¿Me pueden expulsar si mis hijos argentinos dependen de mí?

El caso: condena, expulsión permanente y cuatro hijos argentinos menores

La Dirección Nacional de Migraciones, mediante la disposición SDX 96005/2016, declaró irregular la permanencia de A.C.G., de nacionalidad boliviana, ordenó su expulsión del territorio argentino y le prohibió reingresar con carácter permanente. La medida se apoyó en el art. 29 inc. c de la Ley 25.871, porque la migrante había sido condenada a 4 años y 3 meses de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de transporte.

Luego, la DNM rechazó el recurso administrativo y sostuvo que ni siquiera la acreditación de hijos argentinos menores de edad modificaba lo resuelto, dado el tipo de delito por el que había sido condenada. La discusión judicial, entonces, no pasaba por negar la causal legal del art. 29 inc. c, sino por determinar si, en ese cuadro, la autoridad migratoria y los jueces habían ignorado el derecho a la reunificación familiar y el interés superior del niño.

Qué habían dicho la jueza y la Cámara

La sentencia de primera instancia rechazó el recurso directo contra los actos migratorios. Después, la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal confirmó esa solución.

La Cámara entendió que, dada la gravedad del delito, la DNM no había tergiversado la ley ni sus fines al encuadrar el caso en el art. 29 inc. c. También descartó la aplicación del art. 62 de la Ley 25.871 porque no surgía que la actora tuviera residencia permanente otorgada por las autoridades nacionales. Y, respecto de la dispensa por reunificación familiar, consideró que se trataba de una facultad discrecional de Migraciones, controlable judicialmente solo por razonabilidad, sin sustituir el criterio administrativo salvo error, omisión o vicio grave.

Qué resolvió la Corte Suprema: cuando hay riesgo cierto de desamparo, el interés del niño es decisivo

La Corte declaró admisible el recurso extraordinario, recordó que la Ley 25.871 protege tanto la política migratoria como el derecho a la reunificación familiar, y precisó que la dispensa del último párrafo del art. 29 es excepcional y discrecional, pero no inmune a control judicial.

• Primera premisa: si la expulsión puede afectar a niños y niñas, el análisis no puede quedarse en la gravedad abstracta del delito ni en la sola invocación de la discrecionalidad administrativa.
• Riesgo cierto, no hipotético: la Corte revisó las constancias del expediente y tuvo por acreditado que la migrante era la cuidadora primaria y sostén material y afectivo de sus cuatro hijos argentinos menores de edad, en un contexto de extrema vulnerabilidad social.
• Centro de vida y red de apoyo: el fallo valoró que los chicos tenían escolaridad, vivienda y asistencia alimentaria en Argentina, además de acompañamiento de programas sociales y educativos; por eso, tanto la separación de la madre como el eventual traslado forzado fuera del país resultaban especialmente gravosos.
• Error de la Cámara: el tribunal de alzada omitió por completo ponderar el interés superior del niño, pese a que había sido invocado y probado en sede administrativa y judicial.
• Regla del caso: cuando la expulsión genera un riesgo real y concreto de desamparo para hijos menores, el control judicial debe ser intenso y no puede validar sin más la negativa de Migraciones a dispensar la expulsión.
• Resultado: la Corte hizo lugar al recurso extraordinario, revocó la sentencia y dejó sentado un criterio rector de relevancia institucional en materia de migraciones, familia e infancia.

La Corte fue muy concreta al revisar el expediente: valoró la situación de extrema vulnerabilidad de la actora y de sus hijos, la existencia de violencia de género previa, el hecho de que ella era el único sostén emocional y económico de buena parte del grupo familiar, la escolaridad de los niños, la asistencia alimentaria y el apoyo brindado por programas públicos y comunitarios en su actual centro de vida.

Un dato clave del fallo: la Corte igual decidió, aunque después Migraciones otorgó residencia

Durante el trámite ante la Corte, la actora informó que la DNM había dictado la disposición SDX 121159/22, concediéndole la residencia permanente por reunificación familiar. Aun así, la mayoría entendió que el caso no había perdido objeto, porque hacía falta fijar un criterio para supuestos que pueden repetirse y donde está comprometida la tutela preferente de niños y niñas.

Ese punto vuelve al precedente todavía más importante para la biblioteca: C.G.A. no es solo una resolución favorable por circunstancias particulares, sino una sentencia que formula un estándar rector sobre expulsión, familia, desamparo e interés superior del niño en materia migratoria. El juez Rosenkrantz disintió en este aspecto y sostuvo que, por la nueva residencia otorgada, el caso había devenido abstracto; la mayoría, en cambio, priorizó dejar fijado el criterio.

Cómo usar este precedente en tu defensa

C.G.A. es el leading case que conviene invocar cuando la DNM o la Cámara minimizan la situación de hijos argentinos menores y tratan la expulsión como una consecuencia automática del antecedente penal.

Su utilidad práctica es doble: por un lado, obliga a demostrar con prueba concreta quién cuida realmente a los chicos, de qué viven, dónde estudian y qué pasaría si se ejecuta la expulsión; por otro, permite sostener que el control judicial no puede ser puramente formal si el acto administrativo compromete familia, niñez y riesgo de desamparo.