Artículo 24 — Ley 11.179 Cómputo de la Prisión Preventiva

El texto legal todavía distingue entre reclusión y prisión: dos días de preventiva por uno de reclusión, y un día por uno de prisión. Esa diferencia respondía a un modelo histórico en el que la reclusión era considerada más gravosa.

El problema es que, con la evolución del régimen de ejecución —especialmente desde la ley 24.660—, esa diferencia material se volvió cada vez más débil. Por eso la Corte Suprema, en “Méndez”, entendió que la aplicación automática del cómputo más gravoso para la reclusión carecía de razonabilidad cuando el sistema ya no justificaba una diferencia real de ejecución.

Desde entonces, la línea dominante considera que, a los fines del art. 24, la compensación debe operar de manera simétrica y no puede sostener una desigualdad puramente nominal.

La ley 24.390 estableció históricamente un cómputo privilegiado: transcurrido cierto plazo de prisión preventiva, cada día se computaba doble. Ese régimen fue luego derogado por la ley 25.430, de modo que ya no integra el derecho vigente general.

El punto explotó institucionalmente con “Muiña”, donde la Corte aplicó el viejo 2x1 en una causa por delitos de lesa humanidad, lo que provocó una fuerte reacción política y social. Esa crisis llevó al Congreso a dictar la ley 27.362, y más tarde la propia Corte, en “Batalla”, convalidó el nuevo marco restrictivo.

Por eso hoy el 2x1 no puede mencionarse en abstracto: es un tema de derecho transitorio, ley penal más benigna y límites específicos, no un beneficio vigente general.

Un matiz importante: la prisión domiciliaria sigue siendo prisión preventiva en otra modalidad. Por eso, cuando realmente existe arresto domiciliario, el cómputo no presenta la misma discusión que una simple regla de conducta o una obligación ambulatoria menos intensa.

La verdadera dificultad aparece con coerciones de menor entidad: controles de comparecencia, restricciones territoriales, vigilancia electrónica sin encierro estricto o combinaciones cautelares que limitan la libertad sin igualarse claramente a la prisión preventiva. Allí la jurisprudencia es mucho menos uniforme.

En paralelo, existe otra disputa clásica: si la preventiva sufrida en una causa que termina sin condena puede descontarse de otra. En este punto, “Arce” sigue siendo la gran brújula para sostener la compensación material en causas distintas cuando no hay superposición temporal de encierros y el Estado sigue siendo el mismo perseguidor.

El artículo también regula equivalencias respecto de la inhabilitación y la multa. Esto muestra que su lógica no es sólo carcelaria: el Código lo usa como un mecanismo general de compensación frente a distintos tipos de pena.

En la práctica contemporánea, el mayor problema aparece con la multa. Los montos nominales del art. 24 quedaron pulverizados por la depreciación monetaria, de modo que la conversión literal del texto es hoy, en el derecho penal común, casi una pieza arqueológica. El punto mantiene algo más de vida en regímenes especiales con sistemas propios de cuantificación, pero no como herramienta seria del derecho penal nuclear.

En cuanto a la inhabilitación, el art. 24 refuerza una idea sencilla: el sistema no puede desentenderse del tiempo ya soportado bajo coerción cuando ese tiempo debe repercutir en la cuantificación final de la pena.

• que la cuenta del art. 24 no puede mantener diferencias irracionales entre reclusión y prisión;
• que el viejo “2x1” sólo puede discutirse en clave temporal, no como beneficio vigente general;
• que la prisión preventiva excesiva sigue chocando con la garantía del plazo razonable del art. 1 de la ley 24.390;
• que ciertas restricciones cautelares intensas o ciertos encierros en otras causas pueden requerir tratamiento compensatorio;
• que un error de cómputo no es un detalle administrativo menor: puede traducirse en privación ilegítima de libertad.