Artículo 11 — Ley 11.179 Producto del Trabajo del Condenado

La doctrina argentina más autorizada sostiene que el art. 11 quedó en buena medida absorbido o desplazado en su operatividad cotidiana por la legislación de ejecución penal. Esa idea aparece con claridad en el comentario de D’Alessio/Divito, que remite al capítulo de trabajo de la ley 24.660 y, en particular, al art. 121.

Hoy el régimen se reconstruye así: el art. 106 define al trabajo como elemento fundamental del tratamiento; el art. 120 manda remunerar el trabajo del interno; el art. 121 distribuye el salario en porcentajes; y los arts. 123 a 128 regulan acrecimientos, fondo disponible y fondo de reserva.

Esto no significa que el art. 11 haya desaparecido: sigue siendo la norma fuente del Código Penal que explica por qué existe una distribución legal del producto del trabajo y por qué el peculio no es un puro dato administrativo.

También aparece aquí una discusión de fondo: la posición mayoritaria entiende que el trabajo carcelario no genera, sin más, una relación laboral plena regida por la LCT, porque está inserto en un estatuto especial de ejecución. Pero esa especialidad no habilita a vaciar las garantías mínimas del art. 14 bis CN: remuneración justa, seguridad social, tutela frente a accidentes y prohibición de trabajo denigrante.

Los dos primeros incisos conectan directamente la ejecución penal con el derecho privado. El inciso 1 orienta una parte del producido del trabajo a la indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito; el inciso 2, a la prestación de alimentos.

Hay una aclaración normativa indispensable: aunque el texto oficial todavía dice “Código Civil”, desde la entrada en vigencia de la ley 26.994 esa remisión debe entenderse hecha al Código Civil y Comercial de la Nación. No es un detalle menor, porque hoy el juego del inciso 2 se reconstruye con las reglas alimentarias vigentes del CCCN.

En la práctica, el inciso 2 suele tener mayor vitalidad que el primero. Las retenciones por alimentos aparecen con más frecuencia porque llegan mediante oficios de juzgados de familia y responden a obligaciones periódicas concretas. La reparación civil, en cambio, muchas veces queda neutralizada por falta de sentencia civil ejecutable, por ausencia de impulso de la víctima o porque no existe todavía un monto firme liquidado.

El régimen de la ley 24.660 refuerza esta lógica con reglas de acrecentamiento: cuando no hay indemnización o no hay alimentos que satisfacer, esos porcentajes no vuelven al libre consumo del interno, sino que acrecen otras partidas, principalmente el fondo propio.

El punto más problemático del art. 11 es el inciso 3, que manda aplicar parte del producto del trabajo a costear los gastos que el condenado causare en el establecimiento. Esa lógica fue reglamentada por el art. 121 inc. c de la ley 24.660, pero terminó siendo declarada inconstitucional.

La razón de fondo es más fuerte que una simple discusión contable: el Estado no puede trasladar al interno el costo de su manutención básica —alojamiento, alimentación, higiene, atención sanitaria— porque esas cargas derivan del deber estatal de custodia, del art. 18 de la Constitución Nacional y del bloque de derechos humanos. En esa línea, la Corte entendió que descontar ese 25% no solo era irrazonable, sino que además vaciaba de sentido al peculio como instrumento de egreso y reinserción.

El inciso 4 ordena formar un fondo propio para entregar al condenado a su salida. La ley 24.660 desarrolló este punto con detalle: permite un fondo disponible —parcial y condicionado— y un fondo de reserva que debe conservarse hasta el egreso.

La jurisprudencia reciente ha reforzado el carácter tuitivo de este ahorro. El fondo de reserva cumple una función clara de subsistencia y reinserción al momento de recuperar la libertad, y por eso ha sido tratado como inembargable y acreedor de intereses cuando la administración demora ilegítimamente su entrega.

En litigio práctico, este inciso importa mucho más de lo que parece: es la base de reclamos por liquidaciones defectuosas, intereses, entrega tardía, cuentas mal administradas y opacidad del ENCOPE o de la administración penitenciaria local.

El art. 11 habla literalmente del condenado a reclusión o prisión. Esa redacción es relevante: desde una lectura dogmática estricta, el régimen de distribución del artículo no fue pensado para personas que todavía no tienen condena firme.

Sin embargo, en la práctica penitenciaria federal también los procesados que trabajan cobran peculio, incluso en tareas de fajina. Eso no es solo una concesión de hecho: la propia ley 24.660, en su art. 11, dispone que la ley de ejecución es aplicable a los procesados cuando sus normas no contradigan el principio de inocencia y resulten más favorables.

A eso se suma un estándar internacional relevante: las Reglas Mandela distinguen entre condenados y procesados. Mientras el trabajo del condenado puede integrarse al tratamiento, en el caso del procesado debe ofrecerse sin destruir la presunción de inocencia y sin convertirse en obligación punitiva. Por eso la forma más prudente de explicarlo es ésta: el derecho a trabajar y cobrar por ello puede alcanzar también al procesado, pero su justificación dogmática ya no pasa linealmente por la lógica resocializadora del art. 11 sino por el derecho al trabajo y la regla de mayor favor.

El debate actual sobre el art. 11 ya no es solo distributivo. También discute cuál es la base salarial legítima sobre la que se aplican las deducciones. El art. 120 de la ley 24.660 ordena remunerar el trabajo y, según los casos, toma como piso las tres cuartas partes del salario mínimo vital y móvil o el propio salario mínimo.

La cuestión práctica es delicada: si la administración paga por debajo de lo debido, todo el régimen del art. 11 se contamina desde el origen, porque el ahorro, los alimentos y las eventuales deducciones se calculan sobre una base artificialmente reducida.

Además, el Convenio 29 de la OIT excluye cierto trabajo penitenciario del concepto de trabajo forzoso, pero lo hace bajo condiciones: supervisión pública y sin desnaturalizarse en explotación para terceros. El Convenio 105 refuerza que el trabajo forzoso no puede usarse como mecanismo de coerción o disciplina estatal, y las Reglas Mandela agregan otro piso: el trabajo penitenciario debe ser remunerado de manera equitativa. Esa frontera importa para no convertir el trabajo carcelario en una fuente de extracción económica incompatible con la dignidad humana.

En la litigación actual, esta discusión se proyecta también sobre la base salarial, el alcance del SMVM, el pago de adicionales y la pretensión de trasladar al trabajo intramuros, al menos en su núcleo mínimo, garantías que el Estado no puede negar por el solo hecho del encierro.