¿Puede la querella lograr que se revoque un sobreseimiento si faltan pruebas importantes?

Qué se investigaba y cómo llegó el caso a Cámara

Del texto de la sentencia surge que la causa se inició por una denuncia (06/12/2017) en la que se describió una situación de acoso laboral en un ámbito jerárquico. Se relató, entre otras circunstancias, el envío persistente de mensajes desde fines de septiembre de 2017 y un episodio en el que la denunciante fue citada a una oficina, donde el imputado intentó besarla y la sujetó del brazo, según la declaración incorporada al expediente.

Con posterioridad, en primera instancia se dictó un sobreseimiento (06/11/2018, fs. 165/169) en los términos del art. 336 inc. 2 CPPN. Contra esa decisión se dedujo recurso de apelación y el expediente llegó a conocimiento de la Cámara.

Qué planteó la querella en la apelación

La sentencia reseña que la parte querellante cuestionó el cierre del proceso con un eje central: no se había alcanzado un estado de certeza que habilitara el sobreseimiento. Señaló que existían medidas de prueba pendientes o insuficientemente producidas (por ejemplo, relacionadas con el contenido y análisis de comunicaciones) y, además, invocó que la investigación debía valorarse con enfoque de derechos de la víctima (Ley 27.372; estándares de acceso a justicia) y con referencias a normativa específica de violencia contra la mujer (Ley 26.485 y decreto reglamentario, incluyendo el concepto de revictimización).

La Cámara también da cuenta de un planteo de la querella vinculado a la intervención efectiva en actos probatorios (por ejemplo, la falta de notificación para participar y controlar declaraciones testimoniales).

Qué resolvió la Cámara: regla del caso sobre “sobreseimiento prematuro”

El Tribunal recuerda que el sobreseimiento es una resolución de cierre que exige un estado de certeza. En ese marco, enfatiza que no corresponde clausurar el proceso cuando la instrucción no permitió despejar los extremos relevantes con la prueba necesaria. Con apoyo doctrinario y jurisprudencial citado en la propia sentencia, concluye que, en el caso, el cierre era prematuro.

Por eso, la Cámara revocó el sobreseimiento y ordenó que el juzgado de origen continúe con la investigación y produzca las pruebas indicadas por el Tribunal, además de aquellas que estime pertinentes y útiles.

Derechos de la víctima y acceso a justicia (cómo lo trabaja el fallo)

El pronunciamiento desarrolla expresamente un marco de derechos de la víctima y de acceso a justicia. Refiere que la Ley 27.372 reconoce a la víctima, entre otros aspectos, el derecho a ser tratada con dignidad, a recibir protección y a obtener una “rápida resolución del conflicto”. También menciona estándares regionales (Convención Americana, arts. 8 y 25) y criterios sobre la amplitud del concepto de “víctima”.

Asimismo, encuadra el análisis con referencias a Reglas de Brasilia (personas en condición de vulnerabilidad) y a obligaciones estatales vinculadas a la tutela judicial efectiva, especialmente cuando el caso se conecta con contextos de violencia contra la mujer.

En esa línea, la sentencia cita la Ley 26.485 (definición de violencia; derechos y garantías de acceso a justicia y obtención de prueba) y el decreto reglamentario que alude al fenómeno de la revictimización.

Qué pruebas ordena producir (medidas concretas destacadas por el fallo)

En el tramo decisorio, la Cámara ordena continuar la investigación y producir medidas que considera relevantes. En el texto se destacan, entre otras, las siguientes:

• Pericia del teléfono celular de la denunciante, para extraer y analizar todas las comunicaciones (y no sólo un recorte), incluyendo sus contenidos.
• Citación y ampliación de testimoniales para precisar si la denunciante comunicó a terceros el hecho en los días inmediatos (y a quiénes), con debida participación de la querella.
• Testimoniales adicionales (incluyendo superiores y personal vinculado al lugar de trabajo) para reconstruir el contexto, los reportes y las reacciones internas.
• Requerimiento del legajo / actuaciones internas (por ejemplo, en la Dirección General de Asuntos Internos) relacionadas con el hecho denunciado.

El fallo subraya que estas medidas se ordenan para evitar una clausura anticipada del proceso y para alcanzar el estándar de esclarecimiento exigible antes de disponer un sobreseimiento.

Punto procesal relevante: rechazo de la queja por apelación denegada

Además del recurso contra el sobreseimiento, la Cámara resuelve un recurso de queja por apelación denegada relacionado con una denegatoria de prueba. En el fallo se explica que, de acuerdo con el art. 199 CPPN, la denegatoria de una diligencia probatoria es, como regla, irrecurrible, salvo supuestos excepcionales (gravamen irreparable).

En el caso, la Cámara no hizo lugar a esa queja “en razón de lo considerado”. (Esto convive, en la sentencia, con la decisión principal de revocar el sobreseimiento y ordenar la profundización de la investigación).