Cómo se tramita la probation en el CPPN: audiencia única, citación de la víctima, reparación, intervención fiscal, reglas de conducta, control de ejecución y relación con los arts. 76 bis y 76 ter del Código Penal.
Texto cotejado con la versión consolidada oficial del CPPN, consultada el 22/08/2026. La redacción vigente fue sustituida por el art. 19 de la Ley 27.372 en 2017.
Art. 293. — En la oportunidad que la ley penal permita la suspensión del proceso a prueba, el órgano judicial competente podrá conceder el beneficio, en audiencia única, donde las partes tendrán derecho a expresarse. Se citará a la víctima aún cuando no se hubiese presentado como parte querellante.
Cuando así ocurra, el órgano judicial competente en la misma audiencia especificará concretamente las instrucciones y reglas de conducta a las que deba someterse el imputado y deberá comunicar inmediatamente al juez de ejecución la resolución que somete al imputado a prueba.
Clave de lectura. El art. 293 regula principalmente el procedimiento. Los presupuestos materiales, el plazo de prueba y los efectos de cumplimiento o fracaso surgen de los arts. 76, 76 bis, 76 ter y 76 quater del Código Penal.
El art. 293 no crea por sí solo el derecho al beneficio. Remite a la ley penal: la procedencia debe integrarse con el Título XII del Código Penal y con la jurisprudencia que interpreta sus distintos supuestos.
Los dos primeros párrafos del art. 76 bis contemplan delitos con máximo de hasta tres años. Pero el cuarto párrafo contiene otra hipótesis: si las circunstancias permiten una eventual condena de ejecución condicional y existe el consentimiento fiscal exigido por esa disposición, puede suspenderse el juicio. En Acosta, la Corte rechazó la lectura que dejaba inoperante este supuesto y consolidó la denominada tesis amplia.
La solicitud debe incluir un ofrecimiento de reparación del daño en la medida de lo posible. La ley aclara expresamente que ese ofrecimiento no implica confesión ni reconocimiento de responsabilidad civil. El juez debe valorar su razonabilidad según las posibilidades reales del imputado.
El rechazo de la reparación ofrecida no funciona por sí solo como veto: el art. 76 bis prevé expresamente que, aun si la víctima la rechaza y se concede la suspensión, queda habilitada la acción civil correspondiente. Su posición, sin embargo, debe ser escuchada y valorada en la audiencia.
El consentimiento fiscal es un requisito textual en la hipótesis del cuarto párrafo del art. 76 bis. La opinión del fiscal debe estar jurídicamente fundada y puede ser sometida a control de legalidad y razonabilidad; ese control no autoriza a borrar el rol que la ley atribuye al titular de la acción pública allí donde exige su consentimiento.
Si existe pena de multa conjunta o alternativa, el art. 76 bis exige el pago del mínimo. También impone abandonar en favor del Estado los bienes que presumiblemente serían decomisados en caso de condena.
El texto del art. 76 bis excluye la intervención de funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones y los delitos reprimidos con inhabilitación, además de conservar una exclusión referida a las leyes 22.415 y 24.769. La inhabilitación conjunta sigue siendo una zona de interpretación especialmente discutida: Norverto fue resuelto por remisión a la doctrina de Acosta, pero su alcance sobre esta exclusión fue leído de manera divergente por tribunales posteriores. Por eso no corresponde trasladar mecánicamente la tesis amplia a cualquier delito con inhabilitación sin verificar la figura, la clase de pena y la jurisprudencia aplicable.
El artículo exige una audiencia única en la que las partes tengan derecho a expresarse. La Sala V de la Cámara Nacional, en SQZ, anuló un rechazo dictado sin realizarla: el contradictorio es el espacio en el que defensa y acusación exponen sus fundamentos y el tribunal obtiene los elementos necesarios para resolver.
Desde la reforma de la Ley 27.372, la citación es una exigencia expresa del art. 293. Además, el art. 5 inc. k de la Ley de Víctimas reconoce el derecho a ser escuchada antes de una decisión que suspenda o extinga la acción penal, siempre que lo solicite. La norma no convierte a la víctima en titular de un veto automático, pero sí impide resolver el instituto como si su posición fuera irrelevante: debe existir una oportunidad real de ser oída.
Ni el art. 293 ni el art. 76 bis establecen una fecha única de caducidad. Eso no significa que cualquier planteo sea siempre oportuno: la preclusión ha sido construida jurisprudencialmente según la etapa y las circunstancias. En MJ, la Corte recordó precisamente que la oportunidad no está taxativamente prevista en la normativa nacional.
La Corte dejó sin efecto una decisión de Casación que había rechazado la probation por extemporánea cuando el fiscal no había planteado esa objeción ni en la audiencia del art. 293 ni en su recurso. El punto es procesalmente importante: el marco de contradicción y los límites del recurso también condicionan la decisión sobre la oportunidad.
Además de procedencia, reparación y posiciones de las partes, si se concede el beneficio el propio art. 293 ordena que en esa audiencia se especifiquen concretamente las instrucciones y reglas de conducta. No basta una remisión genérica a fórmulas de estilo.
Solicitar la suspensión, ofrecer reparación o aceptar reglas de conducta no equivale a admitir culpabilidad. La propia ley penal excluye ese efecto respecto del ofrecimiento resarcitorio y el proceso queda suspendido, no convertido en una condena.
Víctima y reparación son planos distintos. Que la víctima rechace una suma ofrecida no impide automáticamente la probation; pero una oposición basada en un impedimento jurídico —por ejemplo, la doctrina aplicable a hechos que prima facie constituyen violencia contra la mujer— plantea una cuestión diferente que el tribunal debe resolver expresamente.
El art. 76 ter fija el período de prueba entre uno y tres años, según la gravedad del delito, y remite a las reglas de conducta del art. 27 bis del Código Penal.
Durante el período de prueba se suspende la prescripción de la acción penal. El proceso queda condicionado al resultado del régimen, no abandonado por el Estado.
Si durante el plazo el imputado no comete un delito, repara el daño en la medida ofrecida y cumple las reglas impuestas, el art. 76 ter establece la extinción de la acción penal. El resultado exitoso evita una condena en ese proceso.
El régimen exige analizar qué ocurrió y con qué entidad. En el CPPN, el art. 515 prevé que, ante incumplimiento o inobservancia, el tribunal de ejecución otorgue posibilidad de audiencia al imputado y resuelva sobre la revocación o subsistencia del beneficio.
El art. 493 inc. 2 CPPN atribuye al juez de ejecución el control del cumplimiento de las instrucciones e imposiciones del art. 293. El art. 515 regula específicamente el control y la respuesta frente a incumplimientos.
El Código Penal admite una segunda suspensión si el nuevo delito fue cometido después de transcurridos ocho años desde la expiración del plazo anterior. En cambio, no admite una nueva suspensión respecto de quien incumplió las reglas impuestas en una probation anterior.
El CPPF regula la probation de manera mucho más detallada en su art. 35. No es una simple copia del art. 293 CPPN: fija oportunidad, forma del acuerdo, intervención judicial, participación de la víctima y sistema de control.
El CPPF permite proponer la suspensión al fiscal hasta la finalización de la etapa preparatoria, con una excepción si durante el juicio cambia la calificación jurídica y esa modificación habilita el instituto.
El acuerdo lleva la firma del imputado, su defensor y el fiscal. Luego se presenta ante el juez, que evalúa las reglas en audiencia; allí se cita a las partes y a la víctima.
A diferencia del CPPN, el art. 35 CPPF asigna el seguimiento a una oficina judicial específica, que registra periódicamente el cumplimiento e informa circunstancias que podrían justificar una modificación o revocación.
Si se incumplen las condiciones, el Ministerio Público Fiscal o la querella pueden pedir una audiencia y el juez decide entre continuidad, modificación o revocación. La víctima tiene derecho a ser informada sobre el cumplimiento.
Acosta, Alejandro Esteban. Consolidó la tesis amplia: limitar la probation exclusivamente a delitos cuyo máximo en abstracto no supere tres años dejaba sin operatividad el cuarto párrafo del art. 76 bis. La posibilidad de una eventual condena de ejecución condicional pasó a ser un eje central de procedencia.
Ver fallo reproducido por Defensa PúblicaSQZ. La Cámara anuló el rechazo de una probation decidido sin convocar previamente a la audiencia del art. 293. Señaló que esa audiencia no es discrecional: es el ámbito de inmediación y contradicción donde defensa y acusación presentan peticiones, fundamentos y réplicas.
Ver ficha MPDGóngora, Gabriel Arnaldo. En un caso cuyos hechos habían sido considerados prima facie violencia contra la mujer, la Corte entendió incompatible la suspensión con las obligaciones del art. 7 de la Convención de Belém do Pará, porque frustraría la posibilidad de dilucidar el caso en debate. El precedente exige identificar jurídicamente ese contexto; no debe transformarse en una etiqueta automática para cualquier conflicto interpersonal.
Ver ficha oficial CSJNMJ. La Corte invalidó una decisión de Casación que había declarado extemporáneo el pedido por una razón que el fiscal no había planteado. Destacó que la oportunidad procesal para solicitar el instituto no está taxativamente fijada en la normativa nacional y que el tribunal revisor no puede exceder el marco del recurso con afectación de la defensa.
Ver ficha MPDNo. La ley dice expresamente que el ofrecimiento de reparación no implica confesión ni reconocimiento de responsabilidad civil. La suspensión evita el juicio mientras se cumplen las condiciones; no es una condena.
El art. 293 ordena citarla aunque no se haya constituido en querellante. Debe tener una oportunidad real de expresar su posición, aunque su rechazo de la reparación no funcione por sí solo como veto automático.
El cuarto párrafo del art. 76 bis exige consentimiento fiscal cuando la procedencia se apoya en la posibilidad de una condena de ejecución condicional. La posición fiscal debe ser fundada y está sujeta a control de legalidad y razonabilidad, pero no puede tratarse como jurídicamente irrelevante cuando la ley exige ese consentimiento.
El CPPN no establece un único momento taxativo. Existe jurisprudencia que admite el planteo en instrucción y la oportunidad debe analizarse según la etapa concreta. En MJ, la Corte recordó que el límite temporal no está taxativamente previsto por la ley nacional.
Entre uno y tres años, según el art. 76 ter del Código Penal. Durante ese período se cumplen las reglas fijadas y se suspende la prescripción de la acción penal.
Si no se comete un delito durante el plazo, se repara el daño en la medida ofrecida y se cumplen las reglas de conducta, el art. 76 ter dispone la extinción de la acción penal.
El art. 515 CPPN exige dar al imputado posibilidad de audiencia y permite al tribunal de ejecución resolver sobre la subsistencia o revocación del beneficio. No corresponde presentar cualquier incumplimiento menor como una revocación automática.
No debe formularse de ese modo. Góngora se refiere a hechos considerados prima facie violencia contra la mujer dentro del marco de Belém do Pará. La existencia y relevancia jurídica de ese contexto debe analizarse en el caso concreto.
Nota editorial. Ficha elaborada y revisada por Jacobo Iván Selser. El texto del art. 293 fue cotejado con la versión consolidada oficial del Código Procesal Penal de la Nación y con la Ley 27.372. Actualización: 22/08/2026. Para el texto normativo vigente prevalecen siempre las fuentes oficiales enlazadas en esta página.
