Qué se puede reclamar cuando se corta un contrato de distribución o de servicios: los rubros

1) Panorama de los rubros

2) Recompra de stock

El art. 1508 inc. b regula la rescisión de la concesión por tiempo indeterminado. La readquisición comprende productos y repuestos nuevos comprados conforme a las obligaciones pactadas y existentes al terminar el período de preaviso. El precio de referencia es el ordinario de venta a concesionarios al momento del pago. En distribución debe justificarse la pertinencia de esa regla mediante el art. 1511 inc. b; en otros vínculos hay que revisar el pacto y su régimen.

3) Inversiones no amortizadas

Un depósito, una flota o un sistema adquirido para atender el contrato pueden dejar un perjuicio si la ruptura frustra su recuperación. Hay que probar el vínculo entre la inversión y la operación, la responsabilidad por el corte y el daño que subsiste. La exigencia o el estímulo documentado de la empresa ayuda a explicar la confianza invocada, pero no reemplaza esa prueba.

4) Lucro cesante por incumplimiento del plazo mínimo

La concesión tiene como regla un mínimo de cuatro años (art. 1506). Hay una excepción cuando el concedente proporciona el uso de las instalaciones principales suficientes: puede pactarse un plazo menor, nunca inferior a dos años. La franquicia remite al primer párrafo del art. 1506, pero admite plazos inferiores por situaciones especiales, como ferias, congresos o emprendimientos de duración menor (art. 1516); no incorpora sin más la excepción de dos años.

Antes de reclamar ganancias por el período pendiente, hay que calificar la relación, identificar el plazo exigible y revisar si hubo una causa legítima de terminación. En distribución, la remisión del art. 1511 inc. b exige analizar la pertinencia; no basta el nombre del contrato.

5) Quita de zonas, rutas o volumen

La reducción de zonas, rutas o volumen puede alterar el contenido económico de una relación que sigue vigente. Para reclamar hay que mostrar qué obligación se incumplió o por qué el cambio fue abusivo, atendiendo al contrato, la conducta anterior y las condiciones de la operación. La falta de exclusividad o de un volumen garantizado debe examinarse; no convierte toda reducción en un daño indemnizable.

6) Diferencias de precio o de tarifa

Si existía una obligación de actualización o una tarifa pactada, debe reconstruirse qué correspondía pagar y qué se pagó. Sirven el contrato, los índices acordados, las liquidaciones y las comunicaciones sobre cada ajuste. Una cláusula de renegociación no siempre equivale a un aumento automático: hay que interpretar su alcance y los acuerdos posteriores.

7) Facturas impagas

Las prestaciones ya realizadas y no pagadas pueden integrar el conflicto, pero son una deuda devengada distinta de los daños por la ruptura. Hay que conciliar facturas, remitos, conformidades, pagos y notas de crédito, y evitar incluir esos mismos ingresos en el lucro cesante. Para la vía de recupero de una deuda independiente, ver Cobranzas y ejecuciones.

8) Otros rubros

• Consecuencias no patrimoniales: para una persona humana exigen fundamento y prueba propios; no nacen de toda ruptura. En una sociedad debe distinguirse el perjuicio económico de reputación de las afecciones personales de socios o administradores. No se presume un daño moral de la sociedad.
• Personal despedido: identificar afectación al contrato, necesidad de las desvinculaciones, pagos efectivamente realizados y relación causal. Revisar cláusulas laborales y la posibilidad de reasignación; no trasladar automáticamente toda indemnización laboral a la contraparte.
• Pérdida de la empresa: el cierre no demuestra por sí solo un rubro adicional. Hay que individualizar cada pérdida, su causa y su prueba, sin repetir inversiones o ganancias ya reclamadas.
• Reputación comercial: acreditar consecuencias concretas, como negocios o crédito perdidos, y su relación con la conducta atribuida.