado y prueba. El art. 98 refiere a primera instancia para el Título V. Cualquier criterio judicial distinto debe fundarse en el expediente.

El art. 89 limita el control judicial a legalidad, debido proceso y razonabilidad. El texto original ya empleaba esos tres parámetros; la reforma cambió su remisión al régimen de recursos.

Los argumentos que se desarrollaron en el recurso jerárquico son también los que se llevan al recurso judicial. Lo que se plantea y prueba en sede administrativa condiciona en la práctica la discusión judicial posterior: una resolución del Director Nacional que analizó y rechazó fundamentos concretos obliga a la defensa judicial a redoblar la carga argumentativa en esos puntos; un expediente administrativo con prueba de arraigo bien construida facilita el planteo ante el juez. El recurso jerárquico no cierra la vía judicial, pero la calidad de lo que se hace en esa instancia sí incide sobre cómo se abre esa vía.

6. Glosario de entidades normativas

Recurso jerárquico (art. 75)

El jerárquico contra actos recurribles de órganos inferiores, incluso delegados, se presenta por escrito ante el emisor en quince días hábiles administrativos. Se eleva en cinco días al Director Nacional. Los actos del propio Director agotan directamente la vía administrativa y habilitan el recurso judicial.

Art. 79 (DNU 366/25)

El art. 79 excluye la alzada contra los actos definitivos de la DNM y la reconsideración contra los actos de sus órganos inferiores. Esta regla debe leerse con la excepción de los actos del Director Nacional, que agotan directamente la vía administrativa (arts. 74 y 75).

Art. 82 — efecto suspensivo

El art. 82 suspende la ejecución por los recursos administrativos o judiciales pertinentes a los supuestos del art. 74 hasta la firmeza de la medida. La suspensión no revoca el acto ni decide el fondo; una gestión informal no asegura ese efecto.

Disposición SDX

Disposición administrativa de la DNM que debe leerse íntegramente para identificar emisor, causal, residencia afectada, expulsión y prohibición de reingreso. La sigla SDX del número de un acto no basta para determinar la autoridad que lo firmó, el recurso procedente o una estructura orgánica específica.

Art. 62 inc. b (post-DNU)

El art. 62 inc. b vigente contempla condena judicial en Argentina o en el exterior por delito doloso que merezca pena privativa de libertad, cualquiera sea su modalidad. No fija un mínimo de años ni exige expresamente firmeza.

Art. 63 (post-DNU)

El art. 63 inc. d fija prohibición permanente para la expulsión sustentada en participación o comisión de delito doloso. El inciso e prevé al menos cinco años para la expulsión no fundada en la comisión de un delito. La dispensa queda excluida en las condenas por delitos dolosos contra la vida, integridad sexual o poderes públicos y orden constitucional.

Art. 89 (post-DNU)

El art. 89 limita el control judicial a legalidad, debido proceso y razonabilidad. El texto original ya empleaba esos tres parámetros; la reforma cambió su remisión al régimen de recursos.

Art. 98 — competencia

El art. 76 fija quince días hábiles judiciales desde el acto que agota la vía administrativa. El art. 77 indica las Cámaras y exige patrocinio, escrito fundado y prueba. El art. 98 refiere a primera instancia para el Título V. Cualquier criterio judicial distinto debe fundarse en el expediente.

Art. 122 — aplicación a casos pendientes

El art. 122 es una disposición transitoria sobre casos pendientes al entrar en vigor la Ley 25.871. No establece expresamente la aplicación inmediata de toda reforma futura; su utilización frente al DNU 366/2025 requiere fundamentación temporal adicional.

Plazo bienal (suprimido)

El bienio histórico se contaba desde el cumplimiento de la condena. Para residentes permanentes, el silencio durante los treinta días posteriores a esos dos años hacía firme la residencia. El DNU 366/2025 suprimió ambas previsiones.

7. Preguntas frecuentes