Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos AiresArtículos 284 a 298 — Flagrancia, denuncia y policía
Forma de la IPP, procedimiento de flagrancia, denuncia, secreto profesional, facultades policiales, requisas urgentes, comunicación, prevención y sanciones.
Este tramo regula tres planos que deben mantenerse separados: el procedimiento especial de flagrancia, la denuncia como vía de inicio y la actuación preventiva de la policía. La policía conserva facultades propias en urgencia y prevención, pero están legalmente delimitadas y sometidas a comunicación y control posteriores.
Arts. 284 a 298 — actos iniciales, flagrancia y policía
ARTÍCULO 284.- (Texto según Ley 13183) Forma. Las diligencias de la Investigación Penal Preparatoria se regirán por las disposiciones establecidas en la Ley del Ministerio Público. En la tramitación de la misma, se atenderá a los principios de celeridad y economía procesal, evitando en la medida de lo posible la remisión de las actuaciones fuera del ámbito de la Unidad Funcional de Investigación, salvo los casos en que resulte indispensable. Para los demás actos, requerimientos y notificaciones, el Agente Fiscal deberá recurrir a los medios técnicos de comunicación existentes.
ARTÍCULO 284 bis.- (Texto según Ley 13260) (Ver Ley 13811) El procedimiento de flagrancia que se establece en este Título, es de aplicación en los supuestos previstos por el artículo 154°, tratándose de delitos dolosos cuya pena máxima no exceda de quince (15) años de prisión o reclusión, o tratándose de un concurso de delitos ninguno de ellos supere dicho monto. El Fiscal, de no ser procedente la detención, según lo establecido por el artículo 151°, dispondrá la inmediata libertad del imputado.
Se harán saber al imputado inmediatamente, y bajo sanción de nulidad, las garantías previstas por el artículo 60, y se procederá de acuerdo con lo previsto por los artículos 308° y siguientes.
Las presentes disposiciones serán también aplicables, en lo pertinente, cuando se tratare de supuestos de flagrancia en delitos dolosos de acción pública sancionados con pena no privativa de libertad.
ARTÍCULO 284 ter.- (Texto según Ley 13943) (Ver Ley 13811) Declaración de flagrancia. En el término de cuarenta y ocho (48) horas de tomar conocimiento de la aprehensión, el Fiscal deberá, salvo supuestos de excepción mediante resolución fundada, declarar el caso como de flagrancia, sometido al trámite aquí establecido, y si correspondiere, solicitar al Juez de Garantías que transforme la aprehensión en detención.
La declaración del caso como de flagrancia deberá notificarse inmediatamente a la defensa y en caso de discrepancia con indicación específica de los motivos de agravio y sus fundamentos, sólo será susceptible de revisión por parte del Juez de Garantías, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de realizada la notificación.
ARTÍCULO 284 cuater.- (Texto según Ley 13260) El Fiscal deberá disponer la identificación inmediata del imputado y solicitar la certificación de sus antecedentes, la información ambiental y cumplir con las pericias que resulten necesarias para completar la investigación, todo, en un término no mayor de veinte (20) días desde la aprehensión, el que podrá ser prorrogado a requerimiento del Agente Fiscal por veinte (20) días más por resolución fundada del Juez de Garantías.
ARTÍCULO 284 quinquies.- (Texto según Ley 13260) En el mismo término establecido en el artículo anterior, el Fiscal, el imputado y su defensor, podrán solicitar al Juez de Garantías, según correspondiere, la suspensión del juicio a prueba, el sometimiento a juicio abreviado, o el juicio directísimo, siendo de aplicación, en lo pertinente, las disposiciones de los artículos 404 y 395, 396, 400, 401, 402, 403, 403 bis, respectivamente.
En estos casos y mediando conformidad de las partes, el Juez de Garantías será competente para dictar pronunciamiento con ajuste a lo establecido por los artículos 404, segundo párrafo, y 399.
Ninguno de estos supuestos será viable en esta etapa, de no haberse obtenido el resultado de las pericias pendientes, la completa certificación de los antecedentes del imputado, y su examen mental obligatorio en los casos de la segunda parte del artículo 64° de este código.
ARTÍCULO 284° sexies: (Artículo incorporado por Ley 13183) Vencido el plazo para solicitar la suspensión del juicio a prueba o el sometimiento a juicio abreviado, sin que las partes formulen petición alguna sobre los mismos, el Fiscal procederá en el término de cinco (5) días a formular por escrito la requisitoria de elevación a juicio, y al mismo tiempo, si el imputado se encontrare detenido, solicitar la prisión preventiva. Dichas peticiones y la decisión del Juez de Garantías deberán ajustarse a lo establecido por los artículos 334° y siguientes, y 157° y 158° respectivamente.
ARTÍCULO 285.- Facultad de denunciar.- Toda persona que se considere lesionada por un delito perseguible de oficio o que, sin pretenderse lesionada, tenga noticias de él, podrá denunciarlo al Juez, o al Ministerio Público Fiscal o a la Policía.
Cuando la acción penal dependa de instancia privada, sólo podrá denunciar quien tenga derecho a instar, conforme a lo establecido por el Código Penal, debiendo observarse, en su caso, lo dispuesto por el último párrafo del artículo 7 de este Código.
Se requerirá a la víctima de todo delito de acción pública dependiente de instancia privada o a su representante legal, que manifiesten si instarán o no la acción.
Se considerará hábil para denunciar al menor imputable.
ARTÍCULO 286.- Forma y contenido.- La denuncia podrá hacerse por escrito o verbalmente; personalmente, por representante o por mandatario con poder especial o general suficiente.
La denuncia escrita deberá ser firmada ante el funcionario que la reciba. Cuando sea verbal, se extenderá en acta de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IV, Título V del Libro Primero de este Código.
En ambos casos el funcionario corroborará y hará constar la identidad del denunciante. Sin embargo cuando motivos fundados así lo justifiquen, el denunciante podrá requerir al funcionario interviniente, la estricta reserva de su identidad.
La denuncia contendrá, en lo posible, la relación del hecho, con las circunstancias del lugar, tiempo y modo de ejecución y la indicación de sus partícipes, damnificados, testigos y demás elementos que puedan conducir a su comprobación y calificación legal.
ARTÍCULO 287.- Denuncia obligatoria.- Tienen obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio:
1.- Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan con ocasión del ejercicio de sus funciones.
2.- Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier rama del arte de curar, en cuanto a delitos contra la vida y la integridad física que conozcan al prestar los auxilios de su profesión, salvo que los hechos conocidos estén bajo el amparo del secreto profesional, el cual, salvo manifestación en contrario, se presumirá.
3.- Los obligados expresamente por el Código Penal.
ARTÍCULO 288.- Prohibición de denunciar. Responsabilidad.- Nadie podrá denunciar a su cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo al que lo vincula con el denunciado.
El denunciante no será parte en el proceso ni tendrá responsabilidad alguna, excepto por el delito que pudiere cometerse mediante la denuncia o en virtud de lo que se establezca en sede civil.-
ARTÍCULO 289.- Copia o certificación.- Hecha la denuncia se expedirá al denunciante, si lo solicitara, copia de ella o certificación en que conste: fecha de su presentación, el hecho denunciado, el nombre del denunciante y denunciado, los comprobantes que se hubieran presentado y las circunstancias que se consideraren de utilidad.-
ARTÍCULO 290.- (Texto según Ley 13260) Denuncia ante el Juez: El Juez que reciba una denuncia la comunicará, inmediatamente, al Agente Fiscal. Éste, si lo considera procedente y dentro de las cuarenta y ocho (48) horas, deberá expedirse sobre la competencia. También podrá disponer diligencias probatorias instando la investigación penal preparatoria, o resolver la desestimación de la denuncia.
Será desestimada cuando los hechos referidos en ella no constituyan delito o cuando no se pueda proceder.
La disposición del Fiscal que desestime la denuncia será revisable conforme al artículo 83, inciso 8) de este Código.
ARTÍCULO 291.- Denuncia ante el Ministerio Público Fiscal.- Cuando la denuncia se formule ante el Agente Fiscal, éste deberá comunicarla de inmediato al Juez de Garantías en Turno.
Si la considera procedente, el Agente Fiscal dispondrá las medidas conducentes promoviendo la investigación penal preparatoria, y requiriendo del Juez de Garantías las medidas de coerción que correspondieren.
ARTÍCULO 292.- Denuncia ante la Policía.- Cuando la denuncia sea hecha ante la Policía, ésta actuará con arreglo al artículo 296.
ARTÍCULO 293.- Función.- La Policía deberá investigar por orden de autoridad competente, o por iniciativa propia en casos de urgencia, o en virtud de denuncia, los delitos de acción pública; impedir que los hechos cometidos sean llevados a consecuencias delictivas ulteriores; individualizar a los culpables y reunir pruebas para dar base a la acusación o determinar el sobreseimiento, todo ello con las previsiones establecidas en el artículo 296.
Si el delito fuera de acción pública dependiente de instancia privada deberá atenerse a lo dispuesto en los artículos 7, 285 y 153, último párrafo, de este Código.
ARTÍCULO 294.- (Texto según Ley 13943) Atribuciones. Los funcionarios de policía tendrán las siguientes atribuciones:
1. Recibir denuncias.
2. Cuidar que los rastros materiales que hubiere dejado el delito sean conservados y que el estado de las cosas no se modifique hasta que llegue al lugar el Ministerio Público Fiscal.
3. Disponer, en caso necesario, que ninguna de las personas que se hallare en el lugar del hecho o sus adyacencias, se aparten del sitio mientras se llevan a cabo las diligencias que correspondan, de lo que deberá darse cuenta inmediatamente al Ministerio Público Fiscal.
4. Si hubiere peligro de que cualquier demora comprometa el éxito de la investigación, hacer constar el estado de las personas, de las cosas y de los lugares, mediante inspecciones, planos, fotografías, exámenes técnicos y demás operaciones que aconseje la policía científica.
5. Disponer los allanamientos del artículo 222 y las requisas urgentes, con arreglo del artículo 225, con inmediato aviso al juez o tribunal competente y al Ministerio Público Fiscal.
Cuando se trate de un operativo público de control motivado en políticas tendientes a la prevención de los delitos, podrán proceder a la revisión de los efectos que porten las personas en sus ropas o que lleven en su poder de otra manera o tengan en los vehículos en que se movilicen, procediendo a secuestros en los casos sumamente graves o urgentes o cuando peligre el orden público, de todo aquello que constituya elemento del delito o instrumento de un delito o sea producto de él, con la observancia de lo establecido en el título VII, capítulo IV de este código bastando inmediata comunicación al Ministerio Público Fiscal y al Juez de Garantías.
En cualquier circunstancia podrá requisar el transporte de cargas y/o el transporte público de pasajeros, cumplimentado lo dispuesto en el párrafo primero in fine del presente inciso.
6. Si fuere indispensable ordenar la clausura del local en que se suponga por vehementes indicios que se ha cometido un delito grave, o proceder conforme al artículo 149, con inmediato aviso al Juez de Garantías competente, al Ministerio Público Fiscal y al Defensor Oficial.
7. Interrogar a los testigos, a quienes se les tomará juramento.
(Texto según Ley 14632) Aprehender a los presuntos autores y/o partícipes en los casos y formas que este código autoriza y disponer su incomunicación cuando concurren los requisitos del artículo 152 por un término máximo de doce (12) horas, que no podrá prolongarse por ningún motivo sin orden judicial.
9. Usar de la fuerza pública en la medida de lo necesario.
10. Informar al presunto imputado y víctima sobre los derechos constitucionales que le asisten y que este código reglamenta.
Los auxiliares de policía tendrán las mismas atribuciones para los casos urgentes o cuando cumplan órdenes del Ministerio Público Fiscal, del Juez o Tribunal.
ARTÍCULO 295.- Secuestro de correspondencia. Prohibición.- Los funcionarios de la Policía no podrán abrir la correspondencia que secuestren, la que remitirán intacta a la autoridad judicial interviniente; sin embargo, en los casos urgentes podrán ocurrir a la más inmediata, la que autorizará la apertura si lo creyere necesario.
ARTÍCULO 296.- Comunicación y actuación.- Los funcionarios de Policía comunicarán inmediatamente al Juez de Garantías y Agente Fiscal competentes y al Defensor Oficial en turno, con arreglo al artículo 276 último párrafo, todos los delitos de acción pública que llegaren a su conocimiento.
El Ministerio Público Fiscal o la Policía Judicial deberán intervenir de inmediato, salvo imposibilidad material que lo impida, en cuyo caso lo harán a la mayor brevedad posible.
ARTÍCULO 297.- Actuación de prevención.- Cuando no se verificare la intervención inmediata a que hace referencia el artículo anterior, los funcionarios de la Policía practicarán la investigación, observando las normas de la investigación penal preparatoria. En estos casos, se formará una actuación de prevención, que contendrá:
1.- El lugar, hora, día, mes y año en que fue iniciada.
2.- El nombre, profesión, estado y domicilio de cada una de las personas que en él intervinieren.
3.- Las declaraciones recibidas, los informes que se hubieren producido y el resultado de todas las diligencias practicadas.
La intervención de los funcionarios policiales cesará cuando comience a intervenir el Ministerio Público Fiscal o la Policía Judicial, pero podrán continuar como sus auxiliares si así se dispusiere.
Salvo expreso pedido del Agente Fiscal, las actuaciones le serán remitidas sin tardanza; cuando se trate de hechos cometidos donde aquél actúe, dentro de los tres (3) días de su iniciación y, de lo contrario, dentro del quinto día. Sin embargo, el término podrá prolongarse en este último caso, en virtud de autorización del Fiscal, hasta ocho (8) días, si las distancias considerables, las dificultades de transporte o climáticas provocaren inconvenientes insalvables, de lo que se dejará constancia.
ARTÍCULO 298.- Sanciones.- Los funcionarios de la Policía que violen disposiciones legales o reglamentarias, que omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente, serán sancionados por el órgano judicial interviniente, de oficio o a pedido de parte y previo informe del interesado, con apercibimiento, multa de hasta diez (10) jus y arresto de hasta quince (15) días, sin perjuicio de la suspensión o cesantía que pueda ser solicitada fundadamente y que, en su caso, dispondrá la autoridad de quien dependa.
Cómo se organiza el bloque
Forma y procedimiento especial de flagrancia
El artículo remite a la Ley del Ministerio Público, manda evitar remisiones innecesarias fuera de la UFI y prioriza medios técnicos de comunicación. El research lo describía como si fijara requisitos circunstanciados del acta y una nulidad automática; esas reglas pertenecen a otros capítulos y al régimen general de nulidades.
El régimen especial se activa en los supuestos del art. 154 para delitos dolosos cuya pena máxima no exceda quince años o concursos en los que ninguno supere ese máximo. Si la detención no procede conforme al art. 151, el fiscal debe disponer la libertad inmediata.
El fiscal debe declarar el caso dentro de cuarenta y ocho horas desde que toma conocimiento de la aprehensión, salvo excepción fundada. La defensa puede cuestionarlo con motivos específicos; la revisión corresponde al Juez de Garantías dentro de las cuarenta y ocho horas de la notificación.
Identificación, antecedentes, información ambiental y pericias deben completarse en un máximo de veinte días desde la aprehensión. El Juez de Garantías puede prorrogar por veinte días más a requerimiento fiscal mediante resolución fundada.
Durante ese término pueden pedirse probation, juicio abreviado o directísimo. No son viables sin pericias pendientes, certificación completa de antecedentes y examen mental obligatorio cuando corresponde. En determinados supuestos y con conformidad de las partes, el Juez de Garantías puede dictar pronunciamiento.
Si no hubo pedido de probation o abreviado, el fiscal dispone de cinco días para formular requisitoria de elevación y, si el imputado está detenido, solicitar prisión preventiva. Rigen las reglas de los arts. 334 y ss. y 157–158.
El art. 34 CPPBA contiene una regla expresa: las reglas ordinarias de conexión de los arts. 32–33 no se aplican cuando se declaró un caso de flagrancia. No es necesario formular esa solución como una mera excepción pretoriana.
Denuncia: quién puede, quién debe y quién no puede denunciar
Cualquier persona lesionada o que tenga noticia puede denunciar un delito perseguible de oficio. Cuando la acción depende de instancia privada, sólo puede denunciar quien esté legitimado conforme a la ley penal. El artículo exige además preguntar a la víctima o representante si instará la acción.
La denuncia puede ser escrita o verbal, personal o por representante/mandatario suficiente. La autoridad corrobora la identidad, pero el denunciante puede pedir estricta reserva por motivos fundados. Por eso reserva de identidad y denuncia anónima no son conceptos equivalentes.
Funcionarios públicos y profesionales del arte de curar tienen deberes específicos. En el caso médico, el deber cede cuando los hechos están amparados por secreto profesional; el propio Código presume ese secreto salvo manifestación en contrario. La ficha no transforma cada denuncia médica irregular en nulidad automática de toda la causa: deben analizarse fuente, afectación constitucional, causalidad y exclusión.
La prohibición alcanza cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano, salvo delito cometido contra el denunciante o pariente de grado igual o más próximo. La norma agrega que el denunciante no se convierte en parte por denunciar y sólo responde por delitos cometidos mediante la denuncia o por lo que corresponda civilmente.
Ante el Juez, éste comunica inmediatamente al fiscal, quien debe expedirse sobre competencia dentro de cuarenta y ocho horas y puede impulsar o desestimar. Ante el fiscal, éste comunica al Juez de Garantías de turno. Ante la policía, rige el art. 296.
El art. 290 permite desestimar si los hechos no constituyen delito o no puede procederse. La decisión fiscal es revisable por la vía del art. 83 inc. 8, actualmente atribuida a la víctima dentro de sus derechos procesales.
Función y facultades policiales vigentes
El art. 293 permite investigar por orden de autoridad competente, por iniciativa propia en casos de urgencia o en virtud de denuncia. Debe impedir consecuencias ulteriores, individualizar responsables y reunir prueba, siempre dentro de las previsiones del art. 296.
Incluye recibir denuncias; preservar rastros; inmovilizar personas en el lugar; documentar urgencias mediante inspecciones y técnicas; allanamientos/requisas urgentes; clausura o actuación del art. 149; interrogatorio de testigos; aprehensión/incomunicación; uso de fuerza e información de derechos.
La Ley 14.632 sustituyó en 2014 la redacción que permitía requerir indicaciones o informaciones al presunto imputado. Hoy el inciso 8 autoriza a aprehender en los casos del Código y a disponer incomunicación, si concurren los requisitos del art. 152, por un máximo de doce horas sin orden judicial.
Fallos anteriores a la Ley 14.632 discutieron la posibilidad de usar manifestaciones espontáneas del imputado para orientar la investigación. Esa jurisprudencia no debe citarse como exégesis del texto vigente del inciso 8, porque el legislador reemplazó la norma.
La policía no puede abrirla y debe remitirla intacta. En urgencia puede acudir a la autoridad judicial más inmediata para que autorice la apertura si lo considera necesario. El artículo no asigna esa decisión exclusivamente al Juez de Garantías.
Requisas y allanamientos urgentes: excepción que exige justificación previa
El inciso 5 autoriza requisas urgentes “con arreglo” al art. 225. La jurisprudencia exige que existan razones objetivas previas capaces de generar la sospecha necesaria y que la urgencia haga razonable actuar sin esperar la orden.
Encontrar droga, un arma u otro elemento después de requisar no puede crear ex post las razones que faltaban antes. Los motivos deben existir en el momento de la injerencia y poder explicarse de manera circunstanciada.
El propio inciso 5 permite revisar efectos transportados por personas o vehículos dentro de operativos públicos motivados por políticas de prevención, con reglas específicas sobre secuestro y comunicaciones. También contiene una previsión expresa sobre transporte de cargas y transporte público de pasajeros.
Si la medida vulnera una garantía constitucional entra en juego el art. 211 y el análisis causal de la prueba derivada. Si se denuncia una irregularidad ritual, también deben considerarse los arts. 201–207. La ficha evita convertir cualquier defecto en una “nulidad absoluta en cadena” sin ese análisis.
Comunicación inmediata, prevención subsidiaria y sanciones
La policía debe comunicar inmediatamente los delitos de acción pública al Juez de Garantías, al Agente Fiscal y al Defensor Oficial de turno. MPF o Policía Judicial deben intervenir de inmediato, salvo imposibilidad material.
Cuando esa intervención inmediata no se verifica, la policía practica la investigación respetando las reglas de IPP y forma una actuación de prevención con lugar/fecha, intervinientes, declaraciones, informes y diligencias.
Desde allí la policía puede continuar como auxiliar si se dispone. Las actuaciones deben remitirse sin tardanza y el artículo fija plazos concretos de tres o cinco días, con posibilidad excepcional de llegar a ocho días por dificultades insalvables autorizadas por el fiscal.
El órgano judicial interviniente puede imponer apercibimiento, multa de hasta diez jus y arresto de hasta quince días, de oficio o a pedido de parte y previo informe del funcionario. Además puede solicitar fundadamente suspensión o cesantía a la autoridad de dependencia.
Requisa urgente y actuación policial
Las razones justificantes deben existir antes de requisar
La jurisprudencia bonaerense exige circunstancias objetivas previas y urgencia. El hallazgo posterior puede corroborar una evaluación previa, pero no legitimar retrospectivamente una requisa que nació sin motivos suficientes.
La excepcionalidad policial exige fundamentación verificable
Cuando la ley desplaza excepcionalmente la intervención judicial previa, la actuación policial debe permitir un control posterior efectivo sobre las razones de necesidad, razonabilidad y urgencia.
La vieja doctrina del art. 294 inc. 8 no describe el texto vigente
La reforma de 2014 sustituyó el inciso relativo a indicaciones del imputado. Las decisiones anteriores pueden conservar interés histórico sobre autoincriminación y prueba derivada, pero no deben presentarse como interpretación del inciso 8 actual.
Flagrancia, denuncia y policía en el CPPBA
¿Qué regula el art. 284 CPPBA?
La forma general de tramitación de las diligencias de la IPP: remite a la Ley del Ministerio Público, impone celeridad y economía procesal y prioriza medios técnicos de comunicación. No establece una nulidad automática por defectos de las actas.
¿Cuándo se aplica el procedimiento de flagrancia?
El art. 284 bis lo aplica a los supuestos del art. 154 cuando se trate de delitos dolosos cuya pena máxima no exceda quince años —o concursos donde ninguno supere ese máximo— y, en lo pertinente, a delitos dolosos de acción pública con pena no privativa de libertad.
¿Quién declara un caso como de flagrancia y en qué plazo?
El fiscal debe hacerlo dentro de 48 horas de tomar conocimiento de la aprehensión, salvo excepción fundada. La defensa puede pedir revisión ante el Juez de Garantías dentro de las 48 horas de ser notificada, indicando motivos y fundamentos.
¿Cuánto puede durar la investigación del procedimiento de flagrancia?
El art. 284 cuater fija veinte días desde la aprehensión para completar identificación, antecedentes, información ambiental y pericias; puede prorrogarse otros veinte días a pedido fiscal mediante resolución fundada del Juez de Garantías.
¿Qué salidas pueden pedirse durante la flagrancia?
Dentro del plazo del art. 284 cuater pueden solicitarse suspensión del juicio a prueba, juicio abreviado o juicio directísimo, con los requisitos y remisiones del art. 284 quinquies.
¿Quién puede denunciar un delito perseguible de oficio?
El art. 285 faculta a quien se considere lesionado o tenga noticia del delito. En delitos dependientes de instancia privada sólo puede denunciar quien esté habilitado para instar según la ley penal.
¿Puede reservarse la identidad del denunciante?
Sí. El art. 286 permite requerir estricta reserva cuando existan motivos fundados. Esa reserva no convierte la denuncia en anónima: la autoridad debe corroborar y hacer constar la identidad.
¿Los médicos siempre tienen obligación de denunciar?
No. El art. 287 inc. 2 contempla el deber respecto de delitos contra la vida e integridad física conocidos al prestar auxilio, pero exceptúa los hechos amparados por secreto profesional y presume ese secreto salvo manifestación en contrario.
¿La policía puede requisar sin orden judicial?
En casos urgentes, el art. 294 inc. 5 permite requisas conforme al art. 225 y allanamientos del art. 222, con aviso inmediato. Para las requisas urgentes la jurisprudencia exige razones objetivas previas y urgencia; el resultado posterior no puede crear retrospectivamente la justificación.
¿Sigue vigente la facultad policial de pedir al imputado indicaciones sobre la investigación?
No como inciso 8 vigente. La Ley 14.632 sustituyó en 2014 esa antigua redacción: el actual inc. 8 regula aprehensión e incomunicación por hasta doce horas en los supuestos del Código.
¿Qué debe hacer la policía cuando toma conocimiento de un delito de acción pública?
El art. 296 exige comunicación inmediata al Juez de Garantías, al Agente Fiscal y al Defensor Oficial de turno. Si MPF o Policía Judicial no pueden intervenir inmediatamente, la prevención continúa según el art. 297.
¿Cuándo cesa la actuación autónoma de prevención policial?
Según el art. 297, cesa cuando comienza a intervenir el Ministerio Público Fiscal o la Policía Judicial, aunque la policía puede continuar como auxiliar. La norma fija además plazos de remisión de tres, cinco u ocho días según el caso.
Normativa y jurisprudencia de control
Texto oficial vigente: Ley 11.922 consolidada — arts. 284 a 298.
Ley 14.632: sustitución del art. 294 inc. 8 en 2014.
JUBA: precedentes sobre art. 294 inc. 5, motivos suficientes, urgencia y control de requisas policiales.
Concordancias relevantes: arts. 7, 34, 60, 83 inc. 8, 149, 151–154, 157–158, 201–211, 219–225, 276, 296, 308, 334 y ss., 395–404 CPPBA.
