Doctrina Góngora, probation y violencia de género

Resumen ejecutivo

1. Qué resolvió Góngora y por qué importa para la probation

El caso Góngora, Gabriel Arnaldo s/ causa n.º 14.092 fue resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 23 de abril de 2013. El eje del conflicto fue la posibilidad de conceder la suspensión del juicio a prueba en una causa calificada como violencia contra la mujer. La Corte, al remitir al sentido del artículo 7.f de la Convención de Belém do Pará, sostuvo que la adopción de una alternativa distinta del debate oral resultaba improcedente: solo esa etapa permitiría una determinación definitiva sobre la culpabilidad o inocencia y, en su caso, la posibilidad de aplicar una sanción. Para el Tribunal, esa interpretación hacía efectivo el acceso de la mujer a la justicia. La sentencia está registrada en Fallos 336:392.

La suspensión del juicio a prueba es un instituto que permite detener el proceso bajo condiciones: reparación del daño, reglas de conducta y un período de prueba. En lenguaje corriente suele llamarse probation. Su finalidad no es absolver ni condenar, sino abrir una vía de cierre condicionada que puede extinguir la acción penal si las pautas se cumplen.

El punto de choque aparece cuando esa herramienta se aplica a hechos que constituyen violencia contra la mujer. En Góngora, la Corte no se limitó a advertir un riesgo hipotético: declaró incompatible la suspensión con la obligación convencional que interpretó aplicable al caso.

El alcance del precedente depende, por tanto, de una premisa que debe justificarse: que los hechos atribuidos configuren violencia contra la mujer. Esa constatación no autoriza a ignorar la defensa en juicio, la presunción de inocencia ni la necesidad de motivar las decisiones. Exige aplicar conjuntamente el Código Penal, el régimen procesal competente y el estándar convencional.

2. Belém do Pará: debida diligencia y acceso efectivo a la justicia

La Convención de Belém do Pará obliga a los Estados a actuar con debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer (artículo 7.b) y a establecer procedimientos legales justos y eficaces, con acceso efectivo y juicio oportuno (artículo 7.f). La Convención no contiene por sí sola una frase que prohíba toda probation: la exigencia de debate oral en este supuesto surge de la interpretación adoptada por la Corte en Góngora.

La Ley 26.485 define la violencia contra las mujeres como una conducta basada en razones de género que, en forma directa o indirecta, afecte derechos en un marco de relaciones desiguales de poder. No exige siempre reiteración ni la concurrencia de una lista fija de indicadores. El encuadre debe apoyarse en los hechos atribuidos, la modalidad, el contexto y la prueba, no en la sola identidad de las personas involucradas.

Ese control importa para ambos lados. Para la víctima, evita que el sistema minimice una agresión bajo la etiqueta de “conflicto privado”. Para el imputado, impide que una categoría convencional se use de modo automático sin revisar prueba, contexto y calificación. La decisión debe estar fundada sin anticipar culpabilidad: esta se determina en el proceso con las garantías correspondientes.

3. Expropiación del conflicto, voluntad de la víctima y paternalismo penal

Uno de los debates que abre Góngora es el lugar de la víctima. La Ley 27.372 reconoce su derecho a ser escuchada antes de toda decisión que implique la extinción o suspensión de la acción penal, cuando lo solicite. Además, la reforma del artículo 293 del Código Procesal Penal de la Nación exige citarla a la audiencia de suspensión del juicio a prueba aunque no se haya constituido como querellante.

Ese derecho de participación no equivale, como regla general, a un veto sobre la persecución ni habilita a prescindir de su voz. En contextos de violencia, la voluntad de la víctima puede estar condicionada por temor, dependencia económica, presión familiar, desgaste o riesgo de represalias. El proceso penal no puede desentenderse de esas condiciones. De allí que la participación de la víctima en el proceso penal exija protección, información y escucha, pero no necesariamente poder de veto absoluto sobre la persecución.

Si el Estado sustituye por completo la voz de la víctima, puede profundizar su falta de autonomía. La respuesta jurídicamente adecuada requiere escucharla en condiciones seguras, valorar el riesgo y motivar por qué la continuación o la salida propuesta protege sus derechos y cumple el régimen aplicable.

4. Consecuencias para la defensa penal

Desde la defensa, pedir probation en un expediente con alegación de violencia de género exige más que revisar la escala penal. La estrategia debe empezar por una pregunta incómoda: si el caso llega a juicio, ¿qué se discutirá realmente y qué prueba sostiene el encuadre de violencia de género?

En términos de estrategia penal, la defensa debe decidir si corresponde solicitar la probation, discutir primero la calificación, producir prueba sobre contexto, ir a juicio o evaluar otra vía legal. Cuando se controvierte la veracidad de la imputación o su encuadre jurídico, el análisis puede exigir una defensa frente a denuncias en contexto de género. Si el problema inmediato es una restricción, notificación o incumplimiento atribuido, también puede ser necesario revisar la defensa ante medidas perimetrales.

5. Víctima, querella y reparación: no confundir planos

Para la víctima, Góngora puede funcionar como una garantía frente a cierres prematuros. Cuando los hechos y la prueba permiten encuadrar prima facie el caso como violencia contra la mujer en los términos legales y convencionales, la suspensión del proceso puede resultar incompatible con el deber estatal de debida diligencia. En ese escenario, la intervención como querellante permite impulsar prueba, controlar decisiones y oponerse a salidas que debiliten la investigación.

La víctima debe ser informada y debe poder ser oída. El artículo 5.k de la Ley 27.372 reconoce el derecho a ser escuchada antes de una decisión que suspenda o extinga la acción cuando lo solicita expresamente; el artículo 293 del Código Procesal Penal de la Nación ordena citarla a la audiencia, aun cuando no sea querellante. El artículo 35 del Código Procesal Penal Federal prevé su convocatoria donde ese régimen resulte aplicable. En la provincia de Buenos Aires, el artículo 404 del código local exige valorar su manifestación y aclara que no es vinculante. Su posición debe considerarse junto con el riesgo, el dictamen fiscal y las restantes exigencias legales.

Esto no significa que toda reparación sea irrelevante. La reparación puede tener valor dentro del proceso, en la estrategia de la víctima, en eventuales acuerdos civiles o en la valoración judicial. Lo que no debería hacerse es confundir reparación con clausura automática del proceso cuando hay un deber reforzado de investigar la violencia.

6. Qué margen queda después de Góngora

El primer paso es identificar la jurisdicción y la ley procesal vigente. El artículo 76 del Código Penal dispone que la suspensión se regirá por las reglas procesales correspondientes. En el Código Procesal Penal Federal, el artículo 30 incluye la suspensión entre los criterios de disponibilidad, pero impide al Ministerio Público Fiscal prescindir de la persecución cuando el episodio ocurre en un contexto de violencia doméstica o está motivado por razones discriminatorias. Su artículo 35 regula el acuerdo escrito, la audiencia y la intervención de la víctima.

Esa regla federal no puede trasladarse sin más a todos los procesos provinciales ni a ámbitos donde el CPPF aún no resulte aplicable. Allí deben revisarse el código local y los precedentes del tribunal competente. Por la autoridad institucional de Góngora, una decisión que lo aplique o lo distinga debe tratar fundadamente sus razones cuando los hechos atribuidos se encuadran como violencia contra la mujer.

En B., J. L. s/ recurso de casación (Tribunal de Casación Penal bonaerense, Sala II, causa 73.499, 11 de octubre de 2016), se cuestionó una aplicación sin apoyo concreto en los hechos y una oposición fiscal genérica. En Altuve —recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa Bracco— (Suprema Corte de Buenos Aires, causas P. 124.615 y P. 124.669, 20 de septiembre de 2017), se consideró fundada la oposición fiscal y aplicable la incompatibilidad de Góngora ante hechos prima facie comprendidos como violencia sexual y de género.

Antes de afirmar admisibilidad o inadmisibilidad deben controlarse: la norma procesal aplicable; la calificación y el contexto; la posición de la víctima; el dictamen fiscal y su motivación; la propuesta de reparación y reglas de conducta; la prueba disponible; y la jurisprudencia vigente. Distinguir un precedente inferior por sus hechos no equivale a desconocer la doctrina de la Corte Suprema.

7. Fuentes, referencias y forma de cita

Las normas se enlazan a sus textos oficiales actualizados, el fallo de la Corte a una base institucional y los precedentes bonaerenses a JUBA. El cronograma del CPPF es temporal y debe verificarse nuevamente. La enumeración no reemplaza la lectura completa de cada sentencia ni el control de vigencia y aplicabilidad en la jurisdicción.

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