Código Procesal Penal de la NaciónArtículos 5, 6 y 7 — Acción pública, dependiente de instancia privada y privada

El art. 5 asigna el ejercicio de la acción penal pública al Ministerio fiscal y ordena iniciarla de oficio cuando no dependa de instancia privada. El art. 71 del Código Penal formula hoy la misma regla con una salvedad relevante: reconoce expresamente las reglas de disponibilidad de la acción previstas por la legislación procesal. Por eso no conviene describir el sistema actual como una legalidad absolutamente rígida.

La frase final del art. 5 permite que la acción se suspenda, interrumpa o cese cuando exista una base legal. Después de la Ley 27.147, el Código Penal también contempla extinción por criterio de oportunidad y por conciliación o reparación integral de conformidad con las leyes procesales correspondientes. La remisión es decisiva: no crea por sí sola una potestad genérica para cerrar cualquier causa regida por el CPPN al margen del procedimiento aplicable.

El art. 82 CPPN reconoce a la persona particularmente ofendida por un delito de acción pública facultades para impulsar el proceso, aportar elementos, argumentar y recurrir dentro de los alcances legales. A partir de Santillán, la Corte Suprema dejó en claro que una acusación válida del querellante puede tener eficacia autónoma aunque el Ministerio Público no pida condena. Eso no transforma el delito en uno de acción privada: sigue siendo una acción pública con un acusador particular admitido por la ley.

En Quiroga, la Corte declaró inconstitucional el mecanismo del segundo párrafo del art. 348 CPPN que permitía, ante el desacuerdo del juez con un pedido fiscal de sobreseimiento, provocar el apartamiento del fiscal y la designación de otro para requerir la elevación a juicio. La separación entre acusar y juzgar protege la imparcialidad: la jurisdicción no puede suplir la voluntad requirente de quien debe formular la acusación.

El art. 72 del Código Penal incluye: (i) los delitos de los arts. 119, 120 y 130 cuando no resultare la muerte de la persona ofendida ni lesiones gravísimas del art. 91; (ii) las lesiones leves, dolosas o culposas; y (iii) el impedimento de contacto de hijos menores con sus padres no convivientes. La propia norma establece después supuestos en los que se procede de oficio.

Desde 2018, en los delitos sexuales del inciso 1 se procede de oficio cuando la víctima es menor de 18 años o ha sido declarada incapaz. En lesiones leves, la ley autoriza actuación de oficio cuando median razones de seguridad o interés público. Para los incisos 2 y 3 existen además reglas especiales de protección de menores sin representantes idóneos o frente a conflictos graves de intereses. Por eso una explicación basada en versiones anteriores del art. 72 CP puede llevar a una conclusión equivocada sobre la necesidad de instancia.

La denuncia de la persona legitimada remueve el obstáculo que impedía iniciar la persecución pública. A partir de allí, el Ministerio Público puede ejercer la acción. La víctima puede además constituirse como querellante si reúne los requisitos legales, pero son actos distintos: instancia habilita la persecución; querella incorpora a la víctima como parte acusadora.

Una vez válidamente instada, la acción sigue siendo pública. Por eso un arrepentimiento posterior o el deseo de “retirar la denuncia” no produce por sí mismo el mismo efecto que el desistimiento de una querella por delito de acción privada. Otra cuestión es que una ley procesal habilite una salida alternativa, una forma de disponibilidad o una decisión conclusiva por fundamentos propios.

El Código Penal enumera actualmente las acciones nacidas de calumnias e injurias; violación de secretos, con las excepciones de los arts. 154 y 157; concurrencia desleal del art. 159; e incumplimiento de los deberes de asistencia familiar cuando la víctima sea el cónyuge. El art. 73 también contempla las acciones que resulten privadas por conversión o prosecución de la víctima cuando así lo disponga la legislación procesal correspondiente.

Los arts. 415 a 431 CPPN regulan el juicio por delitos de acción privada. La querella debe cumplir requisitos formales específicos; se prevén desistimiento expreso y tácito, audiencia de conciliación, investigación preliminar limitada y, si el proceso continúa, el querellante asume en el debate las facultades y obligaciones que corresponden al Ministerio Fiscal en el juicio común.

En la acción privada el art. 7 remite a la querella y al procedimiento especial. Esto es distinto de la denuncia que basta para instar una acción dependiente de instancia privada. Confundir ambos actos puede tener consecuencias procesales importantes, porque la querella privada exige forma, contenido, prueba ofrecida y legitimación en los términos del CPPN.

El Código Procesal Penal Federal regula expresamente la conversión de una acción pública en privada en su art. 33, dentro de las reglas de disponibilidad. Esa figura es relevante para comprender el segundo párrafo del art. 73 CP, pero pertenece al régimen procesal que resulte aplicable. En una causa todavía regida por el CPPN no debe importarse mecánicamente una herramienta del CPPF sin verificar jurisdicción, fecha de implementación y norma habilitante.