Prisión preventiva y riesgos procesales en Argentina

Resumen ejecutivo

I. Introducción

La libertad durante el proceso no es una concesión graciosa del tribunal. Es la regla. La prisión preventiva, en cambio, es la excepción más severa dentro del catálogo de medidas de coerción personal: priva de libertad a una persona que todavía no ha sido condenada por sentencia firme y que conserva, por ello, el trato jurídico de inocente.

Esa tensión explica la dificultad del instituto. El proceso penal necesita asegurar que el imputado comparezca, que la prueba no sea alterada y que el debate pueda realizarse. Pero esa necesidad no habilita cualquier encierro. Entre la sospecha suficiente para investigar y el riesgo suficiente para encarcelar hay una distancia que no puede borrarse por la gravedad del hecho, por la presión pública o por el temor abstracto a una futura condena.

Este trabajo parte de una tesis: una prisión preventiva constitucionalmente válida exige una inferencia concreta, actual y controlable sobre peligro de fuga o entorpecimiento, fundada en hechos objetivos del caso. Además, requiere que la resolución judicial explique por qué las medidas menos gravosas no bastan para neutralizar ese riesgo. La gravedad del hecho puede ponderarse, pero no sustituye la demostración concreta del riesgo.

La tesis tiene una consecuencia práctica. El debate serio no se agota en afirmar libertad o encierro. Debe ordenar hechos, prueba, etapa procesal, jurisdicción aplicable, conducta previa del imputado y alternativas cautelares disponibles. Ese método permite evitar dos simplificaciones simétricas: el automatismo punitivo, que convierte la prisión preventiva en castigo anticipado, y la declamación defensiva que invoca garantías sin hacerse cargo de los datos del expediente.

II. Naturaleza cautelar: la prisión preventiva no declara culpabilidad

La prisión preventiva es una medida instrumental. No tiene por finalidad retribuir el hecho investigado, satisfacer demandas de prevención general, responder a la alarma social ni expresar un juicio anticipado de culpabilidad. Su función legítima es asegurar el proceso.

Por eso se diferencia de la pena privativa de libertad. La pena presupone una sentencia condenatoria dictada luego del juicio y fundada en prueba suficiente de responsabilidad. La prisión preventiva, en cambio, opera antes de esa sentencia y solo se justifica si existen presupuestos cautelares. La persona imputada puede estar seriamente sospechada; incluso puede existir un cuadro de probabilidad de autoría. Nada de eso, por sí solo, alcanza para convertir la sospecha en encierro.

La expresión “pena anticipada” debe entenderse con precisión. No describe técnicamente la prisión preventiva, sino su desnaturalización. Se habla de pena anticipada cuando el encierro se funda, en los hechos, en la gravedad del delito, en el reproche social, en la peligrosidad atribuida al imputado o en una expectativa de condena no conectada con riesgos procesales actuales.

El punto no es meramente terminológico. Si la prisión preventiva conserva naturaleza cautelar, debe cesar cuando desaparecen sus presupuestos o cuando pueden ser neutralizados por otra medida menos lesiva. Si, en cambio, se la trata como respuesta punitiva provisional, queda vaciada la presunción de inocencia.

III. Marco constitucional y convencional

El debate sobre prisión preventiva no empieza en los códigos procesales. Empieza en la Constitución Nacional y en los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.

Del artículo 18 de la Constitución Nacional se derivan la defensa en juicio, el juicio previo, el trato de inocencia y la idea de que las cárceles no deben operar como instrumento de castigo anticipado. El artículo 75 inciso 22 incorpora al bloque de constitucionalidad los tratados de derechos humanos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos protege la libertad personal, el control judicial de la detención, el derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable o a ser puesto en libertad, y la presunción de inocencia. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dispone, de manera particularmente clara, que la prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general.

De ese bloque se desprenden cinco exigencias mínimas.

La primera es la legalidad: la restricción de libertad debe estar prevista por la ley y dictarse conforme al procedimiento aplicable. La segunda es la necesidad: debe existir un riesgo procesal real, no una conjetura. La tercera es la proporcionalidad: la intensidad de la medida debe guardar relación con el riesgo que pretende neutralizar. La cuarta es la subsidiariedad: antes de ordenar prisión preventiva deben evaluarse medidas menos gravosas. La quinta es la duración razonable: una medida que pudo ser válida al inicio puede dejar de serlo con el transcurso del tiempo.

En materia cautelar, motivar no es repetir fórmulas. La resolución debe decir qué riesgo existe, de qué hechos surge, por qué es actual, por qué no alcanza una alternativa menos lesiva y por cuánto tiempo se justifica la restricción.

IV. Normativa por jurisdicción: el riesgo de mezclar códigos

Uno de los errores más frecuentes en esta materia es razonar como si existiera un solo régimen procesal. No lo hay. La justicia nacional, la justicia federal, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen reglas distintas, aunque compartan el mismo piso constitucional y convencional.

1. Código Procesal Penal de la Nación

En el régimen nacional clásico, el artículo 280 establece que las medidas restrictivas de libertad solo pueden fundarse en peligro real de fuga o de obstaculización de la investigación, y que deben adoptarse dentro de los límites indispensables para asegurar el descubrimiento de la verdad y la aplicación de la ley. Luego de la Ley 27.785, ese artículo incorporó la reiterancia delictiva como pauta especialmente atendible en la evaluación de los peligros procesales.

El artículo 312 regula la prisión preventiva al dictarse el procesamiento. Su texto reformado remite, en lo sustancial, a la imposibilidad de una condena de ejecución condicional o, aun cuando esta fuera posible, a la improcedencia de la libertad provisoria según el artículo 319. Este último autoriza denegar la exención de prisión o la excarcelación cuando, respetando el principio de inocencia, una valoración objetiva y provisional de las características del hecho, la posibilidad de declaración de reincidencia, la reiterancia delictiva, las condiciones personales del imputado o las excarcelaciones anteriores permitan presumir fundadamente fuga o entorpecimiento.

Los artículos 316 y 317 regulan la exención de prisión y la excarcelación; los artículos 320 a 324 tratan las cauciones. La caución, en este esquema, no es un precio por la libertad. Es una garantía procesal orientada a asegurar comparecencia, cumplimiento de obligaciones y eventual sometimiento a la sentencia. No debe fijarse en términos imposibles o confiscatorios.

2. Código Procesal Penal Federal

El Código Procesal Penal Federal, texto ordenado 2019, organiza la coerción con una lógica progresiva. El artículo 17, reformado por la Ley 27.785, conserva la regla de que las restricciones a la libertad solo pueden fundarse en peligro real de fuga o de obstaculización de la investigación, e incorpora la reiterancia delictiva como dato especialmente atendible.

El artículo 210 prevé un catálogo de medidas de coerción que pueden imponerse individual o combinadamente: promesa de someterse al proceso, vigilancia de una persona o institución, presentaciones periódicas, prohibición de salir de determinado ámbito, retención de documentos de viaje, prohibición de contacto o acercamiento, abandono del domicilio en casos de violencia doméstica, caución, vigilancia electrónica, arresto domiciliario y, solo si las medidas anteriores no fueran suficientes, prisión preventiva.

El artículo 218 regula la prisión preventiva y manda ponderar la gravedad de las circunstancias y naturaleza del hecho, la reiterancia delictiva y las condiciones del imputado en relación con los criterios de peligro de fuga o entorpecimiento. Los artículos 221 y 222 describen esos riesgos, y el artículo 222 bis, incorporado por la Ley 27.785, detalla pautas vinculadas al peligro de reiterancia delictiva.

Hay una advertencia indispensable: el CPPF no rige de manera uniforme en todo el país. Su implementación es progresiva por distritos. Por eso, en una causa concreta, antes de invocar su articulado como norma directamente aplicable, debe verificarse el distrito, el fuero y el momento de implementación. Como parámetro doctrinario, su estructura es útil; como regla procesal directa, depende de la competencia y de la vigencia territorial.

3. Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires

El Código Procesal Penal bonaerense parte de la libertad durante el proceso como regla. El artículo 144 dispone que el imputado debe permanecer en libertad salvo supuestos legales y que la restricción solo procede cuando resulte indispensable para asegurar los fines del proceso.

El artículo 146 exige apariencia de responsabilidad, peligro cierto de frustración de los fines del proceso y proporcionalidad. El artículo 147 regula el cese de la medida cuando desaparecen sus condiciones. El artículo 148 es central: para evaluar fuga y entorpecimiento permite ponderar las características del hecho, las condiciones personales, la posible declaración de reincidencia por delitos dolosos y excarcelaciones anteriores, siempre que esos datos permitan presumir fundadamente que el imputado intentará eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación.

Para el peligro de fuga, el mismo artículo menciona el arraigo en el país, determinado por domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar el país o permanecer oculto. También considera la pena esperable, la importancia del daño resarcible, la actitud frente a la víctima y el comportamiento en este u otros procesos. Para el entorpecimiento, exige grave sospecha de que el imputado destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará prueba, influirá sobre coimputados, testigos o peritos, o inducirá a otros a hacerlo.

El sistema bonaerense contempla, además, alternativas y morigeración. Los artículos 159 y 160 prevén medidas menos gravosas en ciertos supuestos personales y describen modalidades de control; el artículo 163 permite conceder morigeración, de modo excepcional, cuando el riesgo pueda evitarse mediante una medida menos lesiva. Los artículos 168 bis, 169, 171 y 177 completan el régimen de audiencia, excarcelación, denegatoria y cauciones.

4. Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires reformó su régimen por la Ley 6729, publicada el 4 de julio de 2024. La reforma sustituyó el artículo 182 del Código Procesal Penal local y reguló el peligro de fuga, incluyendo el arraigo, la magnitud de la pena posible, la conducta del imputado en el proceso, ciertos hitos posteriores a la condena no firme y la reiteración delictiva.

La fórmula porteña no es idéntica a la nacional ni a la federal. La ley habla de reiteración delictiva y la define, en ese punto, como la existencia actual de más de un proceso penal con requerimiento de juicio por delitos dolosos con pena privativa de libertad, con excepciones vinculadas al ejercicio de la libertad de expresión, manifestación o petición ante las autoridades cuando no concurran delitos contra las personas o daños a la propiedad.

La precisión terminológica importa. La Ley 27.785 utiliza la categoría de reiterancia delictiva para el ámbito nacional y federal; la Ley 6729 utiliza reiteración delictiva en el régimen local de CABA. Tratar ambas fórmulas como equivalentes sin revisar sus presupuestos produce errores defensivos y judiciales.

V. Conceptos que conviene distinguir

La discusión cautelar se confunde cuando se mezclan institutos distintos. Una aprehensión no es lo mismo que una prisión preventiva; una eximición de prisión no es una excarcelación; una morigeración no equivale siempre a libertad plena.

La aprehensión es la privación inicial de libertad, normalmente inmediata, asociada a flagrancia o urgencia. La detención es una restricción más formalizada, en general ordenada por autoridad judicial o mantenida bajo control judicial inmediato según el código aplicable. La prisión preventiva es un escalón posterior: requiere un debate cautelar más exigente y se funda en riesgo procesal, no en culpabilidad declarada.

La exención o eximición de prisión se solicita antes de que se haga efectiva una privación de libertad o cuando existe un temor concreto de detención. La excarcelación se pide cuando la persona ya se encuentra detenida o sometida a prisión preventiva. El cese procede cuando desaparecen los presupuestos de la cautela o cuando el tiempo y la proporcionalidad la vuelven improcedente. La morigeración implica sustituir o atenuar la medida por otra modalidad menos gravosa, como arresto domiciliario, vigilancia electrónica, presentaciones periódicas o reglas combinadas.

La caución, por último, debe leerse como garantía. Puede ser juratoria, personal o real, según el régimen aplicable. Su legitimidad depende de su aptitud para asegurar el proceso, no de su capacidad para castigar económicamente al imputado.

VI. Peligro de fuga y prueba del arraigo

El peligro de fuga es la probabilidad fundada de que el imputado eluda la acción de la justicia. No basta afirmar que podría hacerlo. Toda persona, en abstracto, podría sustraerse. Lo que interesa jurídicamente es si existen datos concretos que permitan inferir que ese riesgo es real y actual.

Pueden ser datos relevantes el domicilio falso o inexacto, las rebeldías previas, el incumplimiento de reglas de conducta, la conducta evasiva durante el procedimiento, la movilidad territorial intensa no explicada, la existencia de recursos o logística que faciliten el ocultamiento, vínculos de apoyo fuera de la jurisdicción o una pena en expectativa significativa. Ninguno de esos elementos opera en el vacío: deben ser valorados en conjunto, con las condiciones personales y con la conducta procesal comprobada.

También hay datos que no deberían bastar por sí solos. La gravedad abstracta del delito, la alarma social, la pobreza, la extranjería, la falta de propiedad inmueble o el trabajo informal no son, aisladamente, razones suficientes para fundar fuga. Un domicilio precario pero verificable puede ser más relevante que una titularidad registral sin residencia efectiva. Un trabajo no registrado, si demuestra rutina, ingresos lícitos y permanencia territorial, puede integrar un arraigo real.

El arraigo no se reduce a decir “tiene domicilio”. Es un mapa de vida. Se prueba con residencia efectiva, familia, personas a cargo, trabajo formal o informal acreditable, estudios, tratamientos de salud, redes de cuidado, comparecencias anteriores y cumplimiento de reglas previas. La defensa que invoca arraigo sin documentos deja al tribunal el terreno libre para la sospecha. La defensa que lo prueba obliga a discutir el riesgo en serio.

La pena en expectativa merece un matiz. Una pena alta puede aumentar el incentivo de fuga. Por eso el juez puede ponderarla. Pero no puede reemplazar el examen individualizado. La pregunta correcta no es solo cuánto podría ser la pena, sino qué muestra el expediente sobre la conducta de esa persona frente al proceso y qué medidas permitirían asegurar su comparecencia.

VII. Entorpecimiento de la investigación

El entorpecimiento es el riesgo de que el imputado afecte la prueba: destruirla, ocultarla, modificarla, falsificarla, presionar testigos, influir sobre coimputados o peritos, inducir a terceros a declarar falsamente o interferir con evidencia todavía no asegurada.

Como ocurre con la fuga, el entorpecimiento no se presume de manera abstracta. La resolución debe individualizar qué prueba está en riesgo, por qué medio podría afectarse y en qué etapa del proceso se encuentra. No es lo mismo una investigación recién iniciada, con testigos aún no entrevistados y dispositivos pendientes de secuestro, que una causa en la que la prueba principal ya fue resguardada, los testimonios relevantes ya fueron recibidos y la pericia se encuentra producida.

El riesgo obstructivo suele tener una dinámica decreciente. Al comienzo de una investigación puede ser más intenso, porque la prueba es frágil y la cadena de custodia todavía se está consolidando. Con el avance de la causa, la fundamentación debe volverse más precisa. Mantener una prisión preventiva por entorpecimiento con fórmulas idénticas durante meses, sin explicar qué prueba sigue expuesta, es una señal de motivación aparente.

En causas con evidencia digital el problema adquiere un perfil propio. Puede haber riesgo real de borrado remoto, eliminación de cuentas, modificación de archivos, transferencia de criptoactivos, pérdida de registros o hostigamiento a víctimas por canales electrónicos. Pero el rótulo “cibercrimen” no basta. Debe demostrarse control efectivo sobre la evidencia, capacidad técnica, acceso actual y posibilidad concreta de alterar la prueba.

Frente a ese riesgo, la defensa puede proponer medidas focalizadas: secuestro y preservación forense de dispositivos, copias de resguardo, prohibición de contacto, restricción de acceso a determinadas cuentas, perímetros de exclusión, presentaciones periódicas o vigilancia electrónica. Si la alternativa neutraliza el riesgo, el encierro deja de ser necesario.

VIII. Reiterancia, reincidencia y reiteración: tres planos que no deben confundirse

La reincidencia pertenece al derecho penal de fondo. Exige condenas previas en los términos del Código Penal. La Ley 27.785 reformó el artículo 50 y estableció que se considera reincidente a quien haya sido condenado dos o más veces a pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme. También modificó el régimen de unificación de condenas del artículo 58.

La reiterancia delictiva, en cambio, opera en el plano procesal. Según la reforma nacional y federal, se vincula con la existencia de una imputación en una causa penal coexistente con otro u otros procesos en los que la misma persona hubiera sido imputada. En el CPPF, la persona se considera imputada para estos efectos desde la convocatoria a la formalización de la investigación preparatoria o acto equivalente; en el CPPN, desde el primer llamado a indagatoria o acto procesal equivalente.

CABA incorporó una categoría próxima, pero no idéntica: la reiteración delictiva como pauta de peligro de fuga, definida por la existencia actual de más de un proceso penal con requerimiento de juicio por delitos dolosos con pena privativa de libertad.

El punto constitucionalmente sensible es evidente. La reiterancia y la reiteración parten de procesos abiertos, no de condenas firmes. Si se las utiliza como llave automática de prisión preventiva, se corre el riesgo de castigar una peligrosidad presunta o una biografía procesal no juzgada. La lectura prudente es otra: pueden aumentar el escrutinio cautelar, pero no dispensan al juez de demostrar fuga o entorpecimiento ni de analizar proporcionalidad y medidas menos gravosas.

Para la defensa, el trabajo consiste en auditar el dato invocado. No alcanza con que la fiscalía enumere causas. Hay que verificar su estado real, si existe indagatoria o formalización, si hubo requerimiento de juicio, si la persona compareció, si cumplió reglas previas, si existen rebeldías, si hay incumplimientos o si, por el contrario, el historial procesal muestra sometimiento constante a las citaciones. La reiterancia sin examen del expediente es una etiqueta; no un fundamento.

IX. Alternativas menos gravosas

La discusión cautelar no debe plantearse como cárcel o libertad irrestricta. Entre esos extremos existe un catálogo de medidas que puede neutralizar riesgos con menor afectación de derechos.

La caución juratoria puede ser adecuada cuando el riesgo es bajo y el arraigo está suficientemente acreditado. La caución personal puede incorporar a un tercero responsable. La caución real puede tener sentido cuando el riesgo es moderado y existe capacidad económica, pero debe ser proporcional y posible. Las presentaciones periódicas controlan comparecencia. La retención de documentos de viaje o la prohibición de salida del país responden a riesgos vinculados con movilidad. La prohibición de contacto o acercamiento atiende riesgos de entorpecimiento sobre víctimas, testigos o coimputados. La vigilancia electrónica y el arresto domiciliario permiten un control más intenso sin ingreso a un establecimiento penitenciario.

La propuesta defensiva más sólida suele ser combinada. Si el riesgo alegado es de fuga, puede ofrecerse domicilio constatado, presentaciones periódicas, retención de pasaporte y caución. Si el riesgo es de entorpecimiento, prohibición de contacto, perímetro de exclusión y preservación de evidencia. Si hay riesgos mixtos, el paquete debe responder a cada uno. Pedir libertad sin hacerse cargo de la preocupación judicial suele ser menos eficaz que proponer una cautela proporcionada.

La subsidiariedad no significa indulgencia. Significa racionalidad. Si una medida menos lesiva logra el mismo fin procesal, la prisión preventiva no es necesaria.

X. Duración, revisión y plazo razonable

La prisión preventiva no puede prolongarse por inercia. La Ley 24.390 fija, como regla general, que no puede superar dos años sin sentencia, con posibilidad de prórroga fundada por un año más en supuestos de complejidad o pluralidad de delitos. Pero el plazo razonable no se agota en el calendario.

El análisis debe considerar la complejidad del caso, la conducta procesal de las partes, la actividad estatal, la prueba pendiente, la etapa del proceso y la proporcionalidad entre el tiempo de encierro y la pena eventualmente esperable. Una medida que al inicio pudo parecer razonable puede volverse desproporcionada si el Estado demora la investigación, si la prueba ya fue producida o si las alternativas se vuelven suficientes.

La revisión no es un trámite ornamental. El juez debe controlar si subsisten los presupuestos. La defensa, por su parte, debe pedir cese, sustitución o morigeración cuando cambian las circunstancias. No basta reiterar el pedido original; hay que mostrar qué se modificó: testigos ya declarados, pericia producida, domicilio constatado, tratamiento médico, nuevas obligaciones familiares, cumplimiento de reglas o agotamiento de plazos.

XI. Jurisprudencia constitucional e interamericana

La línea jurisprudencial relevante puede resumirse en cuatro ideas: la prisión preventiva es cautelar, no punitiva; no debe operar como regla general; la gravedad del delito no basta por sí sola; y la duración exige revisión y proporcionalidad.

En Nápoli, la Corte Suprema sostuvo la naturaleza cautelar de la prisión preventiva y rechazó los regímenes que, por el tipo de delito, terminan convirtiendo la restricción de libertad en una anticipación de pena. Es un precedente central contra los automatismos legales o judiciales.

En Díaz Bessone, el plenario de la Cámara Nacional de Casación Penal fijó una regla práctica de enorme relevancia: no basta, para denegar excarcelación o eximición de prisión, la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional o la expectativa de pena privativa de libertad. Deben evaluarse los riesgos procesales concretos.

En Loyo Fraire, la Corte Suprema, remitiendo al dictamen de la Procuración General, insistió en que el encarcelamiento mantiene naturaleza cautelar incluso ante una condena no firme y que la decisión debe contener motivación suficiente sobre necesidad y menor lesividad. El precedente es particularmente útil para combatir resoluciones que descansan en la gravedad del caso sin analizar circunstancias personales y conducta procesal.

En el sistema interamericano, Suárez Rosero estableció con claridad que la prisión preventiva no puede funcionar como pena ni convertirse en regla general. Bayarri vs. Argentina mostró el problema de la prisión preventiva prolongada, la motivación deficiente y la responsabilidad internacional del Estado. Argüelles y otros vs. Argentina profundizó la obligación de revisión y control del plazo razonable. Jenkins vs. Argentina condenó al Estado por falta de motivación, duración de la prisión preventiva e ineficacia de recursos, y recordó que no basta con la existencia de indicios de participación en el delito: debe analizarse la finalidad legítima, la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida.

Estos precedentes no sustituyen el código aplicable ni resuelven automáticamente cada caso. Funcionan como estándares de control. Sirven para exigir motivación real, para impugnar decisiones estereotipadas y para recordar que la cautela debe estar siempre subordinada al proceso.

XII. Relevancia forense: cómo ordenar una defensa de libertad

La defensa eficaz de la libertad procesal exige método.

Primero, hay que identificar el código aplicable. No es lo mismo litigar bajo CPPN, CPPF, CPP PBA, CABA u otro régimen provincial. Segundo, debe precisarse el acto procesal: aprehensión, detención, procesamiento con prisión preventiva, audiencia de coerción, denegatoria de excarcelación, prórroga, revisión, cese o morigeración. Tercero, hay que separar los riesgos. La fuga y el entorpecimiento tienen hechos, prueba y respuestas distintas.

Luego debe probarse el arraigo. No alcanza con afirmar familia, domicilio o trabajo. Hay que acompañar documentación: constancia de residencia, contrato o certificación de domicilio, recibos, inscripción laboral o constancias de ingresos, partidas de nacimiento de hijos, constancias escolares, informes médicos, certificados de tratamiento, acreditación de cuidado de personas dependientes, informes socioambientales y antecedentes de comparecencia.

También debe contestarse la gravedad del hecho con precisión. No conviene negar que pueda ponderarse. Lo correcto es exigir que se conecte con un riesgo concreto y mostrar por qué, en el caso, ese incentivo se neutraliza con arraigo, conducta procesal y alternativas.

Por último, debe ofrecerse una alternativa seria. Un paquete cautelar proporcionado es más sólido que una petición genérica: domicilio constatado, presentaciones periódicas, prohibición de salida, retención de pasaporte, caución, prohibición de contacto, monitoreo electrónico o arresto domiciliario, según el riesgo que se discuta.

XIII. Errores frecuentes

El primer error es tratar la prisión preventiva como una pena. El segundo es afirmar que la gravedad nunca importa. Importa, pero como dato de ponderación, no como fundamento autónomo. El tercero es sostener que la gravedad basta sola. Esa fórmula borra la exigencia de riesgo concreto.

Otro error habitual es mezclar jurisdicciones. El artículo que sirve en el CPPF puede no estar vigente en el distrito o no ser aplicable a una causa nacional clásica. Las reglas bonaerenses sobre morigeración no se trasladan automáticamente al CPPN. La reiteración de CABA no tiene el mismo umbral que la reiterancia nacional o federal.

También es riesgoso invocar jurisprudencia sin verificar fuente, fecha y ratio decidendi. Un precedente puede ser útil, pero no siempre por la razón que se pretende. En materia cautelar, el uso impreciso de fallos debilita más de lo que fortalece.

Finalmente, hay un error probatorio: alegar arraigo sin respaldo. El arraigo no se presume por simpatía ni se acredita con frases. Se demuestra con documentación y con conducta procesal.

XIV. Conclusión

La prisión preventiva conserva legitimidad solo cuando sigue siendo cautela. Eso exige riesgo procesal concreto, motivación individualizada, proporcionalidad, subsidiariedad y revisión. La gravedad del hecho, la pena en expectativa y la reiterancia pueden integrar la valoración, pero no desplazan el núcleo del análisis: fuga o entorpecimiento, acreditados con hechos del caso.

La reforma de la reiterancia endureció el debate, pero no derogó la presunción de inocencia ni convirtió el encierro preventivo en una respuesta automática. El juez debe explicar por qué ese dato se conecta con un peligro actual y por qué no alcanza una medida menos lesiva.

Para la defensa, la discusión no se gana con fórmulas generales. Se gana en el expediente: reconstruyendo el arraigo, contestando cada riesgo, identificando errores de motivación, controlando plazos y proponiendo alternativas proporcionadas. Allí, en el caso concreto y no en el eslogan, se decide la libertad durante el proceso.

Fuentes, referencias y forma de cita

La selección de fuentes se usa como marco normativo y jurisprudencial del artículo. Antes de aplicar una regla a un caso concreto, corresponde verificar jurisdicción, vigencia territorial y estado procesal.

• Constitución Nacional, arts. 18 y 75 inc. 22.
• Convención Americana sobre Derechos Humanos, arts. 7 y 8.
• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, arts. 9 y 14.
• Código Procesal Penal de la Nación, Ley 23.984, arts. 280, 312, 316, 317, 319 y 320 a 324, según reformas vigentes.
• Código Procesal Penal Federal, texto ordenado 2019, arts. 17, 210, 218, 221, 222 y 222 bis, según Ley 27.785 y normas de implementación territorial.
• Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, Ley 11.922, arts. 141, 144, 146, 147, 148, 157, 159, 160, 163, 168 bis, 169, 171 y 177.
• Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 2303, art. 182 según reforma de la Ley 6729.
• Ley 24.390, plazos de prisión preventiva.
• Ley 27.785, reforma del Código Penal, del Código Procesal Penal Federal y del Código Procesal Penal de la Nación.
• CSJN, "Nápoli, Erika Elizabeth y otros s/ infracción art. 139 bis CP", Fallos 321:3630, 22/12/1998.
• CNCP, Plenario n° 13, "Díaz Bessone, Ramón Genaro s/ recurso de inaplicabilidad de ley", Acuerdo 1/2008, 30/10/2008.
• CSJN, "Loyo Fraire, Gabriel Eduardo s/ p.s.a. estafa reiterada", 06/03/2014.
• Corte IDH, "Suárez Rosero vs. Ecuador", sentencia de 12/11/1997.
• Corte IDH, "Bayarri vs. Argentina", sentencia de 30/10/2008.
• Corte IDH, "Argüelles y otros vs. Argentina", sentencia de 20/11/2014.
• Corte IDH, "Jenkins vs. Argentina", sentencia de 26/11/2019.

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